A 70 años de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez de 1956 constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino por su planificación, ejecución y encubrimiento. La sentencia, dictada en el marco de un Juicio por la Verdad, además ordenó una serie de medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
La resolución fue dada a conocer este lunes por la jueza federal Alicia Vence, quien reconoció la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de junio de 1956, bajo la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas.
El fallo consideró acreditado que efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida y detuvieron a las doce personas que se encontraban allí. Posteriormente, fueron trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado en los basurales de José León Suárez, donde se produjeron los fusilamientos.
Como consecuencia de esos hechos fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir. Precisamente, el testimonio de Livraga, quien actualmente tiene 96 años y reside en Estados Unidos, resultó clave en el denominado Juicio por la Verdad.
Durante la lectura de la sentencia, la magistrada sostuvo que existió responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos, que fueron encuadrados legalmente como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Debido al tiempo transcurrido, todos los responsables directos ya fallecieron. Sin embargo, el tribunal estableció la responsabilidad penal que les hubiera correspondido.
La sentencia atribuyó responsabilidades a las máximas autoridades del gobierno de facto de la época, encabezado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas. También fueron señalados el entonces jefe de la SIDE, Juan Constantino Guaranta; el jefe de la Policía Bonaerense, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez; y el jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno.
Aunque el Juicio por la Verdad no contempla sanciones penales, la jueza determinó que la pena aplicable a los responsables, de haber sido juzgados, habría sido la prisión perpetua.
Las medidas de reparación ordenadas por la Justicia
Además del reconocimiento histórico, el fallo dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias destinadas a preservar la memoria y reparar simbólicamente a las víctimas.
Entre las principales disposiciones se encuentran la rehabilitación del buen nombre y honor de las doce víctimas, la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, la incorporación de los hechos en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense, la instalación de placas conmemorativas en los sitios donde ocurrieron los allanamientos, detenciones y fusilamientos, la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez y la inclusión de todas las víctimas en el registro oficial de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 16 de julio.
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