“Loan no está, pero está”. Con esa simple frase el abogado de los padres del niño, Alejandro Vecchi, buscó explicar el camino que todavía atraviesa la familia en busca de respuestas acerca de qué pasó y qué hicieron aquella tarde del 13 de junio de 2024 cuando el pequeño desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad de 9 de Julio en Corrientes, mientras jugaba con otros chicos y rodeado de siete mayores que deberán enfrentar a la Justicia el próximo año acusados de la sustracción y ocultamiento del menor. Además, otras 10 personas estarán sentadas en el banquillo acusados de entorpecer la investigación y de organizar una serie de movimientos en donde hasta llegaron a tener cautivos a familiares del menor desaparecido y, en algunos casos, presentaron falsa documentación asegurando ser funcionarios policiales, enviados internacionales o abogados.
Mientras tanto, el expediente que debe llegar a juicio a principios del próximo año sigue sumando fojas con procedimientos. En los últimos meses se conocieron nuevos operativos en espejos de agua cercanos a la casa de campo de dos de los principales acusados, María Victoria Caillava y su pareja, Carlos Pérez. Estos operativos se suman a los informes por rastrillajes y análisis forenses que se hicieron durante los primeros meses de búsqueda, las reconstrucciones en el terreno y los peritajes a distintos vehículos y elementos secuestrados en la zona. Esta producción de prueba científica, asegura la querella, “ha sostenido un trabajo que se mide, no sólo en cantidad sino en calidad”.
Ante el enorme caudal probatorio y con la causa en investigación rumbo al juicio oral, los padres de Loan se reunieron con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal para pedirles que anulen la extinción del plazo para la búsqueda. Según la querella, limitar los plazos de la prórroga implicaba “vaciar de contenido la investigación”, lo que significaba renunciar a “la obligación del Estado de esclarecer la desaparición y restituir los derechos de la víctima”. Ese pedido fue avalado por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaeveña que ordenaron que la búsqueda continúe sin un plazo fijo y que se priorice la búsqueda del menor con la posibilidad de incluir nuevas pruebas.
Ahora, ante la Justicia, José Peña y María Noguera, los padres de Loan, pidieron una serie de medidas apoyadas en el trabajo científico y tecnológico que permitirían fortalecer el trabajo ya sumado al expediente. Es así que le solicitaron a la Justicia que se realice un “envejecimiento forense de la imagen” que permita avanzar en una caracterización de cómo sería la imagen actual del pequeño. Esta medida, ya utilizada en otros casos, podría llevarse adelante tanto por especialistas de la Justicia como agentes privados pero la familia del pequeño busca que esa medida se haga desde el expediente y se difunda de forma tal que se convierta en otro punto solicitado, que es la reactivación y actualización de las alertas federales para la búsqueda del pequeño. Además, el pedido firmado por los abogados Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara incluye una serie de pedidos para realizar un peritaje técnico sobre evidencia material ya recolectada que es de suma importancia para el normal desarrollo del expediente rumbo al juicio oral. Por último, los letrados también pidieron que se actualice la atención clínica y victimológica a los niños vinculados en la investigación que, oportunamente pasaron por distintas instancias del proceso y, alguno de ellos, fueron víctimas del operativo para desviar la investigación por el que hay 10 acusados imputados.
Estos pedidos, aseguran los abogados, “no se plantean como un déficit de la investigación” sino que pueden convertirse en “una oportunidad para ampliar la investigación que se construyó con rigor y constancia”. De esta forma, entienden los letrados, se utilizarían herramientas modernas ya validadas que permitirían actualizar información crítica en el expediente, fortalecer la cooperación interestatal alrededor de la investigación y, sobre todo, proteger a quienes podrían estar en situación de vulnerabilidad. Así, mientras se espera la llegada del juicio oral y público, la familia del menor reclama las respuestas que hoy la Justicia le debe a toda la sociedad, que es nada más ni nada menos que saber qué pasó, qué hicieron y dónde está Loan.
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