Al menos 17 personas detenidas por motivos políticos fueron excarceladas este viernes en Venezuela, según informó la ONG Foro Penal, en una jornada marcada por los avances tras la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y la oposición liderada por la exdiputada Dinorah Figuera, bajo el auspicio de Estados Unidos para facilitar una transición política.
El vicepresidente y fundador de la organización defensora de derechos humanos, Gonzalo Himiob, confirmó a través de sus redes sociales el balance actualizado de la jornada. "Hasta ahora en Foro Penal hemos podido confirmar 17 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy. Es un proceso que sigue en curso", afirmó y resaltó que el equipo legal continúa verificando la información en tiempo real. Previamente, el director de la entidad, Alfredo Romero, había adelantado la liberación de Emirlendris Benítez junto a otras cinco mujeres.
El caso de Benítez representa una de las situaciones más emblemáticas documentadas por organismos internacionales. Arrestada en 2018 por su presunta vinculación con un intento de magnicidio contra el entonces presidente Nicolás Maduro, la joven sufrió severos abusos durante su cautiverio. Según denunció Amnistía Internacional en 2023, su detención se produjo tras compartir un viaje en vehículo con personas supuestamente involucradas en actos de violencia. Durante su reclusión, Benítez perdió un embarazo y sufrió torturas que le provocaron secuelas físicas permanentes, obligándola a movilizarse en silla de ruedas.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) expresaron su satisfacción por la medida, aunque advirtieron que la joven "sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud", por lo que exigieron una "reparación integral para todas las víctimas", al tiempo que recordaron que "aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad".
Las medidas de gracia se producen en un contexto de transformación institucional tras la detención de Nicolás Maduro a comienzos de año. A finales de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado el impulso de una ley de amnistía general y el cierre definitivo de El Helicoide, centro de reclusión operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado históricamente por la oposición como un centro de torturas, con el objetivo de reconvertirlo en un espacio dedicado a actividades culturales y deportivas. En este marco, sumado a los recientes acuerdos entre el oficialismo y la oposición para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), más de 8.000 personas se han visto beneficiadas por la norma de amnistía, en su mayoría bajo regímenes de libertad restringida.
Con información de EuropaPress y de la Agencia Deutsche Welle.