El 23 de agosto pasado, Yamila Segovia (30) recibió un mensaje en su celular y se le aceleró el corazón: habían encontrado en Florencio Varela a Alberto Martín Del Valle (56), el hombre que abusó sexualmente de su hermana cuando tenía 11 años y que llevaba 14 años prófugo. Según relató, en diálogo con El Destape, el padrastro de la víctima intentó burlar la Justicia de nuevo: decía llamarse Jorge Lescano, después Fernández. “Mándenme una foto de su mano”, pidió Yamila al personal presente en el operativo. Cuando vio la imagen, reconoció
un tatuaje con “forma de águila” que se había hecho poco después de fugarse. Ella lo sabía, porque nunca dejó de buscarlo y de vigilar sus redes. “No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Todos estos años pasaron en un segundo en mi cabeza. Recordé perfectamente ese día en que estábamos en mi casa con mi mamá, y mi hermana decide contar lo que le pasó”, detalla Yamila, cuya familia había denunciado a Del Valle 17 años atrás, en 2009. Sin embargo, la Justicia tardó tres años en ordenar su detención.
Fue por esa inacción judicial que, con los años, Yamila decidió estudiar Derecho. Se recibió en 2024 y comenzó a intervenir jurídicamente en el proceso de búsqueda de Del Valle. La familia incluso creó la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa para difundir información y mantener activa la búsqueda. “Yo quiero hacer justicia por esa criatura que parió a otra criatura, producto de abusos sexuales reiterados a punta de pistola. Por esa nena a la que le daban libros para pintar mientras intentaban hacerle un aborto clandestino. A esa nena que hoy la Justicia sigue violentando”, expresa Segovia, explicando que estudios de ADN determinaron con una probabilidad de 99,9% que Del Valle es el padre biológico del hijo de su hermana.
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Para Yamila, la discusión excede a su familia. Por eso impulsa junto a su familia la llamada Ley Segovia, un proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación que propone modificar el artículo 67 del Código Penal para que los plazos de prescripción de la acción penal se interrumpan de manera automática cuando el acusado esté prófugo, declarado rebelde o evada una orden de captura, evitando así que la fuga sirva para garantizar la impunidad.
“Del Valle no se defiende de ninguno de los hechos. Lo único que dice es que el tiempo ya pasó para que lo juzguen. Ni siquiera tiene que ir a juicio. Pero por supuesto, vamos a apelar. Esto no es sólo por mi hermana, ese hombre es un peligro para todas las infancias”,
sentencia Yamila.
“No puede ser juzgado”: la lucha de Yamila contra la justicia
Tres años tardó la Justicia en pedir la captura de Del Valle luego de la denuncia. Tardó otros 14 años en encontrarlo dentro del país. Pero el fallo de sobreseimiento llegó sólo cinco días después de la captura del acusado. El juez de Garantías, Guillermo Mércuri, consideró prescripta la acción penal por los hechos de abuso sexual y aborto en grado de tentativa. “Por estos hechos, en mi opinión, no puede ser juzgado”, justificó el magistrado tras decidir no enviarlo siquiera a juicio. Y declaró que “pasó el plazo que la ley permite dentro del cual debe ser juzgado”, sin contemplar el argumento que la querella expuso sobre la interrupción de la prescripción por la causal de fuga del acusado.
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La decisión fue apelada por la representación de la víctima, integrada por los abogados Leonel Báez, Norberto Filippini y la misma Yamila Segovia, hermana de la víctima y abogada querellante. Ahora deberá ser revisada por la Cámara de Apelación (Sala I) y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, integrada por el Dr. Christian Alberto Yesari y el Dr. Gustavo Ángel Barbieri. Mientras que la Dra. Claudia Olivera se desempeña
como jueza de Garantía.
Mientras tanto, Del Valle continúa detenido por otra causa, vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y cuya pena máxima estipulada es de dos años de prisión. “Qué difícil decir cómo estoy. En modo abogada, estoy enfocada en la causa. Pero en modo hermana, estoy partida en mil pedazos. Mi familia no entiende de conceptos jurídicos o calendarios procesales. Decirles que lo encontramos, pero que todavía nos queda una batalla muy grande por delante es muy difícil”, se sincera Yamila.
El delito más impune
En estos 17 años, Del Valle rehizo su vida. Según declaraciones de Yamila, tiene una hija de 14 años a la que no reconoció, para resguardar su identidad. También formó una nueva pareja. Fue a través de ella que la madre de Yamila logró dar con un rastro firme de su
paradero y alertar a los investigadores.
