El director de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girard, cuestionó este lunes el Régimen de Inocencia Fiscal reglamentado por el Gobierno y advirtió que se trata de “un blanqueo permanente para los más ricos, disfrazado de alivio para la clase media”. En declaraciones radiales, Girard se sumó a las criticas que viene recogiendo la iniciativa, que está dirigida a personas con alto poder adquisitivo que evadieron impuestos y que su diseño no contempla beneficios reales para los sectores medios ni trabajadores.
La recientemente ley sancionada fue duramente cuestionada por especialistas en delitos económico-financieros, quienes advirtieron que el impacto real de la norma podría verse limitado si no se introducen cambios estructurales en el sistema de prevención del lavado de activos, que permanece intacto a pesar del nuevo enfoque fiscal impulsado por el Ejecutivo. “El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, aseguró Girard.
Uno de los puntos más controvertidos, según el funcionario, es que el Gobierno “instala una confusión deliberada” sobre la penalización de la evasión fiscal. En un memorando elaborado por el estudio jurídico Marteau Law, fundado por Juan Félix Marteau, abogado especialista en criminalidad financiera alerta sobre las tensiones que pueden generarse entre el nuevo paradigma fiscal y un sistema preventivo antilavado que sigue operando. “Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos”, agrego el titular del ente recaudador bonaerense.
Girard explicó que el nuevo esquema genera una sensación de seguridad jurídica que no se condice con la realidad. “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, remarcó el funcionario.
Según detalla el documento estudio jurídico Marteau Law, la Ley de Inocencia Fiscal no constituye una mera actualización normativa sino que propone “un cambio estructural del régimen tributario y penal tributario argentino”, orientado a abandonar la presunción generalizada de culpabilidad de los contribuyentes y a concentrar el poder punitivo en los casos de evasión significativa. En ese sentido, los autores destacan que la norma busca instaurar un enfoque diferente “en materia tributaria, basado en la buena fe de los contribuyentes, la proporcionalidad sancionatoria, la eficiencia administrativa y la focalización inteligente del control fiscal”.
El titular de ARBA también vinculó la implementación del régimen con la necesidad urgente de divisas en el marco de la fragilidad macroeconómica. “Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad”, señaló. Finalmente, consideró que la medida consolida “la injusticia fiscal” y no aporta soluciones estructurales.
“La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen. Este régimen no va en el sentido de corregir eso, sino que lo profundiza”, concluyó Girard.
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