Muy atrás quedó el prometedor comienzo en la lucha contra el Covid-19, cuando las restricciones a la circulación y la ayuda estatal impedían que los casos se masifiquen. En la actualidad, Argentina ya contabiliza 38.216 muertos, es decir cerca de 850 por cada millón de habitantes, lo que la ubica en el sexto lugar entre los países con más muertos en relación a su población, y el segundo en Latinoamérica detrás de Perú. Es en gran medida el producto del giro de la estrategia gubernamental, que luego de auspiciar la cuarentena, para lo cual llegó quintuplicar la ayuda social con cerca de un billón de pesos y a aumentar de 8 a 11 millones la cantidad de argentinos asistidos alimentariamente, pasó a aprobar la liberalización de actividades demandada por la oposición, así como a reducir paulatinamente el gasto extraordinario, básicamente el IFE para argentinos de escasos recursos y el ATP para pymes.
Desde el gobierno, dan cuenta de limitaciones estructurales, agravadas por cuatro años de neoliberalismo de la alianza Cambiemos, todo lo cual limitó enormemente su gestión, afirmando al mismo tiempo que sin el paquete lanzado para enfrentar la pandemia, de cerca de 6,5 puntos sobre el PBI, que lo convierte en el mayor de la historia, los resultados podrían haber sido aún más gravosos, aun cuando las estadísticas marcan que, además de los resultados sanitarios, 3,7 millones de argentinos perdieron su trabajo y 4,1 millones cayeron en la pobreza.
La causa de estas cifras puede ser materia de debate entre el oficialismo y una oposición que, pese a haberse consumido la totalidad del crédito internacional y sumir al país en la recesión económica y el default, e incluso cerrar el ministerio de Salud, clausurar la inauguración de hospitales, y hasta dejar vencer vacunas, utiliza estos números para cuestionar la gestión oficial.
Sin embargo, por detrás del debate, se encuentra la realidad concreta de los ciudadanos más postergados. Medio año atrás, El Destape se contactó con referentes sociales de los barrios populares para conocer como eran, detrás de los números y las estadísticas frías, las vivencias de quienes además de soportar la pandemia deben soportar la injusta distribución de la riqueza.
“Aquí la pandemia se terminó”, ironiza Silvana Olivera, militante de “Peronismo por la Ciudad” e integrante del Comité de Crisis de la Villa 31, el cual fue formado por vecinos, comedores y organizaciones sociales de la zona, cuando al inicio de la pandemia el barrio se quedó sin agua durante un mes y el gobierno de la Ciudad no tomaba medidas. Así, lograron que Aysa reparta bidones de lavandina, pero también consiguieron que se implemente el Operativo Detectar, llevado adelante entre Nación y Ciudad, una base para ambulancias del Same, mayores ayudas alimentarias, y postas sanitarias para el control de los contagios.
Pero ya poco y nada queda de todo eso. Según Olivera, las mayores raciones de comida, siempre de baja calidad, que la Ciudad otorgaba a los 70 comedores de la zona fueron canceladas hace dos meses, para regresar a los niveles previos a la pandemia, con excepción de un bolsón que se le continúa dando a los mayores y otro para quienes deben permanecer en cuarentena, aunque la tardanza en la entrega de este último, de dos semanas a un mes, lo torna ineficaz. De las postas sanitarias, solo queda abierta una, mientras que el operativo Detectar finalizó la semana pasada, reemplazándolo por un testeo rápido. Por su parte la base para las ambulancias Same continúa, aunque en rigor nunca funcionó, pues quienes se dirigen allí son enviados a llamar al 107, tras lo cual la ambulancia debe esperar la llegada de la custodia policial, con lo que la burocracia ocupa el tiempo que antes le demandaba a la ambulancia llegar del hospital. “Ahora, acaban de abrir una feria, es como si la pandemia ya hubiese pasado, y ya no hay campaña de concientización, pese que sabemos que la inmunidad no es para siempre y que en otros países se vive una segunda ola”, añade Olivera.
Desde la Agrupación “Perón Vive” del barrio Ejercito de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, Gastón Parra señala que resulta imposible señalar si, en efecto, existe una inmunidad extendida que justifique la palpable vuelta a la cotidianeidad, pues “el reporte de casos diarios que enviaba el Ministerio de Salud dejó de llegar”. Lo cierto es que con la creciente apertura, las ollas que ofrecían comida bajaron a la mitad, llegando en la actualidad a 200 junto a 150 meriendas semanales, aunque aún se reparten 11.000 bolsones de alimentos mensuales entre vecinos que vieron perder sus changas en la pandemia, para en muchos casos no poder recuperarlas. Los bolsones son entregados gracias a la asistencia del ministerio de Desarrollo y de organizaciones sociales, pero por lo demás ya no existen mayores medidas para enfrentar la coyuntura, que exhibe a un Fuerte Apache con mucha movilidad e interacción, por lo que resulta una incógnita saber cual será el impacto que tendrá un virus que tiene varios meses por delante hasta la llegada de una vacuna que minimice su nivel de letalidad. Parra señala además que, al igual que desde el inicio de la pandemia, el municipio de 3 de Febrero, en manos de alianza Juntos por el Cambio, no solo estuvo ausente, sino que sigue sin realizar campaña de concientización alguna, dificultando incluso operativos sanitarios y de alimentación, por los permisos que requieren para llevarlos adelante.
Desde la organización Garganta Poderosa, señalan a este medio que con las crecientes aperturas su distribución de alimentos dejó de crecer exponencialmente, pero sigue con una suba del 3 al 5 por ciento mensual. De hecho, plantean que “no hay un escenario pos Covid”, pues si al comienzo de la pandemia esta organización repartía 10.000 raciones de comidas en 80 comedores distribuidos en todo el país, hoy ya llegan a 36.000 raciones para 1.700 familias en 141 comedores, además de aumentar de tres a quince las postas de salud sobre información y prevención del Covid en todos los barrios, donde, señalan, “continúan muriendo montones de vecinos”, pese a que los medios de comunicación ya dejaron de reflejarlo.
Es la realidad de los barrios vulnerables, detrás de los fríos números de muertos, personas en situación de pobreza o indigencia, o nuevos desocupados, que está dejando la pandemia en una Argentina estructuralmente injusta.