Preocupación en Santa Fe por el aumento de crímenes organizados en las cárceles

Un informe pone de relieve una situación cada vez más acuciante: cómo un sistema carcelario permeable y sin fondos pueden derivar en altos niveles de violencia locales

20 de mayo, 2022 | 19.39

La justicia federal tuvo en Rosario un encuentro, centrado en el tratamiento del narcotráfico, que generó más fotos en los medios e incomodidades a la población local que respuestas formales a la problemática sobre la que giró el evento. Ese mismo marco, el intendente Pablo Javkin se reunió con Diego Iglesias, director de la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), organismo que pone el ojo en la planificación de hechos delictivos y ataques armados de la criminalidad organizada en las cárceles de Santa Fe.

El informe, que lleva por nombre “Análisis institucional sobre el fenómeno de la Narco-criminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios”, fue elaborado y elevado a la Procuraduría General de la Nación el 21 de septiembre del año pasado. El documento inicia su recorrido resaltando “con gran preocupación sobre el avance de esta manifestación criminal, la cual trae aparejadas, por un lado, serias amenazas contra la seguridad de la población y, por otro, contra los distintos operadores del sistema de administración de justicia. 

Se evidenciaron maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios por parte de personas que se encontraban privadas de su libertad cumpliendo condenas o prisiones preventivas por la comisión de otros delitos similares" dice el informe. 

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En línea con esto, la PROCUNAR indica que “se detectó la existencia de personas que ocuparon los eslabones jerárquicos superiores de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios y que, luego de ser condenados o procesados y privados de su libertad, continuaron interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”.

Los teléfonos de la miseria

El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, que vio con buenos ojos este encuentro de los magistrados del fuero federal, informa que hubo 5841 teléfonos celulares decomisados en las cárceles santafesinas, mientras que sólo en el primer cuatrimestre, la cifra asciende a 2021 dispositivos.

La PROCUNAR pone de manifiesto en su trabajo que, si bien la ley 24.660 de Ejecución de la Pena prohíbe expresamente el uso de celulares y de comunicaciones hacia el exterior del penal por medio de la dispositivos móviles o teléfonos privados, esta artículo de la norma no se cumple y Gálvez afirma que hay diferentes cuestiones que hacen a la no inhibición de las señales móviles en los institutos penales. “Cuando a nosotros nos ingresa un jefe de una banda narco, ese jefe de un día para el otro no se inactiva. Desde hace 10 años atrás el perfil de los altos perfiles resulta difícil bloquearles todo tipo de comunicaciones”, describe.

Gálvez explica que los teléfonos celulares entran por varias formas, ya sea por las visitas de los internos, por medio de la ayuda de trabajadores del servicio penitenciario o con contactos con profesionales, que son canales de comunicación con el exterior aparte de los propios dispositivos. El funcionario propone generar un espacio que sea específico para personas de alto perfil dentro de la criminalidad organizada que se encuentren privados de su libertad. 

“El perfil de los altos perfiles presos en Santa Fe ha cambiado entre los últimos cinco y diez años” dice Gálvez, y advierte que “el perfil de los líderes narcos requiere de una infraestructura con la cual nunca se pensó en el servicio penitenciario, ni provincial ni federal”, lo cual hace a la dificultad para poder cubrir todos los frentes por los cuales los internos puedan comunicarse con el exterior.

Para muestra, un botón: el 14 de julio del 2020, dos sicarios tocaron a la puerta del exconcejal de Rosario y referente barrial Eduardo Trasante, al cual ultimaron de dos disparos frente a su familia, siendo las 15 hs de un día soleado. A dos años del truculento crimen, las pistas conducen a dos internos de la Unidad Penitenciaria nº 11, en la localidad de Piñero, quienes mantienen vínculos con la banda de Los Monos, aunque no está claro el móvil del homicidio ordenado desde la cárcel, y la causa sigue en investigación.

En un mismo lodo y manoseados 

Jaquelina Balangione, titular de la defensoría pública de la provincia de Santa Fe, en diálogo con El Destape, entiende que el sistema penal actual es selectivo respecto de sus internos, lo cual hace a la persecución de un determinado sector social, lo cual lleva al crecimiento cada vez más desmesurado de la población carcelaria, donde se encuentran ladrones de poca monta con altos perfiles del narcotráfico. Un caldo de cultivo que genera en los pabellones santafesinos una espiral ascendente de relaciones espurias. 

