La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó este viernes el acuerdo financiero que le permitirá al país acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de una severa escasez de divisas, un persistente deterioro de las cuentas públicas y la dramática caída de las reservas internacionales que condiciona a la gestión del presidente Rodrigo Paz. La aprobación del Senado se produjo tan solo un día después de que el proyecto obtuviera el visto bueno de la Cámara de Diputados, completando así el trámite legislativo para su ratificación.
El préstamo se estructuró a través de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y representa la columna vertebral de la estrategia oficial para restablecer el crédito externo. La firma del convenio no solo habilita los recursos directos del organismo multilateral, sino que abre la puerta para canalizar más de 5.000 millones de dólares adicionales provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros aliados internacionales. A cambio, el Gobierno boliviano se comprometió a ejecutar un estricto plan de estabilización que contempla la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles, una mayor disciplina monetaria, la flexibilización del esquema cambiario y un paquete de reformas estructurales para incentivar la inversión privada.
Al defender el proyecto ante la Asamblea Legislativa, el ministro de Economía, Christian Morales, trazó un crudo diagnóstico de la herencia recibida y justificó la urgencia del endeudamiento. Según detalló el funcionario, el Ejecutivo asumió la administración con 3.167 millones de dólares en reservas internacionales netas, pero con apenas 52 millones de dólares en reservas líquidas disponibles. "Tener 52 millones de reservas internacionales netas en liquidez es absurdo en una economía. Por eso, este financiamiento nos va a permitir reconstruir nuestras variables macroeconómicas", argumentó el titular de la cartera económica.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, el programa prevé recortar el déficit fiscal desde un 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026 hasta un 6,4% en 2027 y alcanzar un 3,8% en 2028. En cuanto a las reservas internacionales, el Palacio de Quemado proyecta recomponer las arcas públicas hasta los 6.000 millones de dólares hacia fines de 2026, rozar los 8.000 millones en 2028 al término del programa y consolidar un nivel cercano a los 9.067 millones de dólares para el año 2031. El crédito de 1.900 millones de dólares no se desembolsará en una sola entrega, sino en tramos semestrales condicionados al cumplimiento de metas técnicas, con un plazo de repago de diez años, un período de gracia de cuatro años y medio y una tasa de interés estimada entre el 3% y el 3,5% anual.
Pese a la luz verde del Congreso, el programa de estabilización despertó severos cuestionamientos por parte de analistas independientes y sectores de la oposición respecto a la velocidad y magnitud de los recortes exigidos por el FMI. El economista e investigador Gonzalo Colque advirtió que reducir el déficit fiscal en 8,5 puntos porcentuales del PIB en apenas tres años constituye una meta desmedidamente exigente que concentrará su mayor impacto en 2027, cuando coincidan la quita total de subsidios al diésel y las naftas con el reajuste del mercado cambiario.
Según Colque, el encarecimiento de los combustibles se trasladará de inmediato a los fletes del transporte, los costos de producción y los precios de la canasta básica, golpeando con mayor severidad a los hogares de menores ingresos y a los sectores productivos que dependen del diésel. Asimismo, el especialista remarcó que el texto del acuerdo carece de salvaguardas o límites explícitos frente a probables efectos colaterales como el aumento del desempleo, el avance de la pobreza o el riesgo de una recesión prolongada. En una línea similar, la diputada opositora Claudia Herbas alertó sobre el inminente aumento de las tasas de interés y el encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos, reflejando el eje del debate político que dominará a Bolivia en los próximos meses: definir cómo se repartirá el costo del ajuste entre el Estado, el sector empresarial y los hogares.
Con información de Reuters