La discusión sobre la edad de imputabilidad penal vuelve al centro de la agenda política. El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que baja el piso y redefine el Régimen Penal Juvenil. Si bien en un momento pretendió reducirla de 16 a 13 años, en los últimos días cedió para conseguir el apoyo de aliados y consensuó que se fije en 14 años. Qué cambia, cuáles son los argumentos en disputa y cómo se compara Argentina con otros países.
Qué significa la edad de imputabilidad
La edad de imputabilidad penal es el umbral legal que determina desde cuándo una persona puede ser juzgada y eventualmente condenada dentro del sistema penal. Por debajo de ese límite, el menor no puede ser sometido a un proceso penal ordinario.
En la actualidad, en Argentina los menores de 16 años no son penalmente imputables. Esto significa que, si un niño o niña comete un delito antes de esa edad, no puede recibir una condena penal, aunque sí pueden intervenir organismos de protección de derechos o aplicarse medidas socioeducativas.
En cambio, los adolescentes de 16 y 17 años pueden ser imputados, pero bajo un régimen especial y con restricciones específicas, especialmente en función de la gravedad del delito.
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Qué propone el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil
La edad de imputabilidad volvió a instalarse en el centro del debate público tras la inclusión del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso. La iniciativa propone modificar el esquema actual y bajar la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede ser considerado penalmente responsable por la comisión de un delito.
“Es importante señalar que, en el debate parlamentario, distintos bloques y sectores políticos han propuesto edades diferentes, algunos referentes sugieren fijar el piso en 14 años para facilitar consensos legislativos, otros han planteado incluso propuestas más bajas en líneas discursivas, pero el proyecto oficial presentado contempla a los 14 años como límite principal”, explicó Andrés García Vautrin, del Estudio García Vautrin Condomí Alcorta.
El proyecto oficial plantea que el nuevo régimen se aplique a adolescentes de entre 14 y 18 años. De aprobarse, la edad mínima de imputabilidad bajaría de 16 a 14 años.
Sin embargo, la reforma no se limita a modificar el piso etario. También propone un rediseño integral del sistema de responsabilidad penal juvenil, con principios orientados —según el texto— a promover la responsabilidad por los actos cometidos, pero con un enfoque educativo y de reinserción social.
García Vautrin remarcó que el proyecto incorpora límites y garantías específicas. “El proyecto prohíbe expresamente que los adolescentes sean detenidos junto con adultos en lugares comunes de detención. Asimismo, toda privación de la libertad debería realizarse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo”, detalló.
Además, subrayó otro punto central: “Otra prohibición relevante es la de la prisión perpetua para adolescentes, fijando un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Esto significa que, incluso en los casos más graves, no se aplicarían penas superiores a esa duración”.
Sustitución de penas y control judicial
El texto también contempla la posibilidad de que, una vez cumplidos dos tercios de la condena, el adolescente pueda acceder a modalidades alternativas de cumplimiento, siempre bajo supervisión judicial y evaluación técnica. El objetivo declarado es favorecer la reinserción social y evitar que el sistema se limite a un esquema exclusivamente punitivo.
La propuesta incluye la articulación entre intervención judicial, dispositivos educativos, acompañamiento profesional y políticas públicas orientadas a la integración social, lo que configura un modelo de control estatal integral.
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Cómo es la edad de imputabilidad en otros países
El debate sobre la edad de imputabilidad no es exclusivo de Argentina y muestra una amplia diversidad a nivel internacional. En Uruguay, la edad mínima es 13 años; en Paraguay y en países como España e Italia, el límite está fijado en 14 años. En Francia, el piso es 13 años, mientras que en algunos estados de México puede descender hasta los 12 años.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiendan que los Estados establezcan edades mínimas acordes con estándares de protección integral y que cualquier régimen juvenil garantice un tratamiento diferenciado respecto del sistema penal de adultos.
Argumentos a favor y en contra de bajar la edad de imputabilidad
Quienes impulsan la baja de la edad de imputabilidad sostienen que la legislación vigente quedó desactualizada y que el Estado necesita herramientas más claras para intervenir frente a delitos graves cometidos por menores de 16 años.
En cambio, sectores críticos advierten que modificar la edad mínima no resolverá por sí sola los problemas estructurales vinculados a la criminalidad juvenil y que la clave pasa por fortalecer políticas sociales, educativas y de inclusión.
Para García Vautrin, el eje del debate debe ser más amplio: “La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina es un tema técnicamente complejo y socialmente profundo. No se trata únicamente de fijar un número, sino de pensar en cómo estructurar un sistema que garantice justicia, derechos, seguridad y oportunidades de reinserción para adolescentes que se vean involucrados en el delito”. Y concluyó: “El proyecto que ahora se debatirá en el Congreso combina propuestas de reducción de la edad mínima con un enfoque integral que abarca principios procesales, ejecuciones diferenciadas, límites a las penas y medidas orientadas a la educación y resocialización”.
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