Semanas después de que el Equipo Fiscal N° 14 apartara a las fuerzas de seguridad del Chaco de todas las tareas investigativas vinculadas a la causa por la desaparición de Axel González (21), el director de Investigacion de la Policía, Néstor Alvarenga, declaró este martes como testigo y defendió los procedimientos. "Para nosotros no hicimos nada mal. Estuvimos derechos en todo momento", afirmó el jefe policial
En medio de la hipótesis que apunta contra los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana que habrían tenido contacto con el joven durante la madrugada del 17 de mayo, Alvarenga sostuvo que su declaración apuntó a reconstruir cuál fue la intervención de Investigaciones en las medidas realizadas. Según señaló, ante la Fiscalía expuso sobre allanamientos, búsquedas, hallazgos y tareas investigativas realizadas durante los días en que la fuerza provincial intervino en el caso.
Alvarenga defendió públicamente el trabajo realizado y brindó información sobre la actuación de su área dentro del expediente. "Fue una declaración testimonial donde aportamos todo lo que hicimos. Después será motivo de análisis de la Fiscalía qué hicimos bien o qué hicimos mal", sostuvo.
Según detalló el medio Libertad Digital, el jefe policial remarcó que la investigación fue desarrollada bajo directivas del Equipo Fiscal N° 14, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, rechazó los cuestionamientos sobre la posibilidad de que la Policía provincial investigara a otros efectivos.
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En ese marco, sostuvo que el caso requería más tiempo de análisis por la cantidad de elementos recolectados y las distintas líneas abiertas. "Era una causa compleja. Necesitábamos más tiempo para análisis de teléfonos y para continuar con otras líneas investigativas", indicó.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión del Equipo Fiscal N°14 establecida a mitad de junio, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde. “Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos.
La defensa de dos imputados cuestionó el operativo en un cementerio y denunció irregularidades
La investigación sumó un nuevo procedimiento el pasado domingo. Las autoridades realizaron un allanamiento en el Cementerio Municipal "Jesús de la Buena Esperanza", de la ciudad de Fontana.
La defensa de Nicolás Silva y Antonio Íñiguez, dos de los imputados en la causa que investiga el paradero del joven de 21 años criticó el allanamiento realizado en el cementerio. El abogado Miguel Barceló aseguró que el procedimiento presentó "irregularidades" y sostuvo que las pruebas obtenidas no respaldan la hipótesis investigada.
El letrado cuestionó la forma en que fue llevado adelante el operativo y sostuvo que nunca había presenciado un operativo de esas características dentro de una investigación penal. El procedimiento se enmarca en el cambio de rumbo del caso luego del apartamiento de la Policía del Chaco de las tareas investigativas y el traspaso de la pesquisa a Gendarmería Nacional. Desde entonces, la fuerza federal quedó al frente de las diligencias judiciales, mientras la Policía provincial continúa colaborando únicamente en los operativos de búsqueda en el terreno.
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En ese contexto, días atrás Gendarmería allanó la Comisaría Segunda de Fontana en busca de prendas de vestir y otros elementos que pudieran aportar información sobre el paradero de Axel. Además, la Justicia ordenó la apertura y peritaje de teléfonos celulares secuestrados en la causa, una medida considerada clave para reconstruir comunicaciones, registros de geolocalización y movimientos previos a la desaparición del joven.
La investigación tiene hasta el momento tres personas imputadas: Omar "Kuno" Gómez, acusado por el delito de amenazas simples, mientras que Silva e Íñiguez enfrentan cargos por presunto encubrimiento. El abogado Barceló sostuvo que ninguno de sus representados tenía teléfonos celulares al momento de los hechos.
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