La tragedia de la calle Páez 2796, en el corazón de Flores, volvió a quedar envuelta en la sombra de la impunidad tras confirmarse que el juicio oral por la muerte de dos niños en un taller textil clandestino fue suspendido debido a la fuga de los principales imputados. El caso, que conmocionó al barrio en abril de 2015, expone hoy una parálisis judicial de siete años que permitió que los responsables cruzaran la frontera sin mayores obstáculos, mientras los funcionarios a cargo centraban su agenda en causas de altísimo perfil político.
El incendio ocurrió en una casona en la intersección con la calle Terrada, un sitio que ya había sido señalado por la organización La Alameda en septiembre de 2014, cuando denunciaron la existencia de seis centros de explotación laboral en esa misma cuadra. Aquella mañana, Rodrigo, de 10 años, y Rolando, de 5, quedaron atrapados en el sótano donde dormían. Los hermanos, de nacionalidad boliviana, vivían allí junto a sus padres en condiciones de semiesclavitud. Cuando los bomberos intentaron el rescate, se toparon con una barrera literal: las puertas y ventanas habían sido tapiadas con ladrillos y cemento, una maniobra recurrente para blindar el ruido de las máquinas y eludir inspecciones.
Los dueños del establecimiento, Sung Yop Lee y Choi Jung Hee, fueron procesados en marzo de 2016 por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Para 2018, la instrucción estaba cerrada y la causa lista para elevarse a juicio oral, pero el proceso entró en un letargo administrativo que se extendió por casi una década. Recién el pasado 19 de diciembre se fijó la fecha de inicio del debate para esta semana próxima, pero la notificación judicial llegó demasiado tarde: al no hallarlos en el domicilio declarado, solicitaron informes de Migraciones que confirmaron que Lee y Hee cruzaron hacia Brasil por Iguazú el 16 de junio de 2022 y nunca regresaron. Se dieron cuenta cuatro años más tarde.
Resulta inevitable contrastar esta parálisis con la febril actividad que mantuvieron los responsables de la causa durante ese mismo período. El juez Jorge Luciano Gorini y el fiscal Diego Luciani, quienes no movieron un solo dedo en siete años para que hubiera justicia por dos niños esclavizados y muertos, son los mismos que concentraron sus mayores esfuerzos y recursos en el juicio de la Causa Vialidad para lograr la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras la celeridad y el rigor se aplicaban con determinación en Comodoro Py para la agenda política, el expediente de los hermanitos de Flores juntaba polvo en algún despacho demostrando la existencia de dos tipos de Justicia.
La semana pasada, Gorini dictó una resolución declarando a los dos ciudadanos coreanos en rebeldía y suspendió formalmente las audiencias previstas para este 25 de marzo. Así, mientras a la ex presidenta le prohibieron la salida del país, embargaron sus bienes y restringieron visitas, los dos ciudadanos coreanos pudieron salir del país sin inconvenientes pese a ser investigados por dos muertes.
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