En lo que constituye una de las denuncias más severas contra la política de seguridad interior de Estados Unidos, Amnistía Internacional solicitó la disolución inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La petición fue respaldada por la presentación del informe titulado "Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de Derechos Humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE", donde el organismo documentó atropellos generalizados cometidos por fuerzas federales durante redadas en ciudades como Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y la capital, Washington.
De acuerdo con la investigación, el gobierno encabezado por Donald Trump ejecuta un programa de detenciones y expulsiones masivas fundamentado en discursos racistas y xenófobos. La organización sostuvo que las operaciones llevadas a cabo por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no constituyen hechos aislados, sino un patrón estructurado con el objetivo de infundir temor generalizado en las comunidades de solicitantes de asilo y refugiados.
El documento detalla una extensa nómina de abusos cometidos por agentes federales, que abarca desde homicidios ilícitos y detenciones arbitrarias e incomunicadas hasta probables casos de desaparición forzada y la represión violenta de manifestaciones pacíficas. Según Amnistía Internacional, este accionar se desplegó en un entorno institucional de total impunidad, promovido de manera abierta por altos funcionarios de la Casa Blanca y por el propio presidente estadounidense.
"Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de Derechos Humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes", declaró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, Nadia Daar. En ese marco, la directiva remarcó que los abusos alcanzaron un nivel inédito de gravedad y cuestionó el accionar militarizado en las calles: "Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro. El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Es necesario abolir el ICE y empezar de cero".
Las consecuencias de estas tácticas represivas fueron analizadas también por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, quien enfatizó la crueldad y el daño psicológico prolongado que sufren las poblaciones afectadas. "Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas", advirtió Piquer, señalando que estas políticas provocan secuelas de salud crónicas en niños, familias y comunidades enteras.
A pesar de la escalada represiva, el informe destaca la organización ciudadana y las redes territoriales de protección mutua como herramientas fundamentales de resistencia para documentar los abusos y visibilizar la situación. Al respecto, Daar concluyó que es devastador presenciar el sufrimiento causado por un gobierno que criminaliza a los migrantes, pero remarcó la importancia de exigir rendición de cuentas a los funcionarios responsables de este régimen de terror para avanzar hacia un sistema basado en la dignidad humana.
Con información de EuropaPress.