El Gobierno nacional convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a una audiencia de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG), en un contexto marcado por el conflicto salarial en la administración pública y por el rechazo de los gremios al programa de reducción del gasto estatal impulsado por el presidente Javier Milei. La reunión fue fijada para este martes 25 de agosto a las 14, en la sede de la cartera laboral ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires.
La citación fue formalizada mediante la cédula de notificación publicada en el Boletín Oficial bajo el expediente EX-2026-81049283-APN-DGDYD#MCH. El documento, emitido por la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, señala que la convocatoria se realiza "en carácter urgente" y que tendrá lugar "en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG) homologado por el Decreto N° 214/06".
La convocatoria se produce después de una serie de medidas de fuerza impulsadas por ATE contra la política salarial del Gobierno y frente al proceso de reducción de la estructura del Estado. El sindicato viene reclamando una recomposición de los ingresos de los empleados públicos, además de cuestionar los despidos y la reducción de organismos que, según sostiene, impactan tanto sobre las condiciones laborales como sobre la prestación de servicios a la población.
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La notificación oficial establece además que los representantes sindicales quedan debidamente notificados de la audiencia y advierte sobre la posibilidad de aplicar sanciones administrativas en caso de obstrucción a la actuación de las autoridades. El texto señala que la convocatoria se realiza "bajo apercibimiento de la aplicación del Artículo 8° del Anexo II Capítulo IV de la Ley N° 25212", en referencia al régimen que contempla infracciones vinculadas con el funcionamiento de las relaciones laborales.
La audiencia tendrá como eje formal la negociación del convenio colectivo general, aunque llega en un momento en que la cuestión salarial se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre los gremios estatales y el Gobierno. En particular, ATE sostiene que los incrementos otorgados durante el año quedaron por debajo de la evolución de los precios y que esa diferencia se tradujo en una pérdida concreta del poder de compra de los trabajadores de la administración nacional.
Según los datos difundidos por el gremio, entre enero y junio los salarios estatales acumularon una suba del 12,9 por ciento, mientras que la inflación durante el mismo período llegó al 16,9 por ciento. La diferencia implica una pérdida de cuatro puntos porcentuales en apenas seis meses, aunque el impacto sobre los ingresos no se limita a esa comparación porque la discusión también incorpora el deterioro acumulado durante los meses anteriores y el nivel de endeudamiento de los hogares de trabajadores públicos.
El reclamo sindical también se apoya en la propia definición que el Gobierno realizó sobre el rol de los salarios públicos dentro de su programa económico. La administración de Milei planteó desde el comienzo de su gestión una reducción del gasto estatal como uno de los instrumentos centrales para alcanzar el equilibrio fiscal. En ese esquema, los salarios de los empleados públicos quedaron sujetos a una política de contención que los gremios identifican como una de las causas principales de la pérdida de poder adquisitivo.
El propio Milei reconoció y defendió que la caída de los salarios del sector público constituye una consecuencia buscada dentro de su programa económico, en la medida en que la reducción del gasto en personal forma parte del ajuste fiscal. Esa posición diferencia el tratamiento otorgado a los trabajadores estatales del discurso oficial respecto de otros segmentos del mercado laboral, donde el Gobierno sostiene que los ingresos comenzaron a recuperarse frente a la inflación.
Para ATE, esa política representa una transferencia del costo del ajuste hacia los trabajadores del Estado. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los ingresos de los empleados públicos deberían ser "más del doble" de los actuales, al plantear que la pérdida acumulada durante los últimos años modificó de manera significativa la capacidad de compra de los trabajadores. El conflicto no se limita a la cuestión salarial. ATE también cuestiona la política de reducción de la estructura estatal, que incluyó despidos, cierres, fusiones y modificaciones en organismos públicos.
El sindicato sostiene que esas decisiones no solo afectan las fuentes laborales, sino que también tienen consecuencias sobre áreas vinculadas con la salud, la educación, la asistencia social, la niñez y otras funciones que dependen de la administración nacional. Dos semanas atrás, el gremio había realizado un paro nacional con movilizaciones contra las políticas del Gobierno. La medida incluyó una protesta frente al Ministerio de Economía y tuvo adhesión de distintas seccionales provinciales. En la provincia de Buenos Aires, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, cuestionó la situación económica y afirmó que la población atraviesa una "catástrofe". En ese marco, sostuvo que "todo es resultado de una política planificada por el interés de unos pocos".
Arévalo también había cuestionado la situación financiera de la provincia de Buenos Aires y denunciado una reducción de las transferencias nacionales. Según el dirigente, esos recursos tienen incidencia sobre políticas relacionadas con salarios, salud, educación, niñez, jubilaciones y asistencia social. El planteo forma parte de una disputa más amplia entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales por el financiamiento de distintas políticas públicas.