La diputada nacional Lucila De Ponti y el concejal rosarino Eduardo Toniolli, ambos del Frente para la Victoria (FpV), presentaron un recurso de amparo para que se declaren inconstitucionales dos decretos firmados por el presidente Mauricio Macri.
Se trata de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) mediante los cuales el gobierno nacional pretende transferir las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación.
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De Ponti consideró que "mediante estos decretos se erosiona la división de poderes, en un país donde el Presidente tomar decisiones importantes de manera unilateral, ignorando la Constitución Nacional, que dispone claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU en materia penal".
Luego, agregó la legisladora kirchnerista, justificó el pedido aduciendo que "en su artículo 120, la Constitución garantiza la independencia del Ministerio Público, independencia que se vería menoscabada con estos decretos."
Por último, el concejal Toniolli y referente del Movimiento Evita en Rosario, dijo que "Macri ya ha decidido gobernar desconociendo al Poder Legislativo, pactando o sometiendo al Poder Judicial, y en estricto cumplimiento de los intereses de determinados poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, el complejo agroexportador, y otros actores del poder económico nacional y transnacional".