El llamado “riesgo kuka”, utilizado durante los últimos años por Javier Milei y su equipo económico para explicar las tensiones financieras y cambiarias ante la posibilidad de un triunfo opositor, perdió uno de sus principales argumentos. La calificadora Moody’s sostuvo que, cualquiera sea el resultado de las elecciones presidenciales de 2027, existe una alta probabilidad de que la política económica actual continúe, aunque eventualmente pueda atravesar modificaciones selectivas. En otras palabras, para los mercados que siguen la evaluación de la agencia, el escenario de una vuelta de la oposición ya no aparece como una amenaza suficiente para suponer un cambio brusco del rumbo económico.
El planteo tiene una particularidad política. Durante la gestión de Javier Milei, la posibilidad de que el peronismo volviera al poder fue presentada en reiteradas oportunidades como un factor de riesgo para los mercados, el dólar y el riesgo país. Ahora, una de las principales agencias calificadoras internacionales sostiene que el rumbo iniciado por La Libertad Avanza tiene posibilidades de prolongarse aun si el Presidente no consigue un segundo mandato. La conclusión no es que las elecciones hayan dejado de importar, sino que el programa económico habría alcanzado un nivel de consolidación que, según Moody’s, reduce significativamente la posibilidad de una reversión.
El informe de la calificadora señala que “es probable que las políticas actuales continúen independientemente del resultado de las elecciones de 2027”. Y agrega: “Ya sea bajo un segundo mandato del presidente Javier Milei o bajo un gobierno sucesor, esperamos que se mantengan la mayoría de las reformas económicas, lo que permitirá la continuidad del ajuste fiscal y el proceso de estabilización macroeconómica”.
Moody’s celebra el ajuste
El núcleo del informe de Moody’s está en la evaluación favorable de la política fiscal implementada por Milei. Para la agencia, la Argentina pasó de una etapa de ajuste inicial a un proceso que podría convertirse en una modificación permanente de su perfil crediticio. El documento sostiene que las reformas “han pasado de ser un ajuste inicial de carácter cíclico a una mejora más duradera del perfil crediticio soberano”.
La calificadora identifica tres elementos principales para explicar esa evaluación: la disciplina fiscal y la desregulación, una mejora de las condiciones externas y la consolidación de las políticas económicas. La lectura es particularmente relevante porque coloca al ajuste fiscal como una política que debería continuar más allá de quien ocupe la Casa Rosada.
El informe también destaca la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro, la normalización de la política monetaria y el régimen cambiario. Según Moody’s, esa combinación redujo la volatilidad y permitió mejorar la percepción de los inversores. En julio, Moody’s ya había elevado la calificación argentina de Caa1 a B3 y había cambiado la perspectiva de estable a positiva. La decisión fue recibida por los mercados con una fuerte baja del riesgo país, que llegó a ubicarse cerca de los 400 puntos básicos.
La mejora en la calificación tiene una consecuencia concreta: amplía el universo de fondos institucionales que pueden considerar activos argentinos dentro de sus carteras. Pero no equivale a afirmar que la Argentina haya eliminado sus problemas de financiamiento. De hecho, la propia calificadora mantiene advertencias sobre el nivel de reservas y sobre el riesgo político.
La diferencia está en qué entiende por riesgo. Para Moody’s, el peligro central ya no sería que una eventual oposición llegue al Gobierno y revierta inmediatamente las reformas. El riesgo pasa a estar más vinculado con la capacidad de sostener el equilibrio fiscal, acumular reservas y generar los dólares necesarios para afrontar los vencimientos.
El otro aspecto central del informe es la transformación de la estructura productiva argentina. Moody’s destaca el crecimiento de los sectores vinculados con hidrocarburos, minería, agro y servicios exportables, y considera que esa orientación puede fortalecer la capacidad de generación de divisas. La calificadora proyecta un crecimiento del PBI de 3,4 por ciento para 2026 y de 3,5 por ciento para 2027, por encima de las expectativas relevadas por el Banco Central, que ubicaban el crecimiento de este año en torno al 2,7 por ciento.
El propio informe reconoce que los sectores con mayor capacidad exportadora pueden expandirse mientras las actividades intensivas en mano de obra enfrentan los costos del proceso de reestructuración. La apuesta por energía, minería y actividades vinculadas con las exportaciones no necesariamente implica una recuperación homogénea del aparato productivo.
El crecimiento de sectores capaces de generar dólares puede mejorar la cuenta externa y facilitar el pago de la deuda, pero no garantiza por sí mismo una recuperación equivalente del empleo, los salarios o el consumo interno. El RIGI aparece en este esquema como una de las herramientas centrales. Moody’s le asigna un papel relevante para atraer inversiones hacia actividades capaces de ampliar la oferta exportadora. Según el informe, los proyectos presentados bajo el régimen ya alcanzarían unos 142.000 millones de dólares.
Del “riesgo kuka” al “riesgo Adorni”
El dato permite volver sobre una de las principales herramientas discursivas utilizadas por el Gobierno para explicar las dificultades de su programa. El “riesgo kuka” no fue solamente una expresión de campaña. Se convirtió en una explicación recurrente para las turbulencias cambiarias, la suba de las tasas de interés y las dificultades para reducir el riesgo país. En octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas, Milei llegó a cuestionar a quienes negaban su existencia y afirmó: “El Riesgo Kuka sí existe”.
Incluso después de las elecciones, cuando el oficialismo consiguió ampliar su representación parlamentaria, el concepto siguió formando parte de la argumentación oficial. En agosto de 2025, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente había atribuido la presión sobre las tasas de interés al escenario electoral y habló de “los orcos” y “los kukas”, para concluir que esa situación constituía el denominado “riesgo kuka”.
La cuestión volvió a aparecer en abril de este año. Al explicar la tensión cambiaria previa a las elecciones de 2025, Milei sostuvo que había existido “un riesgo kuka” y lo vinculó con un supuesto ataque contra la moneda.
Pero, a medida que el Gobierno avanzó sobre el Congreso y consiguió mayor respaldo legislativo, el argumento de que una eventual derrota oficialista podía poner en peligro la estabilidad quedó sometido a una contradicción: si el programa era irreversible, la amenaza electoral no podía tener el peso que se le asignaba.
En el medio apareció otra denominación que también permite observar cómo se desplazó el foco de las dificultades del Gobierno. En mayo de 2026, cuando el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó involucrado en cuestionamientos judiciales y políticos, El Destape habló del “riesgo Adorni” para describir la preocupación que generaba en sectores empresarios e inversores la situación institucional del funcionario.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, terminó reconociendo que el problema político podía tener efectos sobre el riesgo país. En una conferencia de prensa del 8 de mayo, ante una pregunta sobre si la situación de Adorni podía afectar las inversiones, las condiciones financieras y la baja del riesgo país, Caputo sostuvo que “el Riesgo País no baja por riesgo kuka” y agregó que el mercado percibía que, aunque la probabilidad fuera baja, el escenario de un retorno opositor era “literalmente, el infierno”.
La frase resulta significativa porque muestra que el Gobierno pasó de utilizar el “riesgo kuka” como una explicación casi totalizante de las tensiones electorales a reconocer que el comportamiento de los mercados podía estar asociado a otros factores políticos. En paralelo, las internas dentro de La Libertad Avanza comenzaron a generar nuevas hipótesis sobre qué elementos podían afectar la confianza financiera.