Un caso de mala praxis en Morón tomó relevancia mediática después de que la Justicia fallara a favor de la paciente, una mujer de 36 años que sufrió complicaciones de salud tras someterse a una cesárea en un hospital municipal.
La Justicia ratificó que una gasa olvidada en su abdomen durante la cirugía fue la causa de un importante cuadro infeccioso y ordenó una indemnización millonaria a cargo del municipio, del médico interviniente y de la aseguradora.
Los hechos
La paciente ingresó al hospital el 6 de julio del 2018 con un embarazo de 36 semanas. En quirófano, fue sometida a una cesárea y luego a una cirugía de ligadura de trompas. Después de la intervención, la mujer comenzó a sufrir dolores abdominales severos, que con el pasar de los días se volvían más intensos. Los síntomas derivaron en fiebres altas y empezó a experimentar grandes dificultades para desarrollar su vida con normalidad.
En las siguientes semanas, la paciente debió regresar al hospital varias veces en busca de respuestas. Según el fallo, en esas visitas la atención médica solo se limitó a la prescripción de antiinflamatorios, sin la indicación de estudios complementarios que permitieran identificar el origen de la sintomatología.
Después de dos meses desde la realización de la cesárea, un análisis de sangre confirmó un cuadro infeccioso severo. Una tomografía posterior permitió detectar la causa y la paciente fue derivada a un hospital público de la Nación, donde se sometió a una laparotomía exploratoria. En esa cirugía, realizada el 27 de septiembre del 2018, los médicos le extrajeron una gasa quirúrgica del abdomen.
El fallo
Después de recuperarse, la paciente inició una demanda contra el municipio y contra el médico a cargo de la cesárea, reclamando una reparación económica por los daños físicos, psicológicos, estéticos y morales.
Por su parte, la defensa municipal negó su responsabilidad directa y señaló la historia clínica de la mujer, mientras que el doctor tratante sostuvo que la intervención fue realizada por un equipo. En esta línea, el profesional aseguró que "el olvido de material quirúrgico es un riesgo inherente a toda práctica médica".
La Justicia de Morón desestimó esos argumentos, porque los peritajes médicos determinaron que la paciente no solo presenta una incapacidad física parcial y permanente del 10%, sino que además padece trastornos psicológicos con síntomas de ansiedad y depresión moderada a raíz de lo acontecido.
En el fallo, el tribunal recordó que el Estado, como prestador de salud, tiene una obligación de seguridad hacia los pacientes. Aunque no está obligado a garantizar resultados, debe actuar con diligencia y aplicar correctamente los medios técnicos disponibles. El juez concluyó que en este caso esas mínimas exigencias no se cumplieron.
La sentencia ordenó el pago solidario de una indemnización que incluye $3.000.000 por incapacidad física, $2.500.000 por daño moral y más de $4.400.000 por daño psicológico y tratamiento. Montos que, además, deberán actualizarse por inflación e incluir intereses.
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