El gobernador Ricardo Quintela anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear un régimen de protección integral destinado a los usuarios de créditos para consumo en La Rioja. La medida buscará limitar prácticas abusivas, evitar tasas desproporcionadas y resguardar los ingresos de las familias endeudadas.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el primer mandatario riojano explicó: "Estamos atravesando una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta y contundente del Estado provincial. Estamos viendo cómo muchas familias, muchos trabajadores ya no recurren al crédito para progresar, para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida".
El mandatario aseguró que el decreto no impedirá el acceso al financiamiento, sino que procurará evitar que la necesidad económica sea aprovechada para obtener rentabilidades abusivas. Los alcances concretos, las tasas comprendidas, la autoridad de aplicación y los mecanismos de control se conocerán cuando el texto sea firmado y publicado oficialmente.
El anuncio se incorpora a una serie de decisiones provinciales sobre el endeudamiento. Mediante el Decreto 1082, el Gobierno dio de baja el código de descuento correspondiente a la empresa Genesys por presuntas irregularidades. Hacienda aclaró entonces que la medida no alcanzaba a la totalidad de los códigos y que los convenios regularizados continuaban vigentes
También fue promulgada la ley que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias en La Rioja. La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos originales, pero concede un plazo durante el cual acreedores y deudores podrán negociar antes de que se concrete la pérdida de los bienes ofrecidos como garantía.
"Este DNU, como así también la ley donde se suspende la ejecución prendaria de los distintos bienes de la familia, van a tener una duración provisoria mientras dure la situación de extrema gravedad por la que atraviesan las familias riojanas", concluyó el gobernador riojano.
El plan para terminar con las deudas
El proyecto garantiza el derecho de las personas endeudadas a solicitar una reestructuración de su deuda, obligando al acreedor a presentar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, al menos una propuesta de refinanciación acorde a la normativa. Estos planes deberán ofrecer entre 12 y 36 cuotas, con una tasa de interés que no podrá exceder la Tasa de Intereses Moratorios informada por el Banco Central de la República Argentina.
Por otro lado, para impedir que los montos acumulados vuelvan la deuda impagable, la norma impone topes estrictos a los recargos adicionales: prohíbe la capitalización reiterada de intereses punitorios, establece un techo para sumarlos al capital y limita la suma de gastos administrativos y comisiones a un máximo del 2% del total refinanciado. Asimismo, exige que cada propuesta exponga de forma transparente el costo financiero total, la tasa efectiva anual, el esquema de amortización y el valor final a abonar.
Desde el gobierno provincial remarcaron que la iniciativa no pretende desconocer las obligaciones asumidas, sino generar condiciones que permitan cumplirlas. “Estamos propiciando que el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”, expresó la diputada provincial Lourdes Ortiz. En esta línea, sostuvo que el crecimiento del endeudamiento está directamente relacionado con el deterioro de los ingresos y con un escenario económico en el que las familias se endeudan para cubrir necesidades básicas. En consecuencia, el gobierno provincial propone acompañar la crisis con medidas concretas.