En Argentina el financiamiento educativo creció un 226% en la educación superior y un 163% en la educación básica durante los últimos 42 años, desde 1980 a 2022. El crecimiento en el gasto público fue sostenido en tanto porcentaje de PBI como en términos reales, sin embargo, la meta del 6% establecida en la Ley de Financiamiento Educativo solo se cumplió una vez, de acuerdo a un informe reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación.
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El informe “Evolución del financiamiento educativo” señala que el financiamiento cayó a principios de los años ‘90, en 2002 y 2003, mientras que desde 2004 "se registra un incremento del gasto que se refuerza en los años 2005 y 2006, con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional". Esa es la Ley que el gobierno del presidente Javier Milei denosta e incumple porque se niega a convocar a paritarias nacionales y a enviar las transferencias a las provincias, por ejemplo, del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), del que se desprende entre el 10 y el 12% de los salarios docentes.
En ese sentido, el estudio que realizaron Alejandro Morduchowicz (especialista en planeamiento y políticas educativas), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación), analiza cómo evolucionó la inversión de acuerdo al análisis de la serie histórica del Gasto Público Consolidado (GPC) del Ministerio de Economía. Así detectaron que la inversión que realizan las provincias aumentó un 292%, mientras que la inversión de Nación creció un 30%. "Actualmente, 3 de cada 4 pesos invertidos en educación (78%) son ejecutados por las provincias y 1 de cada 4 (22%) por Nación. En 1980, en cambio, las provincias tenían a cargo el 55% del gasto educativo", indican.
Al respecto, Juan Ignacio Doberti, Doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, aseguró que se observó allí una clara "retracción de la participación relativa del gobierno central y, por el contrario, la mayor contribución de las provincias en un proceso cuestionable porque estas tienen menor capacidad recaudatoria y una debilidad notoria para la gestión escolar".
Por otro lado, el estudio remarca también que, a pesar de la Ley, el piso del 6% no se logró cumplir. "Entre las certezas, se evidencia que ninguna de las leyes que regulan el sistema ha logrado proteger el gasto educativo de su carácter procíclico: en épocas de bonanza se aumenta el gasto y en tiempos de recesión se reduce", indicó Ivana Templado, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
Además, se destaca que la inversión estatal en educación superior (es decir, universidades y educación superior no universitaria) creció sostenidamente más que la destinada a la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) desde la ley de transferencia de los servicios educativos (1992), cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas. Esta diferencia se profundiza entre los años 2006 y 2022, y alcanza un pico en 2018: ese año se invirtieron 105 puntos porcentuales más en educación superior que en básica.
El piso del 6%
Entre las 10 prioridades y propuestas que identificó Argentinos por la Educación a partir del ejercicio de consulta plural, en el marco del Acuerdo por la Educación que propusieron a distintos actores de la sociedad, el financiamiento ocupa un lugar preponderante.
"Es importante lograr un piso mínimo de gasto por alumno que asegure condiciones de aprendizaje, haciendo el mejor uso de los recursos disponibles y priorizando la inversión en los estudiantes socialmente más vulnerables (criterio de equidad). Por ejemplo, invertir en los primeros años de vida (0-5 años) arroja los retornos sociales más alto. Mientras que los países de la OCDE destinan en promedio 10,1% de los recursos públicos educativos a la educación preprimaria, en Argentina este porcentaje es del orden del 8,1% y en la región solo 3 de 12 países asignan un porcentaje mayor que el promedio de la OCDE (Chile con 18,6%, Guatemala con 18,4% y Perú con 16,6%)", remarcaron.
La Ley de Educación Nacional (2006) establece como piso de inversión educativa el 6% del PBI. Sin embargo, entre 2006 y 2020, la inversión anual en educación no ha alcanzado esta meta salvo para los años 2013 y 2015. "La distancia entre el objetivo de inversión del Estado y el gasto ejecutado evidencia una deuda educativa acumulada por la Nación y las provincias en magnitudes diferentes, que equivale al 5% del PIB de 2020"s, subrayaron, por lo que recomendaron incrementar el porcentaje de participación nacional en la inversión educativa hasta representar el 40% de la inversión consolidada en educación -en consonancia con la Ley de Financiamiento Educativo-, a través de programas específicos de injerencia nacional en temas de infraestructura, de conectividad, de sistemas de información y evaluación, y de iniciativas para la jerarquización del trabajo docente".
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