El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, denunció que el Gobierno nacional no está destinando recursos para el mantenimiento y la reparación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y cuestionó la decisión de trasladar al sector privado la responsabilidad de financiar las obras de infraestructura vial.
La advertencia surge a partir del informe remitido por el jefe del Distrito 22 Formosa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Víctor Ramón Padilla, quien respondió un requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo sobre las gestiones efectuadas para obtener los fondos necesarios destinados a la conservación de la red vial nacional.
Según explicó Gialluca, desde el organismo nacional se informó que se realizan de manera permanente pedidos a la Administración General de Vialidad Nacional para la provisión de recursos, insumos y contrataciones indispensables para las tareas de mantenimiento. Sin embargo, la ejecución de esos trabajos depende exclusivamente de decisiones adoptadas por el Estado nacional.
Actualmente, las contrataciones vinculadas a la compra de materiales para bacheo, mezcla asfáltica, corte de pasto y desmalezamiento son gestionadas de forma centralizada por el Gobierno nacional en el marco del Decreto Nº 1030/2016, lo que implica que las obras necesarias en Formosa continúan sujetas a los tiempos administrativos y presupuestarios de Nación.
Para el ombudsman provincial, esta situación responde a una política deliberada de desinversión en infraestructura vial. "Existe una política pública de paralización total de obras estratégicas y la pretensión de que las mismas sean concretadas únicamente por empresas privadas", sostuvo.
En ese sentido, advirtió que la falta de inversión afecta directamente la seguridad vial tanto de los usuarios particulares como del transporte de cargas que circula diariamente por las rutas nacionales.
Gialluca también recordó que la legislación vigente establece que el 60% de los recursos coparticipables destinados al sector vial deben ser transferidos a las Direcciones Provinciales de Vialidad. Asimismo, señaló que la Ley 23.966 prevé la asignación específica de fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos para el financiamiento de la infraestructura del transporte terrestre en todo el país.
No obstante, denunció que la retención y el desvío de esos recursos por parte del Gobierno nacional profundizan el deterioro de la infraestructura vial argentina: "Este colapso inducido y el vaciamiento de fondos impiden el mantenimiento de las rutas nacionales, convirtiéndolas en caminos intransitables y poniendo en peligro la vida de quienes las transitan".
Además, señaló que la interrupción de los flujos financieros destinados a las provincias también afecta la conservación de las rutas complementarias, fundamentales para la conectividad territorial. En ese contexto, destacó que Vialidad Provincial continúa atendiendo numerosos reclamos y realizando intervenciones con recursos propios del Estado formoseño.
Finalmente, Gialluca consideró que la situación deberá ser abordada tanto por la Justicia Federal como por el Congreso de la Nación para determinar las responsabilidades vinculadas al financiamiento y la ejecución de las inversiones necesarias en la infraestructura vial del país.
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