Muchas políticas contra el sedentarismo y casi ningún resultado

Si hubiera que elegir un factor crucial para preservar la salud mental, mantener la funcionalidad y la autonomía en edades avanzadas, y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, sería la actividad física. Su práctica regular es fundamental en todas las etapas de la vida, pero en especial para no tener que lidiar con la hipertensión, la diabetes tipo 2, el infarto y el accidente cerebrovascular, patologías que figuran entre las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo.

Hay que moverse más, se sabe. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos semanales como mínimo. El mensaje parece simple, pero a pesar de que se promulgaron una cantidad de normas en la mayoría de los países, en las últimas dos décadas la prevalencia global de inactividad física no cambió: alrededor del 80% de los adolescentes y uno de cada tres adultos en el mundo no lo cumple. 

Un análisis que se publica este lunes en Nature Health, firmado por más de veinte investigadores de instituciones de distintos países, ofrece un diagnóstico de por qué los gobiernos fallaron a la hora de hacer que las sociedades se ejerciten. Los autores llegan a la conclusión de que es poco probable que se alcance la meta de reducir por lo menos el 15% en la inactividad física para 2030.

Los investigadores analizaron documentos de política nacional de más de 200 países y realizaron entrevistas en profundidad con 46 responsables políticos, académicos, directores de organismos internacionales y expertos en transporte, urbanismo y sostenibilidad. Los datos muestran que, aunque sobre el papel la situación mejoró (desde 2004, casi el 92% de los 218 países analizados adoptaron políticas que incluyen la promoción de la actividad física), existe todavía una brecha enorme entre sancionar una ley y aplicarla.

“Creo que este estudio es importante porque hace una llamada de atención a los políticos y a la sociedad en general sobre la importancia de desarrollar estrategias que eviten la actual pandemia de inactividad física que, recordemos, es de forma directa o indirecta una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial –le dijo a Science Media Centre Pedro Valenzuela, investigador de la Unidad de Fisiología de la Universidad de Alcalá que no participó del trabajo–. El estudio se basa en preguntas realizadas a políticos, académicos y otras personalidades relacionadas con la salud y la actividad física, para conocer su percepción sobre qué se está haciendo en sus países para aumentar la actividad física. Los resultados arrojan algo que muchos intuimos: aunque en la última década la evidencia en torno a los peligros de la inactividad física ha crecido exponencialmente, las estrategias para evitarla siguen sin ser una prioridad a nivel político, y las pocas estrategias que se propusieron no parecen haberse aplicado con eficacia. La actividad física sigue siendo la gran olvidada. Invertimos más en tratamiento de enfermedades que en su prevención. Este contexto es especialmente preocupante en los países o zonas menos desarrolladas, aunque incluso en Europa sigue sin establecerse un programa de acción claro para evitar la inactividad física en distintos contextos y entre los diferentes grupos poblacionales (niños, adultos y mayores). Se necesita coordinar distintas áreas para luchar contra la inactividad física de forma efectiva”.

Como sucede con frecuencia, las medidas sanitarias que más impacto tienen son las que se toman fuera del consultorio. Un ejemplo de ello son las obras de saneamiento y agua potable. Así, el urbanismo, la escuela, los clubes y la gobernanza de las distintas jurisdicciones podrían hacer mucho para facilitar el acceso a la actividad deportiva. En la Argentina la Ley del Deporte N° 20.655, sancionada ya en 1974, establece que el Estado considerará la universalización del deporte como derecho de la población y como factor de salud integral. Sin embargo, no sabemos qué parte de la sociedad efectivamente lo practica de forma sostenida porque no existe un organismo que se encargue de recoger en forma sistemática esa información.

Un análisis reciente del licenciado Gabriel Rivero, docente universitario y ex Secretario de Deportes de San Luis, subraya que los esfuerzos por masificar el acceso al deporte y la actividad física chocan con limitaciones estructurales y con la insuficiente asignación anual de recursos para garantizar la continuidad y expansión de los programas deportivos. Para hacerse una idea de lo que esto implica, menciona que Brasil maneja un presupuesto deportivo de unos 568 millones de dólares anuales y Chile unos 202 millones, mientras que la Argentina se ubica muy por debajo de esas cifras (para 2026, los clubes de barrio y pueblo recibirán apenas 250 millones de pesos, un recorte del 98.6% frente a 2023 y del 78% contra 2025, afirma "Táctica, laboratorio del deporte argentino". Prácticamente desaparecieron como partida significativa). En promedio, los países de la Unión Europea destinan el 0,8% de su presupuesto total a recreación y deporte. Para equipararlos, deberíamos multiplicar por 15 lo que actualmente tiene asignado el área deportiva.

Según el informe “Táctica, laboratorio del deporte argentino", el presupuesto asignado al deporte para 2025 sufrió una caída del 56% en términos reales en comparación con 2023.  Entre los programas con mayor desfinanciamiento se destacan los Juegos Nacionales Evita, con una caída del 65% en términos reales (y el recorte de disciplinas); la reducción del 87% en obras de infraestructura para clubes; y la baja del 77% en inversión para polideportivos municipales. Estos porcentajes corresponden al presupuesto asignado para 2025 versus 2023, no a la ejecución real, que fue aún peor: el programa Polideportivos en Obra tuvo 0% de crédito ejecutado, al igual que el Programa Federal de Infraestructura Deportiva, y las transferencias a provincias para los Juegos Evita apenas alcanzaron el 52% de ejecución.

