Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2026, unas 27.000 personas mayores de 65 años se incorporaron al mercado laboral, mientras que la cantidad de adultos mayores endeudados con proveedores no financieros de crédito llegó a 1.346.000 en febrero de 2026. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) advierte que los haberes previsionales todavía no recuperaron el poder adquisitivo que tenían antes de diciembre de 2023.
Las consecuencias de la política de ingresos aplicada por el gobierno de Milei impactaron con mayor crudeza en las prestaciones previsionales. El informe de la UNDAV sostiene que la pérdida de capacidad de compra de las jubilaciones obligó a una parte de los adultos mayores a complementar sus ingresos con trabajo y, en otros casos, mediante créditos destinados a cubrir gastos cotidianos. El fenómeno se produce además en un mercado laboral donde la informalidad entre los mayores de 65 años presenta niveles superiores a los registrados entre los trabajadores de edades centrales.
El documento, elaborado por Augusto Trevisan, Angelo Vergara y Agustín Romero, analiza la situación del sistema previsional argentino y pone el foco en la evolución de los haberes, la cobertura, las fuentes de financiamiento y las condiciones económicas de la población adulta mayor. Los autores plantean que la sostenibilidad del sistema no debería evaluarse exclusivamente desde el resultado fiscal, sino también por su capacidad para garantizar "una cobertura amplia y prestaciones suficientes que permitan preservar condiciones de vida adecuadas durante la vejez".
La modificación del régimen previsional durante los últimos años tiene como antecedente una expansión significativa de la cobertura. Entre 2001 y 2026, la cantidad de beneficiarios pasó de aproximadamente 3.037.087 a más de 6.240.358. El informe vincula buena parte de ese crecimiento con los distintos regímenes de moratoria, que permitieron incorporar a personas que no habían logrado reunir los años de aportes exigidos por el régimen contributivo tradicional.
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Ese proceso permitió ampliar el acceso a una prestación previsional en un mercado de trabajo atravesado por la informalidad y las trayectorias laborales discontinuas. El documento plantea que, frente a esas características, un esquema estrictamente contributivo resulta insuficiente para garantizar una cobertura amplia y que la intervención estatal funcionó como mecanismo de compensación ante las dificultades para completar los aportes requeridos.
El problema que aparece ahora es que una mayor cobertura no garantiza por sí misma una prestación suficiente. El informe identifica tres etapas en la evolución de los haberes: una recuperación sostenida entre 2009 y 2015, un período de deterioro gradual entre 2016 y 2023 y una caída abrupta del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, seguida por una recuperación que, según los autores, no permitió retornar a los niveles anteriores.
En ese último período se concentra el impacto de la política económica de Milei. La inflación registrada durante los primeros meses de su gestión provocó un deterioro del ingreso real de los jubilados, mientras la actualización posterior de los haberes no habría alcanzado para recuperar completamente la capacidad de compra perdida. El resultado no queda restringido a una discusión sobre porcentajes de movilidad: se traduce en la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos.
Más jubilados vuelven a trabajar
El informe identifica un aumento de la participación laboral de los adultos mayores como una de las principales consecuencias de ese deterioro. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, la cantidad de personas ocupadas de más de 65 años creció 4,5 por ciento, lo que representa unos 27.000 adultos mayores adicionales en el mercado laboral. Los autores sostienen que este incremento no debe interpretarse principalmente como una elección vinculada con la realización personal o el llamado "envejecimiento activo", sino como una respuesta al deterioro de los ingresos previsionales.
El retorno al mercado laboral se produce en buena medida fuera del empleo registrado y, por lo tanto, sin las mismas condiciones de protección que caracterizan a una relación laboral formal. El informe señala que la informalidad general de la economía se mantiene alrededor del 40 por ciento de los ocupados, pero que entre los mayores de 65 años los registros son considerablemente más elevados. La situación es particularmente marcada entre las mujeres. La tasa de informalidad laboral de las mayores de 65 años superó el 60 por ciento en distintos períodos y llegó a más del 62 por ciento y 63 por ciento durante el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, respectivamente. Hacia el cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 61,6 por ciento, frente al 39,2 por ciento registrado entre las mujeres de 30 a 64 años.
El informe vincula esa diferencia con las trayectorias laborales discontinuas, la desigual distribución de las tareas de cuidado no remuneradas y una mayor inserción en actividades de baja productividad y menor protección social. Es decir, las dificultades para obtener una jubilación suficiente no comienzan necesariamente cuando llega la edad de retiro, sino que también reflejan desigualdades acumuladas durante la vida laboral.
Entre los varones mayores de 65 años también se observa un deterioro. La informalidad pasó de 43,5 por ciento en el cuarto trimestre de 2023 a 55,6 por ciento en el mismo período de 2025. El incremento fue de 12,1 puntos porcentuales. Al cierre de 2025, más de la mitad de los hombres mayores de 65 años que permanecían activos trabajaba en condiciones informales, mientras que entre los varones de 30 a 64 años la informalidad era de 36,3 por ciento. La consecuencia es que una parte de los adultos mayores que vuelve a trabajar para compensar la pérdida de ingresos lo hace precisamente en un mercado donde tiene menos protección. Sin aportes, cobertura de riesgos del trabajo, vacaciones pagas ni licencias, el ingreso laboral se convierte en una fuente complementaria pero también más inestable.
El avance del endeudamiento fuera del sistema bancario
Este deterioro de los haberes tiene una segunda vía de impacto: el aumento del endeudamiento. El informe registra una fuerte expansión de la cantidad de mayores de 65 años que tienen deudas con Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), un universo que incluye entidades que otorgan financiamiento al consumo fuera del sistema bancario tradicional. En diciembre de 2024 había 1.143.000 adultos mayores registrados como deudores en esos circuitos.
La cifra subió a 1.260.000 en agosto de 2025 y alcanzó 1.346.000 en febrero de 2026. En poco más de un año, se incorporaron más de 203.000 personas mayores al circuito de endeudamiento, según los datos del informe. El crecimiento supera el 17 por ciento en términos de cantidad de deudores y muestra que el crédito no bancario adquirió un peso creciente entre quienes tienen dificultades para cubrir sus gastos con los ingresos habituales. La cuestión no pasa solamente por la cantidad de personas endeudadas, sino también por el destino de esos préstamos.
Según el informe, estos créditos se utilizan para financiar "bienes de primera necesidad", entre ellos alimentos, medicamentos y servicios públicos, además de cancelar deudas anteriores. Es decir, una parte de los adultos mayores no estaría utilizando el financiamiento principalmente para adelantar una compra de consumo durable, sino para cubrir gastos que forman parte de la vida cotidiana.