“Veníamos de estar toda una tarde marchando entre amigas, y decidimos terminar el día comiendo una pizza a unas cuadras de Plaza de Mayo y junto con la lluvia empezó la represión policial de un modo totalmente inesperado. Fue muy veloz y muy violenta”, recordó Laura Arnes, militante feminista que deuvieron el 8 de marzo de 2017, durante la tradicional movilización por el Día Internacional de la Mujer. Ese 8 de marzo, cuando la columna del Paro Internacional de Mujeres ya se había dispersado y las calles comenzaban a vaciarse, un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad desplegó una represión que terminó con 21 personas detenidas de manera arbitraria. Mujeres, lesbianas y bisexuales que no habían cometido ningún delito fueron arrastradas, insultadas y trasladadas a comisarías donde sufrieron golpes, humillaciones y requisas vejatorias. A todas se las acusó falsamente de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Once meses después, fueron sobreseídas.
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“Yo quedé muy asustada. Durante todo ese año no me animé a marchar. Lo justo, lo que espero, es que la violencia que se efectuó contra nosotras sea reconocida como violencia”, enfatizó la militante. Hoy, ocho años más tarde, los funcionarios imputados declararon por primera vez, y resta que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59 resuelva si procesa a los jefes y oficiales que comandaron aquel operativo: el comisario mayor Héctor Cajida, el subcomisario Javier Monteamores, el comisario inspector César Darío Gambarte, el subcomisario Octavio Mazzoni, el comisario Mario Andrés Camacho y el subcomisario Víctor Manuel Leyes.
Los funcionarios imputados declararon por primera vez en 2025, y resta que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59 resuelva si procesa a los jefes y oficiales que comandaron aquel operativo: el comisario mayor Héctor Cajida, el subcomisario Javier Monteamores, el comisario inspector César Darío Gambarte, el subcomisario Octavio Mazzoni, el comisario Mario Andrés Camacho y el subcomisario Víctor Manuel Leyes.
El conflicto es actual: algunos de los imputados siguen en funciones dentro de las fuerzas de seguridad. Cajida está actualmente a la cabeza de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Policía Federal Argentina, desde donde continúa interviniendo en la planificación operativa y ejecución de despliegues policiales durante las protestas de cada miércoles.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) opina que la continuidad de Cajida en un puesto de conducción táctica y política, nombrado por la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, mientras está formalmente acusado de delitos y bajo investigación por su rol en la represión del 8M, deja en evidencia la persistencia de una política de seguridad que premia la violencia institucional y garantiza impunidad a quienes la ejercen.
Este medio intentó contactarse con la Policía Federal Argentina para conocer su posición sobre los hechos y el estado de la causa, pero desde la fuerza prefirieron no responder.
Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo de la Defensoría Pública de Víctimas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y querellante en esta causa junto al CELS, aclaró a El Destape: “No negamos que hubieran existido en las inmediaciones de la Catedral disturbios provocados por los y las manifestantes”. Sin embargo, indicó, el punto es otro: “Lo que está siendo investigado no son intervenciones legítimas frente a disturbios, sino los abusos cometidos por algunos funcionarios de policía contra mujeres que no estaban participando de los incidentes y que ni siquiera estaban en esa zona cuando fueron detenidas. No existe un ‘vale todo’”.
“Acá se acusa a algunos policías por haber cometido delitos muy graves, completamente acreditados. Hubo detenciones sin causa, amenazas brutales —como decirle a una de las chicas ‘callate negra de mierda, te voy a romper el brazo’—, golpes, insultos xenófobos, tratos humillantes y hasta está filmado cómo a una chica la arrastran por el piso entre varios policías”, completó.
Además, según adujo el defensor, en la comisaría varias detenidas fueron obligadas a desnudarse sin ninguna justificación, otras fueron manoseadas y algunas incluso sometidas a revisiones vaginales invasivas, mientras se las insultaba.
Después, para encubrir todo eso, se falsificaron actas y testimonios policiales para inventar que estas mujeres estaban prendiendo fuego tachos o tirando piedras, algo que hoy está totalmente desmentido.
Aquel día
El uso desproporcionado de la fuerza pública en protestas pacíficas en Argentina llegó a niveles muy altos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestó su preocupación e instó al Estado a respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y a abstenerse de criminalizar la protesta.
Natalia Milduberger, también militante feminista detenida el 8M, recordó: “Ya nos disponíamos a volver a nuestra casa y empezamos a ver gente corriendo, gente que llegaba lastimada, mientras veíamos a la policía avanzar por Avenida de Mayo. Vinieron hacia nosotras y nos detuvieron. Eso derivó en estar toda la noche en dos comisarías”.
