El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el gremio de controladores aéreos vuelve a tensarse este viernes por el fin de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y podrían retomarse los paros en plena temporada alta. La compañía estatal anunció una nueva audiencia para el 16 de enero y anticipó la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días hábiles, en un intento por evitar que el gremio retome las medidas de fuerza.
En su comunicado, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) acusó la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) de mantener una postura “intransigente”. Sin embargo, desde ATEPSA, liderada por Paola Barritta, se mantiene la amenaza de nuevas medidas de fuerza que podrían comprometer el flujo de pasajeros.
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Por su parte, desde ATEPSA vienen denunciando que la decisión se tomó tras el fracaso de las negociaciones con EANA y denunciaron el incumplimiento de acuerdos y la falta de diálogo desde 2024. El gremio siempre aclaró que de todas las medidas quedan exceptuadas todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y aquellos destinados a tareas de búsqueda y salvamento.
Paro: las medidas de fuerza que afectan los vuelos
En julio, antes de las vacaciones de invierno, se dictó una primera conciliación obligatoria; en agosto se realizaron tres jornadas de paro nacional; en noviembre se retomaron las acciones con nueve jornadas que afectaron vuelos de carga y capacitaciones técnicas; y en diciembre se llevaron adelante dos días de paro de pasajeros, lo que derivó en la actual conciliación. La tregua administrativa, vigente desde el 23 de diciembre, había logrado neutralizar las medidas de fuerza de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), pero la resolución paritaria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sigue sin concretarse.
En este marco, la Justicia investiga un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria de 2023, en la que figuran como responsables Gabriela Logatto, ex presidenta de EANA, y Paola Barritta, por la supuesta creación de un documento con aumentos anticipados para 2024 que no consta en los registros oficiales. Además, la empresa denunció penalmente al gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, como la colocación de elementos sindicales en torres de control.
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