Venía con perfil bajo pero la campaña en Santa Fe, finalmente, se empezó a picar. El Frente Juntos, que reúne a todo el PJ, y la Alianza Cambiemos convocaron este martes a una conferencia de prensa en la que manifestaron su disconformidad y preocupación por la transparencia de los comicios del próximo 28 de abril y cargaron contra el Poder Ejecutivo provincial, bajo la conducción del Frente Progresista.

Los reclamos, que ya habían sido presentados de manera formal por los apoderados de los partidos ante el gobierno de la provincia y no recibieron respuesta, tienen que ver con los criterios de distribución de la pauta publicitaria gratuita para las fuerzas políticas en medios santafesinos y el software que se utilizará para la carga de datos del escrutinio provisorio. A eso le agregan la falta de definición sobre si los policías que brindan el servicio de custodia en los lugares en los que se vota, unos 3 mil, podrán sufragar. La visibilización fue acompañada por nuevas notas a la presidenta de la Corte Suprema provincial y al ministro de Gobierno.

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Santa Fe tiene antecedentes de situaciones polémicas sucedidas en comicios anteriores, en los que hubo denuncias de fraude por parte del macrismo en medio de resultados reñidos que dejaron dos veces seguidas a unos pocos miles de votos (una a 62 mil y otra a tan solo 1700) al candidato Miguel Del Sel en el segundo lugar. En 2015, incluso fue despedido el Secretario de Tecnologías de Santa Fe, Javier Echaniz, que estaba a cargo del escrutinio provisorio tras un escándalo por la carga de las mesas. Ambos resultados, no judicializados por el PRO tras los recuentos definitivos, estuvieron envueltos en sospechas nunca comprobadas de que Mauricio Macri había negociado la derrota con el socialismo. En este marco es que hoy se reeditan estas dudas.

Pauta

Respecto de la pauta publicitaria gratuita, que ya está corriendo en los medios desde principios de semana, la queja es que la oposición no cuenta con un esquema de cómo se divide. Esto se debe a que en Santa Fe hay una ley, la 13.461, que dice que no se puede comprar espacios privados en las tandas de los medios de comunicación, sino que la publicidad está a cargo del Estado. Hay una cuota de segundos igualitaria para todos los partidos, y otra parte extra que se distribuye según los resultados obtenidos en la última elección.

"La Secretaría de Comunicación de la provincia utilizó un artilugio discursivo para darle menos pauta publicitaria de la que le corresponde a Cambiemos, que está formado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI. Argumenta que hay dirigentes de esos dos partidos en el Frente Progresista, por lo que divide el 50% para cada frente. Es irrisorio y va en contra la ley, que marca que la pauta va a los partidos y no a las personas", se quejó el presidente del PRO en Santa Fe, Federico Angelini.

"En términos formales, la UCR y la CC están en Cambiemos. Esto es como decir que porque en nuestra alianza hay algunos dirigentes del PJ, nos corresponde la mitad de la pauta del justicialismo. Eso es hacer trampa, y tiene que ver con la mala elección que tuvieron en 2017", insistió consultado por este medio. En tanto desde el PJ, el diputado provincial Roberto Mirabella dijo desconocer “cuáles fueron los criterios utilizados” para el reparto y cuestionó “la arbitrariedad que tuvo el Poder Ejecutivo provincial” para llevarlo a cabo. “No sabemos lo que le tocó a cada uno. No puedo comparar si lo mío es mucho o poco, porque no sé lo que le tocó al resto”, denunció.

Software

Otro de los puntos es sobre el software que va a utilizarse para el escrutinio provisorio y para la transferencia de datos desde los lugares de votación, sobre el cual los peritos informáticos de cada fuerza no ha recibido información que les permita fiscalizar el funcionamiento, y así tener garantías de que, por ejemplo, no será accesible a agentes externos durante el recuento para modificar los resultados.

“El software puede ser adulterado desde la prueba que se hizo la semana pasada hasta el día de las elecciones. Pedimos transparencia. No retrocedamos en el tiempo. No tengamos otro dolor de cabeza como en el 2015, cuando estuvo sospechado el proceso”, dijo Mirabella.

“Tanto el gobernador como cinco ministros son parte del proceso electoral y son candidatos, o sea que son juez y parte en varias cuestiones. Lo mejor que puede pasar, tanto para ellos como para los que participamos del sistema político santafesino, es que todos estemos tranquilos y tengamos algo transparente”, manifestó el diputado que responde al sector de Omar Perotti

En el mismo sentido se manifestó Angelini: "Ya hubo problemas con el software en esta provincia en 2015. Para que no suceda esto, pedimos que nos den la información para poder acceder y hacer una auditoría. Lamentablemente esto no ha sucedido y por eso no podemos saber si tiene vulnerabilidades”, subrayó.

“Estamos preocupados porque falta poco para las elecciones y lamentablemente el gobierno provincial se está manejando de forma autoritaria. Como el Frente Progresista se ve amenazado, están dispuestos a hacer cualquier cosa para que las cosas no sean como corresponden”, agregó el legislador macrista.

Policía

Por último, los partidos exigieron que la fuerza policial afectada como personal de seguridad, sea designada en las mismas escuelas donde deben sufragar. Andrés Dentesano, candidato a diputado provincial por la lista peronista de María Eugenia Bielsa, señaló que “el policía, al igual que cualquier ciudadano, tiene derecho a votar”, y recordó que la ley establece que los agentes deben cumplir funciones en el local de votación que les corresponde según el padrón, para poder hacerlo.

“Caso contrario, se estaría incumpliendo el decreto que sostiene que treinta días antes de la elección se deber enviar al Tribunal electoral el listado de aquellos efectivos que no lograran votar en sus respectivos lugares, para que puedan hacerlo en el establecimiento asignado, con un padrón complementario”, insistió.

Sobre este punto, Angelini indicó que “tiene una connotación política, ya que la fuerza policial está muy disgustada con el Frente Progresista”. Los agentes afectados al operativo, apuntó, “no han podido ejercer su legítimo derecho al voto en 2015 ni 2017”, por lo que piden “que se haga un esfuerzo por designar a los policías en las localidades donde les corresponde votar”, y si esto no se puede por cuestiones logísticas, “que se les permita hacerlo en los lugares donde se estén desempeñando, sólo en categorías provinciales”.

Respuesta

La respuesta no se hizo esperar, pero no fue positiva sino una chicana. El ministro de Gobierno Pablo Farías salió al cruce de las críticas y consideró que la oposición “trata de echar sombra sobre un sistema electoral que es transparente”.

El funcionario afirmó que las denuncias del peronismo y el macrismo "son maniobras para ensombrecer la actividad del gobierno", y así "tratar de impugnar el proceso si el resultado es muy ajustado”.

Según Farías, "el gobierno viene trabajando para mejorar el sistema electoral y es uno de los más ponderados del país". Además, afirmó que lo planteado por las fuerzas "no tiene asidero real", ya que "todos los partidos pueden participar con sus apoderados auditando los sistemas”.

No parece ser la respuesta favorable que el PJ y Cambiemos esperaban del gobierno provincial. En este marco, parece imposible que pueda desarrollarse una elección que parece cada vez más reñida sin que un panorama de dudas ensombrezca los resultados.

*Nicolás Maggi es corresponsal de El Destape en Santa Fe.