"Desde la provincia de Buenos Aires tenemos que generar una herramienta que proteja nuestras tierras". Así resumió Noelia Saavedra, en diálogo con El Destape, el objetivo del proyecto presentado en la Legislatura bonaerense para crear un régimen propio de protección de las tierras rurales, en la antesala del debate que el Senado iniciará este jueves sobre la modificación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La diputada provincial de Unión por la Patria e integrante del espacio Reconquista, que conduce la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, explicó que la iniciativa busca dotar a la provincia de herramientas propias para controlar la compra y el uso de las tierras rurales, especialmente en zonas consideradas estratégicas por su valor ambiental, productivo y por la presencia de recursos naturales.
La iniciativa fue presentada por el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense bajo el título "Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales". El proyecto lleva las firmas del presidente del bloque, Facundo Tignanelli, y de las diputadas Noelia Saavedra y Cintia Romero, y busca mantener el límite del 15% a la titularidad extranjera establecido por la legislación nacional, además de incorporar nuevas herramientas de control sobre la compra, el uso y la explotación de las tierras rurales dentro del territorio provincial.
En paralelo a la presentación realizada en la Cámara de Diputados bonaerense, senadores de Unión por la Patria también impulsaron una iniciativa propia vinculada a la protección de las tierras rurales. El proyecto, denominado “Régimen de Protección al Dominio Estratégico sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, fue firmado por Malena Galmarini, Ayelén Durán, Pedro Borgini, Germán Lago, Jorge Paredi y Adrián Santarelli, y plantea establecer herramientas para limitar la extranjerización del territorio provincial.
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El proyecto presentado por los disputados bonaerenses surge como respuesta al debate abierto por el Gobierno nacional en torno a la Ley de Tierras. Según Saavedra, la propuesta de La Libertad Avanza busca eliminar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y profundizar el proceso de desregulación iniciado con el DNU 70/2023. "Lo que trata de hacer es eliminar cualquier tipo de restricción para que los sectores económicos concentrados y extranjeros puedan quedarse con nuestros recursos naturales", advirtió la integrante del espacio Reconquista.
Según explicó la legisladora, la iniciativa bonaerense toma como base la Ley de Tierras y busca dotar a la Provincia de herramientas propias para controlar quién adquiere las tierras, quién las administra y qué uso se les da, especialmente en aquellas zonas consideradas estratégicas por su valor ambiental, productivo y por la presencia de recursos naturales.
Sin fecha definida para su tratamiento en la Legislatura bonaerense, ambos proyectos buscan establecer mayores controles sobre la adquisición y el uso de tierras rurales en la provincia, con especial foco en las operaciones que involucren capitales extranjeros.
Los principales cambios que propone el proyecto
El proyecto que impulsa Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense comenzó a gestarse mucho antes de que el Senado retomara el debate sobre la Ley de Tierras. Saavedra explicó que la iniciativa fue presentada originalmente en 2024, tras el intento del Gobierno nacional de derogar la norma mediante el DNU 70/2023, y que este año volvió a ingresar con modificaciones que incorporan nuevas herramientas de control, como el Registro Provincial de Tierras Rurales y un régimen especial para las Zonas de Protección Territorial Estratégica. "Sabemos que si avanza lo nacional, nosotros tenemos que tener alguna herramienta para proteger lo nuestro", afirmó la diputada.
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la creación de un Registro Provincial, que permitirá concentrar información sobre la propiedad rural y conocer no solo quién figura formalmente como titular, sino también quién controla efectivamente esos inmuebles y cuál es el destino que se les da. "Podamos conocer hoy en manos de quiénes están nuestras tierras, pero también qué uso le dan", explicó la integrante del espacio de Mariel Fernández,.
Además, el proyecto incorpora la identificación de los beneficiarios finales de las sociedades y fideicomisos que adquieren tierras rurales, con el objetivo de evitar que el verdadero control quede oculto detrás de estructuras societarias. A su vez, establece un régimen especial de protección para la Zona Núcleo Provincial y las Zonas de Protección Territorial Estratégica, donde la Provincia tendría mayores herramientas para supervisar la adquisición y el uso de las tierras.
Dentro de esas áreas se incluyen las cuencas hídricas, humedales, costas, áreas naturales protegidas, cordones hortícolas y territorios vinculados a la agricultura familiar. En esos casos, no solo la compra de tierras, sino también otras formas de aprovechamiento económico, como fideicomisos o arrendamientos de largo plazo, deberían contar con autorización previa del Estado provincial. "Entendemos que todas esas zonas tienen que ser protegidas y que cualquier tipo de modificación en la adquisición o en el uso de ese suelo tiene que estar aprobado o supervisado por el Estado provincial", sostuvo Saavedra.
"Entendemos que la propiedad privada hay que respetarla, pero también que la tierra tiene una función social, que la tierra es alimento, que la tierra es la fuente del agua y que no puede priorizarse la propiedad privada por sobre un montón de otros derechos", concluyó la legisladora.
Argentina se debate en el Senado
Este jueves el Senado debatirá el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que busca modificar el régimen de tierras rurales y eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros. La iniciativa apunta a reemplazar el esquema establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijó un límite del 15% a la titularidad extranjera sobre las tierras rurales y estableció condiciones para la compra de esos inmuebles por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
El proyecto generó el rechazo de distintos sectores políticos, que advierten que una mayor apertura podría afectar el control sobre recursos estratégicos y la soberanía territorial. En ese contexto, desde la provincia de Buenos Aires impulsan una legislación propia para mantener los límites vigentes e incorporar nuevas herramientas de control sobre las tierras rurales.
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