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Crece la polémica por la modificación de los criterios del RIGI para ser un proveedor local

Varias entidades empresarias del sector de los proveedores mineros expresaron su preocupación por la modificación al RIGI. Una cámara empresaria de San Juan directamente reclamó que el gobierno dé marcha atrás con la medida.

18 de noviembre, 2026 | 16.47

La modificación que introdujo el gobierno este lunes al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) sobre los criterios para considerar a una empresa como proveedor local despertó una ola de cuestionamientos y dudas de distintos sectores que forman parte del ecosistema minero. 



El Decreto 1366 publicado este lunes en el Boletín Oficial flexibilizó la definición de proveedores locales del régimen de incentivos y, según entienden en el sector, dio lugar a una mayor participación de empresas extranjeras con riesgo de que queden desplazadas las empresas y pymes domésticas. El RIGI exige a los proyectos adheridos que el 20% de los bienes y servicios que van a demandar las inversiones sean aportados por proveedores locales. Este porcentaje sigue vigente. 

Las críticas

La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) y la Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA) expresaron públicamente su preocupación por la modificación al RIGI y advirtieron que las firmas locales podrían quedar relegadas. Incluso la entidad de Calingasta sostuvo directamente que el gobierno tiene que dar marcha atrás con el decreto. 

Otra institución del sector que expresó el malestar fue la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que afirmó que la modificación pone en desventaja a las pymes locales. CAPRIMSA señaló que “los proveedores sanjuaninos no pueden quedar al margen de las oportunidades que genera nuestra minería. La defensa de los proveedores sanjuaninos no es una cuestión sectorial ni un reclamo de privilegios. Es una cuestión estratégica para el presente y el futuro económico y social de nuestra provincia”. 

"Se necesita una conducción política con visión estratégica, decisión y capacidad de gestión, que impulse políticas públicas orientadas a transformar las oportunidades de la actividad minera en empleo, crecimiento empresarial, desarrollo de proveedores, valor agregado y mejores oportunidades para los sanjuaninos", agregó la entidad.

CASEMICA se sumó al reclamo. “Rechazamos de manera categórica el Decreto 1366 que redefine al proveedor local dentro del RIGI. Con el nuevo criterio, alcanza con estar constituido y domiciliado en el país para ser considerado local, sin importar quiénes son los dueños ni dónde quedan las ganancias. Es una situación incoherente y vergonzosa”. Y agregó: “reclamamos al gobierno nacional que deje sin efecto el decreto”, detallaron desde la cámara.

El Destape consultó a varias fuentes del sector minero, incluido empresarios pymes, que coincidieron en que la modificación al régimen de incentivos a 30 años impulsado por el gobierno nacional genera preocupación y una mala imagen para el RIGI. Si bien se expresaron a favor del régimen, sostuvieron que se tiene que garantizar la participación de la cadena de proveedores locales. Una fuente sostuvo que “lo único que exigía el RIGI era un 20% de proveedores locales, que tiene gusto a poco, y ahora esos proveedores pueden ser empresas multinacionales”. “Ese porcentaje va a estar asegurado en los proyectos adheridos, pero el cambio es una mala señal”, añadió.

Otra fuente remarcó que el impacto va a depender de la política que implemente cada provincia: “el efecto negativo puede estar si los gobiernos provinciales relajan los controles. En los proveedores provinciales no les cambiaría mucho, pero los proveedores argentinos nacionales sí podrían verse afectados”.

La letra chica

En concreto, el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, modificó el requisito para ser considerado proveedor local.  Antes, el artículo 3°, inciso f del Decreto 749/2024, que reglamentó el régimen, establecía que un proveedor del RIGI era toda persona jurídica constituida y domiciliada en el país y, además, el 51% del capital debían pertenecer a personas jurídicas o humanas con domicilio fiscal en el país.

La modificación que instrumentó el gobierno nacional esta semana elimina la exigencia de la participación accionista mayoritaria local para ser la empresa proveedora. Ahora para constituirse como proveedor local alcanza con ser una persona jurídica constituida y domiciliada en el país. Dejó de ser un requisito el origen de los accionistas. 

El decreto de Milei aclara que el requisito que debe considerarse para ser un proveedor del RIGI es el que forma parte del anexo I del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 18 del Mercosur, que fija criterios que determinan cuándo una mercancía se considera originaria de los países miembro del bloque regional para acceder a las preferencias arancelarias.

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