La Cámara Federal porteña aceptó al Ministerio de Justicia como querellante en una derivación de la denominada "Causa Ciccone", en la que cual está procesado el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
La Sala Primera del tribunal admitió la intervención como parte de la cartera judicial en la causa en la que se investiga la desaparición de expedientes de la Inspección General de Justicia, oficina que depende del ministro Julio Alak.
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Además, en la causa se investiga la desaparición, en marzo de 2012, de expedientes relacionados con el derrotero administrativo del rescate de Ciccone Calcográfica, como los de empresas que aparecen relacionadas con la operación que posibilitó el levantamiento de la quiebra tales como la Compañía de Valores Sudamericana (sucesora de Ciccone), London Supply y The Old Fund.
Según el Ministerio, la pérdida del expediente corresponde a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, hoy asesora de la diputada Margarita Stolbizer y testigo en la causa en la que el juez federal Claudio Bonadio investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, administradora del hotel Alto Calafate, y en la que tiene participación la presidenta, Cristina Kirchner.
Fuente: DyN