En conversación con este medio, Agustina Lloret, coordinadora del equipo de litigio y defensa del CELS, señaló que este tipo de operativos tienen un impacto disciplinador y de control social que trasciende a la propia víctima: “El miedo retrae y desalienta cualquier tipo de manifestación social”. En esa línea, Milduberger compartió que “la agenda de la organización tuvo que cambiar y contemplar estrategias de cuidado colectivo ante el miedo de que eso pudiera seguir pasándonos”.
Para Lloret, muchos elementos del caso 8M siguen vigentes casi diez años después: “Tenemos la misma política de seguridad, absolutamente regresiva y violatoria de derechos: el derecho a manifestarse, a asociarse, a la integridad física, a la libertad. Son derechos que se vulneran todas las semanas desde la asunción de este gobierno”. Considera que la causa podría sentar un precedente clave que obligue al Poder Judicial a establecer estándares claros sobre prácticas policiales que “son nefastas para el ejercicio de un derecho fundamental”.
Según las organizaciones querellantes, el 8M de 2017 es un caso emblemático dentro de las prácticas de represión y criminalización de la protesta en la Argentina reciente. Aquel operativo —marcado por una coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces ya bajo la gestión de Patricia Bullrich— inauguró un esquema que luego se replicaría en las marchas por Santiago Maldonado y en las movilizaciones de diciembre de ese mismo año.
El expediente que sobrevivió a la lentitud judicial
La historia judicial del caso también expone un patrón que se repite cada vez que se investiga el accionar policial en contextos de protesta: dilaciones, trabas y un impulso procesal que depende casi exclusivamente del trabajo de las querellas.
Para Pablo Rovatti, las demoras no son una excepción sino parte de un problema estructural: “No puedo dejar de llamar la atención sobre el problema de las demoras, de los tiempos muertos, del tiempo que pasa sin justicia. Esto se agrava en la investigación de hechos de violencia institucional”.
Por su parte, Lloret sostuvo que gran parte del avance de la causa se logró gracias a la intervención de las querellas: “Nos encontramos con algo que es una constante o un patrón en los casos de protesta social. En investigaciones en las que se busca esclarecer delitos cometidos por la policía, para llevarlos a juicio y eventual sanción, aparecen dificultades para impulsar estos casos”.
A las demoras propias del sistema se sumaron maniobras defensivas de los imputados —que pidieron prórrogas y postergaciones una y otra vez— y una decisión del juzgado que casi hizo naufragar el expediente: declararse incompetente y derivar la causa al fuero federal. Incluso hoy persisten obstáculos básicos, como la imposibilidad de localizar a uno de los policías imputados.
La Coordinadora del CELS sabe que los imputados son pesos pesados: “Cajida es una persona del riñón de Patricia Bullrich. Hoy es un policía retirado que tiene un cargo altísimo, de la superintendencia de despliegue territorial ad honorem para el Ministerio de Seguridad Nacional. Tiene un nivel de injerencia e intervención en los operativos que vemos semana tras semana altísimo también. Además, tiene abogados específicos de la Policía Federal”. En suma, “fue uno de los que más impulsaba la idea de que la causa 8M se fuera al fuero federal para que quede cajoneada”.
Estos nombres, dijo, reaparecen en la escena y le dan una vigencia muy grande a la situación del gobierno nacional con relación a la protesta social.
La “resistencia a la autoridad” como anzuelo
Para el CELS, la causa también dejó en evidencia un mecanismo recurrente en operativos policiales de este tipo: la construcción de una acusación falsa para justificar detenciones sin motivos legales. La figura de resistencia a la autoridad fue utilizada como “anzuelo”, dijo Lloret. Y explicó la lógica con la que funcionan: “Voy a provocar a la persona que no está haciendo nada, la agredo, me la quiero llevar tirada de los pelos. La persona naturalmente se resiste porque no entiende lo que pasa. Y detrás de eso digo: acá se configura la resistencia a la autoridad. Ellos mismos construyen el motivo por el cual después te llevan detenida”.
Ese mecanismo permitió pedir detenciones “en flagrancia” que luego resultaron insostenibles. La prueba reunida en la causa demostró que la policía actuó sin motivos legales y que las actas fueron falsificadas para encubrir el operativo. Eso derivó en los sobreseimientos de las víctimas y abrió la puerta a esta investigación penal contra los policías.
Hoy, mientras las querellas esperan una resolución antes de fin de año y la venidera feria judicial, Lloret resume el proceso con claridad: “Fue un trabajo muy arduo. Logramos que sienten a los policías a indagatoria y ahora esperamos el procesamiento. Todo lo que declararon no es consistente con la prueba que tenemos”
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