El sistema deportivo argentino es único en el mundo por la relevancia de sus clubes de barrio. Según la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023, el 56% de quienes practican deporte en el país están o estuvieron asociados a un club. Y son precisamente los clubes los que más sufrieron el desfinanciamiento, con la desaparición de las transferencias a instituciones sin fines de lucro.

Por último, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) organizaba jornadas de formación sobre deporte adaptado con el objetivo de fortalecer políticas inclusivas, y facilitar el acceso a actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad, pero fue disuelta en diciembre de 2025 en el marco del escándalo por las coimas y cuando sus fondos habían caído un 20% aproximadamente en términos reales. 

En este escenario, lo que pueden hacer las provincias se ve muy limitado. Por ejemplo, el programa de “Plazas Saludables”, que en la Provincia de Buenos Aires entregó equipamiento para promover la actividad física gratuita en 188 hospitales públicos y espacios verdes musicales, debió interrumpirse porque se canceló el financiamiento nacional.

Entre los hallazgos del estudio en Nature Health, merece mencionarse que solo el 38,7% podían considerarse políticas integrales (es decir, aquellas en las que tres o más sectores tienen asignadas acciones específicas).  Y lo que es más revelador: solo el 14,1% mencionaba los mecanismos de implementación necesarios: tareas concretas, presupuesto asignado, plazos y responsables. En otras palabras: la mayoría de los países tienen documentos que declaran que la actividad física es importante, pero sin los engranajes necesarios para que algo cambie en la práctica.

Los investigadores identifican cuatro grandes obstáculos. El primero es la excesiva medicalización del problema. La actividad física se presenta casi exclusivamente como una herramienta para prevenir enfermedades crónicas, dejando en segundo plano los efectos inmediatos, como la mejora de la salud mental, el refuerzo del sistema inmunitario, las conexiones sociales y el bienestar infantil. Eso la convierte en algo poco urgente para los políticos, cuyo horizonte de acción rara vez supera un mandato electoral. 

El segundo es un mensaje poco claro. La inactividad física es un factor de riesgo importante para las enfermedades no transmisibles, pero su carga fue sistemáticamente subestimada en las métricas globales de salud. Se estima que contribuye a más de cinco millones de muertes anuales, con un riesgo de mortalidad comparable al del tabaquismo o la obesidad. Sin embargo, los sectores de transporte, urbanismo o medio ambiente, que podrían ser aliados clave, no se sienten interpelados por este enfoque sanitarista.

El tercero es la falta de liderazgo unificado Los expertos coinciden en que la gobernanza de la actividad física está limitada por la ausencia de un "hogar oficial" dentro de algún sector o institución específica: es importante para todos, pero nadie se hace cargo.

Por último, industrias como la del automóvil, los combustibles fósiles o el entretenimiento digital configuraron entornos que desincentivan el movimiento y no tienen una contrapartida que lo promueva.

A diferencia del consumo de tabaco, que goza de una alta prioridad política global, la crisis mundial de inactividad física no recibe una atención comparable, a pesar de que sus consecuencias en la salud son equivalentes. De acuerdo con los autores, las políticas contra el tabaquismo funcionaron porque regulan un comportamiento único y negativo, cuentan con un marco internacional vinculante y tienen clara definición del problema. En cambio, la actividad física es un comportamiento positivo que debe promoverse, se manifiesta de formas muy diversas según el contexto cultural y económico, y sus efectos son invisibles (ya que no se puede demostrar cómo opera sobre una enfermedad que nunca ocurrió). 

En cuanto a ejemplos positivos, moderadamente exitosos, el estudio destaca dos: Irlanda (que en 2016 publicó su primer plan nacional autónomo de actividad física con objetivos concretos para distintos grupos de población, asignación de responsabilidades y financiación específica; y Colombia, que lleva décadas construyendo una infraestructura política multisectorial para la promoción de la actividad física, aunque la proporción de adultos colombianos que cumplen con las recomendaciones de actividad física avanzó muy poco en los últimos años.

Para que la actividad física deje de ser "la Cenicienta" de la salud pública y empiece a ocupar el lugar que le corresponde, los expertos recomiendan llegar a un consenso isobre qué tipo de políticas se necesitan; ampliar el relato más allá de las enfermedades crónicas (incorporando los beneficios para la salud mental, la economía y el envejecimiento saludable); clarificar el liderazgo multisectorial: quién hace qué, con qué recursos y con qué plazos; e incorporar actores no convencionales al esfuerzo de promoción (empresas tecnológicas, grupos de acción climática, comunidades locales) .

“Este grupo tiene una vasta experiencia en la materia y analizó con detalle las políticas públicas de multitud de países, por lo que los datos aportados tienen un alto rigor y valor científico”, aseguró Javier Sayavera, profesor titular del Área de Educación Física y Deportiva de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que tampoco participó del estudio, a Science Media Centre.