Una resolución del Gobierno porteño que obliga a los trabajadores del subterráneo a prestar como mínimo el 50% del servicio en un conflicto fue rechazada de manera unívoca por el grueso de la representación sindical en la actividad. Además del repudio de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), la norma fue objetada por un sindicato de supervisores a quienes estaba dirigida para utilizarlos como rompehuelgas este jueves por la noche, en medio de una protesta por el fallecimiento de un séptimo operario por cáncer de pulmón asociado a la exposición al asbesto en ese ámbito.
Según informó Emova, la Ciudad se basó en el artículo 3.° del Decreto 230/26, que estipula que ante huelgas o reclamos colectivos que afecten la prestación de servicio debe haber una cobertura mínima del 50% tanto en subtes como en cualquier transporte que sea calificado esencial. "Desde Emova se están adoptando todas las medidas operativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto y notificando a los trabajadores que, en el marco de la disposición mencionada, deben prestar servicios para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios que necesiten trasladarse por la Ciudad", indicó la empresa.
La Asociación de Supervisores de Subterráneos (Assra) emitió un comunicado para repudiar “enérgicamente las maniobras de presión y hostigamiento impulsadas por la empresa Emova”, la concesionaria del servicio a cargo del Grupo Roggio, y denunció como “totalmente injustificada, arbitraria e ilegal” la intimación llevada a cabo por la resolución 1353/2026 de la Secretaría de Trabajo porteña que, además de poner un piso obligatorio de 50% en la prestación del servicio, les impone a los jerárquicos “cubrir tareas ajenas bajo amenaza”, de acuerdo al texto.
El plan de Emova y el Ejecutivo porteño de valerse de los supervisores como esquiroles en la medida de fuerza fue calificado por el gremio de “incoherencia patronal inadmisible” al señalar que hasta ahora el concesionario se manifestaba elogioso de la tarea de los jerárquicos mientras que frente al actual conflicto “se olvidan de los agradecimientos y pasan directamente al apriete y a la amenaza sistemática para quebrantar la dignidad laboral”. “Esta actitud demuestra que para Emova los trabajadores somos únicamente una variable de ajuste”, agregó el escrito. Entre los siete fallecidos reportados hasta ahora al menos uno, Juan Palmisciano, era supervisor y se jubiló en esa condición.
Con ese pronunciamiento de Assra el intento de la compañía para sostener el servicio en medio del conflicto pareció naufragar y también sembró dudas sobre próximos planes en igual sentido. Es que tampoco la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato histórico del subte antes de la hegemonía de la Agtsyp y que todavía retiene una parte de afiliados en la actividad se alineó a las otras dos organizaciones.
A los trabajadores de todas las áreas este jueves les llegó, en sus legajos digitales, un comunicado de Emova con advertencias del mismo tenor que las reflejadas en la resolución 1353. En función de esa norma la empresa dio a conocer que durante la medida de fuerza “deberá prestar servicios la totalidad del personal afectado a la conducción y operación de trenes” así como “sus funciones habituales las guardias operativas de infraestructura y material rodante” y “la totalidad del personal de atención al usuario”.
“El incumplimiento injustificado de estas obligaciones podrá constituir una falta grave y dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, de conformidad con la normativa laboral vigente”, agrega un texto con la firma de la Dirección de Recursos Humanos, Procesos y Seguridad Operacional de Emova.