La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este lunes la aplicación de nuevas exenciones en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras operatorias, conocido como impuesto al cheque, para determinadas empresas vinculadas al sistema financiero, los pagos digitales y el movimiento de efectivo.
La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5869/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y adapta la normativa operativa de ARCA a los cambios introducidos por el Decreto 475/2026, firmado el 17 de junio.
El impacto principal, argumenta el Gobierno, se concentra en sectores donde el impuesto al cheque puede encarecer operaciones de alta rotación financiera, como pagos con tarjeta, servicios vinculados a activos virtuales y transporte de caudales. Con esta reglamentación, ARCA habilita el encuadre administrativo para que esas operaciones queden alcanzadas por el tratamiento fiscal previsto en el Decreto 475/2026.
La decisión forma parte de la adecuación formal del organismo recaudador a las exenciones dispuestas por el Poder Ejecutivo. Si bien la resolución no crea por sí misma nuevos beneficios, sí establece el mecanismo necesario para que los sujetos alcanzados puedan utilizarlos de manera efectiva.
Cómo funcionará la exención del impuesto al cheque para empresas fintech y de tarjetas
La resolución entra en vigencia desde este mismo lunes, pero sus efectos se aplican a los hechos imponibles perfeccionados desde el 18 de junio de 2026 inclusive.
El cambio alcanza a determinadas operaciones realizadas por Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (fintech) inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores, empresas que operan sistemas de tarjetas de débito, crédito y compra, y compañías transportadoras de caudales registradas ante el Banco Central.
En términos prácticos, ARCA incorporó estas nuevas exenciones al régimen administrativo que permite acceder a beneficios fiscales dentro del impuesto al cheque. Para eso, modificó la Resolución General 2111, que regula el procedimiento de determinación, liquidación e ingreso del tributo, y la Resolución General 3900, que creó el “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias”.
Ese registro es clave porque las empresas contribuyentes que quieran aplicar exenciones o reducciones de alícuota deben inscribir allí las cuentas bancarias y cuentas de pago alcanzadas por el beneficio. La resolución aclara que también quedan comprendidas las cuentas de pago definidas por la Comunicación “A” 6885 del Banco Central, una categoría relevante para el ecosistema fintech y los proveedores de servicios de pago.
La norma también actualiza el procedimiento de reincorporación al registro. En caso de que desaparezcan las causales que motivaron una exclusión, el contribuyente podrá pedir su regreso al sistema, aunque ARCA conservará sus facultades de verificación y fiscalización para controlar si corresponde o no el uso del beneficio.
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