El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a posicionarse contra la política económica y fiscal del gobierno nacional de Javier Milei. El mandatario riojano ratificó la presentación judicial contra el Ejecutivo nacional por el presunto uso irregular de los fondos viales. Al mismo tiempo, defendió la intervención estatal en áreas clave y convocó a conformar un frente opositor de amplio alcance para oponerse al rumbo económico.
En diálogo con medios nacionales, el mandatario riojano se refirió a la acción penal impulsada contra el Gobierno nacional y argumentó que los recursos asignados por ley para el mantenimiento de rutas fueron desviados hacia la especulación financiera. Quintela afirmó que la Nación desvió fondos de asignación específica creados para la reparación y mantenimiento de caminos, calculados en torno a un billón de pesos para el conjunto de las provincias, para destinarlos a la timba financiera, la compra de bonos y plazos fijos.
En esa línea, confirmó que existe una presentación judicial en curso por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida judicial busca investigar la responsabilidad de los funcionarios nacionales por la paralización de las obras.
Unir fuerzas a nivel federal
Al referirse al reciente cónclave del peronismo con gobernadores y otros dirigentes, el mandatario insistió en trazar una estrategia compartida con miras a construir una opción competitiva para 2027. Remarcó que el PJ tiene que liderar una confluencia más diversa que rompa sus propios límites: desde articular con la izquierda, ámbito donde propuso invitar a Myriam Bregman, y hasta entablar puentes con sectores del centro representados por figuras como Miguel Ángel Pichetto.
En esa reunión fue el 12 de agosto y participaron los jefes provinciales del PJ, incluyendo a Axel Kicillof, además de Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans, Gerardo Zamora y Germán Martínez, entre otros.
En paralelo al frente judicial, el gobernador ratificó su postura respecto a la soberanía del Estado sobre sectores clave. Quintela remarcó que aquellas empresas que prestan servicios esenciales para la población, como agua, energía y alimentos, deben permanecer o retornar bajo la órbita pública.