“Tenemos un sistema penal que es muy selectivo que recae, principalmente, en los sectores con menos recursos económicos de la población”, dice la defensora pública. “Eso lleva a seleccionar un tipo de casos que son en general los que abultan los números de investigaciones, que apunta a investigar delitos contra la propiedad y de menor envergadura", agrega. Según Balangione, esta situación "provoca un número muy grande de gente encarcelada, lo cual repercute en la problemática del encierro". 

"Hay una gran vocación de encierro tanto de parte de fiscales como de jueces" la cual, según la defensora, tiene que ver con una presión política, mediática y social que recae sobre los letrados que toman las decisiones sobre la libertad o prisión de los procesados. "Sobre los fiscales tiene que ver con un criterio más eficientista que cuanto a la cantidad de causas, seleccionando las causas que agarran y eligiendo el criterio del encierro como la única respuesta que el Estado da". 

Empleados mal pagos, con sistemas de horarios mortificantes y un ambiente muy pesado de trabajo que lleva a dificultades psiquiátricas o a consumos problemáticos. En este marco Balangione intenta dar una explicación los altos niveles de corrupción dentro de la institución carcelaria, la cual no ha tenido ingresos de nuevos agentes penitenciarios, al menos en Santa Fe, desde el año 2018.

La funcionaria entiende que “la política criminal general en Argentina destina pocos recursos a la investigación de delitos de guante blanco”, ya que es mucho más difícil investigar este tipo de crímenes dado que “las personas que los cometen cuentan con recursos económicos y por lo tanto con muy buen asesoramiento”. Esta situación hace a su vez de escollo para la investigación de los circuitos del lavado y el blanqueo del dinero de estas organizaciones delictivas, como lo es el juego clandestino y la venta de estupefacientes y armas. Principales columnas de la criminalidad organizada en Santa Fe. 

Desde las cárceles no sólo se planifican delitos relacionados a la criminalidad organizada, sino que "se captan personas para integrar esas bandas en los últimos eslabones. Tira-tiros, sicarios, mulas, vendedores de droga al menudeo”, entre otras actividades ilícitas.

El informe de la PROCUNAR determinó “que estas actividades son contrarias a los fines de la ejecución de la pena, constituyen un especial problema para la persecución penal desde dos perspectivas. Por un lado, porque evidencian que la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de las organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas. Por el otro lado se indicó que, en esas circunstancias, las medidas para llevar adelante la investigación comúnmente enfrentaran dificultades adicionales propias del escenario donde se despliega la conducta delictiva”.

En el día a día, Balangione lo que ve es que "en el encierro no hay discriminación" entre los distintos tipos de delitos sindicados a los internos, con la excepción de los detenidos por agresión sexual, que son separados del resto de la población carcelaria por la tendencia en los diferentes institutos penal en que éstos son agredidos por los restantes compañeros de pabellón y por los propios agentes del Estado. Agregando a esta lectura, secretario Walter Gálvez alerta que no existen penales exclusivamente destinados al fuero federal en Santa Fe, lo cual lleva a que los detenidos por delitos como el narcotráfico o la trata de personas compartan pabellón con personas privadas de su libertad sin una condena firme por delitos de poca estofa.

En cuanto al común de los demás delitos que generan encierro, los internos "no están discriminados entre quienes son reincidentes, quiénes están por menos de equis tiempo porque cometieron delitos más leves, comparten espacio con personajes más grosos, digamos, que son los que si están cumpliendo penas altas, culpabilizados de delitos que son de mayor envergadura o ya cumpliendo penas que son largas". Balangione entiende que "con esa mezcla de perfiles de personas que se encuentra en conflicto con la ley penal o que son investigadas, son fácilmente captados por esta gente de más peso y se mezclan en estos pabellones donde el autor primario, el delincuente que delinque por primera vez, y lo hace por poco tiempo porque cometió un delito meramente contra la propiedad, cuando salen, salen ya vinculados. Desde una mirada criminológica, tiene que ver con hasta un empoderamiento de estos muchachos que vuelven a sus barrios". 

"Estos jóvenes que entran por delitos contra la propiedad", que es la calificación que explica el 38,3% de la población carcelaria, "las mismas situaciones los llevan a que, dentro de una cárcel que no les ofrece otra perspectiva, otras opciones para poder ver la vida de otra manera, tener otras herramientas, son captados para ganar dinero fácil, integrando estructuras donde venden drogas detrás de una pared o, particularmente en Rosario, trabajar de sicarios o tiradores". "Es una situación muy delicada socialmente, con ausencia de verdaderos programas de políticas públicas para ver realmente qué hacemos para erradicar estas problemáticas, y la única respuesta que el Estado sigue dando, que es unidireccional, es la cárcel", concluye Balangione.

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