La tragedia provocada por el violento terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia la semana pasada sigue cobrando dimensiones devastadoras. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevó este viernes a 321 el número oficial de personas fallecidas, en el marco de las tareas de remoción de escombros y asistencia humanitaria que se despliegan en las zonas afectadas.
El último balance oficial presentado por el organismo de socorro da cuenta de la magnitud del impacto en la población: además de las víctimas fatales, se registraron 4.595 personas heridas y 257 continúan desaparecidas, mientras que los equipos de rescate lograron poner a salvo a 364 sobrevivientes atrapados entre los colapsos. El reporte técnico expone un panorama crítico para el parque habitacional e institucional del país. La UNGRD confirmó la destrucción total de más de 30.800 viviendas, a las que se suman casi 152.000 estructuras con severas averías y más de 300 edificios totalmente colapsados, lo que ha dejado a decenas de miles de familias en condición de desplazadas o en refugios temporales.
Frente a la gravedad del cuadro de situación, el presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto de emergencia económica, social y ecológica orientado a articular la respuesta estatal, canalizar subsidios directos a los damnificados y financiar las obras iniciales de reconstrucción en las provincias con mayores daños. "No se trata solo de reconstruir viviendas, sino de recuperar comercios e infraestructura pública esencial como escuelas, hospitales y obras indispensables para la vida de las comunidades", enfatizó el mandatario colombiano en declaraciones recogidas por Radio Caracol.
El eje de preocupación del Ejecutivo nacional reside en el financiamiento de las obras a mediano y largo plazo. De la Espriella reconoció abiertamente que el país atraviesa una "realidad fiscal extraordinariamente difícil", lo que limita el margen de maniobra de las finanzas públicas para reaccionar con la celeridad requerida. En esa línea, el jefe de Estado lamentó que, bajo condiciones financieras normales, gran parte de los efectos inmediatos derivados de un desastre de esta escala se habrían solventado mediante instrumentos presupuestarios ordinarios y ampliaciones de partidas en el Presupuesto General de la Nación. Ante la rigidez de las cuentas públicas, el Gobierno apela al régimen extraordinario para reorientar recursos de emergencia y buscar asistencia financiera internacional para sostener la etapa de recuperación.
Con información de EuropaPress.