Del Valle llevaba a su hija de su nueva familia a una escuela de Mar de Ajó. Iba a una Iglesia Católica, a merenderos y comedores. Continuaba cerca de niños y niñas. “Me han llegado mensajes de chicas diciéndome que él las seguía. A una la salvaron los vecinos de ser abusada por él, en la calle. Le hizo una denuncia”, alerta Segovia. La Justicia lo sabe. “Si a un agresor de menores lo dejan libre, va a seguir abusando de
niños, niñas y adolescentes toda su vida. Es un peligro inminente”, analiza Silvia Piceda, madre protectora y cofundadora de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia, en diálogo con este medio.
La reiterancia, dice, se ve “claramente en los abusos intrafamiliares: las víctimas pocas veces son una sola”. “El Estado es absolutamente responsable y cómplice de los nuevos abusos que puedan ocurrir. Lo que nunca prescribe es la obligación del Estado de proteger a niños, niñas y adolescentes”, sentencia.
Según su pareja y fundador de Adultxs, Sebastián Cuattromo, el abuso sexual a menores sigue siendo “considerado por especialistas como el más impune de la Tierra”, ya que “sólo menos de un 10% de los abusos llegan a conocimiento del Poder Judicial y dentro de ese acotado universo solo un abuso termina en condena de su autor o autora”. En este contexto, cita que, según UNICEF, una de cada cinco niñas y uno de cada siete
niños sufre abuso sexual en su infancia, con preminencia en los ámbitos intrafamiliares.
Por esto, Adultxs, un colectivo integrado por sobrevivientes del delito de abuso sexual contra la infancia y por adultas y adultos protectores de niñas y niños víctimas de este delito, expresaron su solidaridad con la familia Segovia y su apoyo al proyecto de reforma del Código Penal, al cual entendieron como “muy necesario”.
Caso espejo
Al igual que Silvia Piceda, Cuattromo fue víctima de abuso sexual a sus 13 años, y su historia también fue marcada por la fuga y búsqueda de su agresor, Fernando Enrique Picciochi, docente y religioso católico, en el Colegio Marianista del barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como Piceda marcó respecto a la reiterancia, Picciochi también abusó sexualmente de otros niños.
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Sebastián logró poner en palabras lo sucedido diez años después de los hechos, y finalmente radicó la denuncia en el año 2000, pero Picciochi se fugó. “Estuvo con una orden de captura nacional e internacional durante siete largos años. Moví cielo y tierra para tratar de localizarlo. En 2007, con ayuda de un amigo, pudimos localizarlo en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde vivía con una identidad falsa”, relata Sebastián. A esto le siguió un proceso de lucha de tres años para lograr su extradición y enjuiciamiento en Argentina, donde tras dos años más, en 2012, cuando habían transcurrido más de 20 años de aquellos abusos y más de 12 años del inicio de la causa penal, se logró su condena a
12 años de prisión. Parece un factor común en las historias de condenas a pederastas que sean sus propias víctimas y sus familias quienes deban ocupar sus vidas en la búsqueda de reparación y justicia.
Es por esto que tras lograr justicia, Cuattromo fundó Adultxs, de la mano de Silvia, “quien también venía de hacer pública su larga historia de lucha como mamá protectora de una niña, ante un progenitor denunciado por abuso, y una orden judicial de restitución con el agresor, que la obligó a escaparse de su casa”. “Nuestra profunda empatía y solidaridad hacia esa víctima y hacia esa hermana que trabajó, luchó para lograr la justicia y decirles que no están solas, que somos millones. A nivel mundial muchísimas víctimas estamos saliendo a decir nuestra verdad y ya hemos roto el silenciamiento social que durante tantas décadas nos dejó aisladas”, cierra Piceda.
Cuattromo y Piceda invitan a sobrevivientes y adultas y adultos protectores a participar de un espacio de reunión anónimo, gratuito y virtual que se llama Encuentro Solidario de Pares Semanal, todos los sábados a las 15. “Nos reunimos para ayudarnos mutuamente”, cuenta Silvia. “Les invitamos a un espacio de escucha empática y solidaria, rompiendo con la soledad, el aislamiento, la vergüenza y con la culpa con la que tan injustamente hemos tenido que cargar las víctimas. Allí empiezan procesos de transformación individua,y que a la vez son también procesos de transformación colectiva, mucho más allá de los procesos judiciales”, completa Sebastián. Para más información, ingresar a www.adultxsporlosderechosdelainfancia.com, www.cuidarespartedeljuego.com o por redes sociales en @adultxsporlainfancia.
Si sos sobreviviente de violencia sexual infantil, sufrís una situación actual o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarte también de forma gratuita y anónima a la Línea 137 (atención las 24 horas, con opción de WhatsApp al 11-3133-1000) para recibir contención y asesoramiento jurídico. Ante una emergencia, llamá al 911.