La pobreza infantil en Argentina no se expresa solamente en la imposibilidad de cubrir la alimentación o en la falta de ingresos suficientes para superar una línea estadística, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina. También aparece en decisiones concretas de la vida cotidiana, como postergar la compra de un par de zapatillas, mantener durante más tiempo una prenda que ya no alcanza o directamente resignar ropa y calzado porque el dinero disponible no permite cubrir esas necesidades. El documento del Observatorio de la UCA relevó que el 37,5% de los niños, niñas y adolescentes atravesó durante el último año dificultades para acceder a ropa o calzado por motivos económicos.
El dato convierte a esa privación en una de las dimensiones con mayor desigualdad socioeconómica entre las analizadas por el estudio. La distancia entre los hogares de menores y mayores recursos resulta amplia: mientras que el 58,3% de los chicos pertenecientes a sectores socioeconómicos muy bajos tuvo dificultades para acceder a vestimenta, entre los hogares de nivel medio-alto la proporción fue del 17,8%.
La diferencia supera los 40 puntos porcentuales y muestra que la posibilidad de cubrir una necesidad básica de la infancia continúa fuertemente determinada por el nivel de ingresos del hogar. En términos relativos, la proporción de niños que no puede acceder a ropa o calzado por falta de dinero es más de tres veces mayor entre los sectores de menores recursos que entre los de mayores ingresos.
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El estudio del ODSA analiza la evolución de las condiciones de vida de las infancias entre 2018 y 2026 y pone el foco no solamente en la pobreza monetaria, sino también en las privaciones que quedan fuera de la medición tradicional de ingresos. El resultado muestra que, aun cuando algunos indicadores generales registraron una mejora respecto del pico alcanzado durante 2024, una parte importante de los hogares continúa sin contar con recursos suficientes para sostener condiciones de vida adecuadas.
La pobreza infantil y la asistencia estatal
El informe también permite dimensionar cuánto depende la situación actual de las familias de las transferencias monetarias que reciben del Estado. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar cumplen un papel central para evitar que una parte de los hogares caiga en las situaciones más extremas. Según la investigación, ambas políticas explican más del 90% de la reducción estimada de la pobreza infantil y entre el 97% y el 98% de la disminución de la indigencia infantil. Es decir, las transferencias no eliminan la pobreza, pero tienen un efecto significativo sobre el piso de ingresos de las familias y, especialmente, sobre quienes se encuentran más cerca de la indigencia.
El propio informe advierte sobre esa diferencia entre contener y sacar a un hogar de la pobreza. "Las transferencias sostienen un piso mínimo frente a la indigencia, pero no alcanzan para superar la pobreza en todas sus dimensiones", señalaron Valentina González Sisto e Ianina Tuñón, autoras del trabajo. Los números permiten observar qué ocurriría si esas transferencias desaparecieran.
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De acuerdo con la estimación del ODSA, la indigencia infantil pasaría del actual 9,5% al 16,4%, mientras que la pobreza subiría del 42,5% al 47,8%. En otras palabras, casi cinco puntos adicionales de pobreza infantil quedarían expuestos sin el efecto de estas políticas, mientras que la indigencia aumentaría casi siete puntos. La conclusión resulta relevante para analizar el peso que tiene la asistencia social en el escenario actual. El Estado no está logrando que todos los hogares con niños salgan de la pobreza, pero las transferencias sí están evitando que una cantidad considerable de familias descienda hacia situaciones todavía más graves.
Una parte importante de la contención de la pobreza infantil proviene de políticas públicas destinadas específicamente a los hogares con niños y adolescentes. La evolución de las transferencias durante los últimos años también muestra los límites de su capacidad de cobertura. Según el estudio, la AUH y la Tarjeta Alimentar partieron en 2018 de una cobertura equivalente a entre el 30% y el 45% de la Canasta Básica Alimentaria, dependiendo del tipo de hogar.
Ese poder de compra aumentó hasta alcanzar entre el 57% y el 77% en 2021. Posteriormente, comenzó una caída que llevó la cobertura a mínimos de entre el 12% y el 28% durante 2024. En 2026 se produjo una recuperación y las transferencias volvieron a cubrir entre el 39% y el 62% de la canasta alimentaria. El aumento respecto de los mínimos representa una recomposición, pero todavía se encuentra lejos de los máximos observados durante 2021. Por eso, el informe evita presentar la recuperación de la cobertura como una solución al problema de la pobreza infantil.