La Rioja rechazó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional en el Senado para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. La posición de la provincia sostiene que el abordaje de las problemáticas de salud mental deben apuntar a preservar un mirada comunitaria e interdisciplinaria. Además, cuestionan la ausencia de financiamiento del proyecto de reforma.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Salud provincial, tuvo como propósito principal elaborar un documento conjunto que condense y refleje la postura oficial de la provincia. Durante las discusiones se examinaron minuciosamente los ejes centrales del proyecto del Ejecutivo nacional. “Estamos en absoluto desacuerdo con esta reforma”, sostuvo en diálogo con medios locales el ministro de Salud riojano, Juan Carlos Vergara.
La reunión fue protagonizada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; profesionales, instituciones y organizaciones riojanas. Según lo que trascendió, las voces del debate coincidieron en que la iniciativa nacional representa un retroceso. También ratificaron la necesidad de sostener un modelo centrado en los derechos humanos.
El ministro aseguró que considera fundamental trabajar en conjunto con Nación para hacer un "abordaje integral de esta problemática tan importante y compleja como es la salud mental”.
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Cabe destacar que en el mes de agosto, Patricia Bullrich puso en marcha un intento para reactivar el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental en el Senado. El oficialismo inició una serie de zooms con los ministerios de Salud de las provincias, pese a que meses atrás expresaron su rechazo a la iniciativa.
El proyecto había tenido reuniones informativas en abril y mayo en las comisiones de Salud y Legislación General, sin lograr un entendimiento entre oficialismo y fuerzas de la oposición. La iniciativa propone modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, uno de los ejes de la reforma establece que en los casos de internación involuntaria se requerirá la firma de dos profesionales, de los cuales uno debe ser médico y en lo posible psiquiatra. En el proyecto original, el único que lo podía autorizar era el psiquiatra. Se mantendría la parte donde se aclara que las internaciones involuntarias sólo se autorizan "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros".