La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que propone el Gobierno esconde cambios que le quitan control político, restringe su rol como agente financiero del Estado, limita la capacidad de regular el sistema de pagos y de orientar el crédito para el desarrollo regional.
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El proyecto que tiene dictamen y será tratado por la Cámara de Diputados donde el oficialismo considera que tiene los votos suficientes para su aprobación genera un blindaje sobre la entidad para que no tenga que responder ni rendir cuentas al Gobierno sobre la política monetaria y cambiaria.
Un análisis realizado por el economista Juan Pablo Costa, investigador del CEPA, distinguió tres grupos de disposiciones que van más allá del discurso oficial que intentó presentar los cambios como un límite a la capacidad de financiar al Estado y una mayor protección para evitar la remoción de sus autoridades.
El primero de esos grupos efectivamente cierra canales de financiamiento del fisco. Se derogan los adelantos transitorios, se prohíbe sin excepciones prestarle al gobierno, se prohíbe comprar deuda en el mercado primario y se achica la masa de utilidades distribuibles.
El segundo amplía facultades del Banco que no tienen relación con la misión que el proyecto define como única, la de preservar el valor de la moneda, e incluye flexibilizar la posibilidad de comprometer reservas en garantía de créditos con bancos extranjeros que puede tomar sin ningún control político.
El tercer grupo de disposiciones elimina instancias de determinación técnica y de control: la obligación de fijar el nivel de reservas necesario, la aprobación de fusiones entre bancos, la rendición de cuentas como agente financiero y el informe previo sobre el impacto del endeudamiento externo en la balanza de pagos.
Con la nueva Carta Orgánica del BCRA, si finalmente es aprobada por el Congreso, el directorio perderá la atribución expresa de autorizar la apertura y cierre de sucursales, lo que puede dejar a pueblos donde la actividad no se rentable sin servicios financieros, ni de aprobar las fusiones entre bancos, lo que puede facilitar un proceso de concentración que genere riesgo sistémico al sistema financiero.
El directorio también dejará de estar obligado a fijar cuántas reservas necesita el país, lo que significa que todas las reservas internacionales pasan a ser de libre disponibilidad, que junto a la posibilidad de tomar créditos externos contra garantía de esas reservas las pone a tiro de ejecución en cualquier tribunal internacional.
El directorio del BCRA, de esa manera, puede tomar créditos de bancos internacionales, poner las reservas como garantía y vender los dólares en el mercado de cambios para sostener un atraso cambiario que ponga en riesgo las reservas del país y nada de toda la operación quedará ni previa ni posterior bajo el control político.
El BCRA no tendrá que pasar por el Congreso para lograr la autorización para endeudarse y poner las reservas del país como garantía ni tendrá que consensuar con el Poder Ejecutivo el valor al que intervendrá en el mercado de cambios, lo que puede garantizar la fuga de capitales a precios del dólar subsidiado.
El blindaje es tal que se elimina la posibilidad de que Ministro de Economía o su representante puede participar con voz, sin voto, en las sesiones del directorio con lo que no tendrá injerencia en la definición de las políticas monetarias.
Además se elimina la posibilidad de que el BCRA adelante recursos para el pago de obligaciones del Tesoro y obligación de rendir cuentas como agente financiero del Estado.
Los legisladores provinciales que acompañen la aprobación de la iniciativa también serán responsables de eliminar la posibilidad del BCRA de establecer políticas diferenciadas orientadas a las pymes y a las economías regionales o de dejar a pueblos sin sucursales bancarias.