La diputada nacional Gabriela Pedrali cuestionó las modificaciones al régimen de discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional y cuestionó las consecuencia en las familias de La Rioja. Entre las medidas previstas se encuentran las nuevas condiciones que limitan el acceso al beneficio y modificaciones en las prestaciones, y el reemplazo de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.
Pedrali recordó que había acompañado la Ley de Emergencia en Discapacidad y que votó para rechazar el veto del Gobierno nacional. "Cuando el Gobierno nacional vetó la emergencia en discapacidad, me reuní con las familias y los prestadores de La Rioja y llevé ese reclamo al Congreso. Acompañé la ley y voté para rechazar el veto", detalló en sus redes.
La legisladora sostuvo que las modificaciones planteadas en el Presupuesto vuelven a poner en discusión las condiciones de acceso a derechos vinculados con la discapacidad. "Están en juego los tratamientos que sostienen la vida cotidiana de miles de familias, y voy a dar la pelea para que esos derechos se cumplan todos los días", consideró.
Cambios en las pensiones
El artículo 36 del proyecto establece el reemplazo de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El nuevo beneficio tendría un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
A su vez, el artículo 37 establece que la prestación será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, incluido el monotributo. De esta manera, según el contenido del proyecto presentado, se elimina la posibilidad de mantener la pensión junto con un empleo registrado de hasta dos salarios mínimos.
Otro de los puntos centrales aparece en el artículo 39, que modifica el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El esquema vigente, basado en valores universales, sería reemplazado por un sistema en el que cada financiador determine los aranceles.
Para las prestaciones que estén a cargo del Estado nacional, los valores serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad y, en caso de que no se actualicen en término, el proyecto establece como referencia el Índice de Precios al Consumidor. También se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria, un cambio que modifica la modalidad vigente para determinar los valores de las prestaciones.
Qué pasa con la Ley de Emergencia
El proyecto contempla además la derogación de artículos de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Entre las disposiciones alcanzadas aparecen aquellas vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas y el principio de igualdad de aranceles. También quedaría sin efecto el traspaso automático de beneficiarios al nuevo régimen.
Pedrali, finalmente, planteó que la respuesta a la situación de las personas con discapacidad debería sostenerse mediante políticas públicas y recursos específicos: "La respuesta a la emergencia en discapacidad tiene que ser una política pública sostenida, con recurso asignados y derechos garantizados. Las personas con discapacidad y sos familias no pueden quedar nunca más a merced de un capricho político".