Reforma Laboral y Sindicalismo

12 de julio, 2021 | 07.40

Todo está grabado en la Memoria, es el título de una extraordinaria canción de León Gieco. Expresa una Verdad siempre necesaria de tener presente para alcanzar la Justicia en cualquiera de sus manifestaciones, también la Justicia Social.

No olvidar, un imperativo

El 7 de julio ha sido declarado por ley del Congreso de la Nación (N°27.115 del 17/12/2014) “Día del Abogado Laboralista”, honrando y conmemorando a las víctimas del terrorismo de Estado que en 1977 fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por el ejercicio de la abogacía en defensa de los derechos laborales.

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Entre ellos se contaba Norberto Centeno, a quien se le reconoce la autoría del Proyecto de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), destacado jurista, asesor sindical y de la CGT, abogado laboralista y militante peronista, con una extensa trayectoria en la lucha por las y los trabajadores.

En los debates que precedieron a la elaboración definitiva de ese Proyecto, uno de los principales temas de conflicto fue en torno al tipo de estabilidad que se garantizaría en el empleo, si sería “plena” -asegurando la permanencia en tanto no mediara una justa causa para el cese- o “relativa” -habilitando el despido libre (sin causa) pero indemnizado-. Resultando esta última la que se estableció en la ley (LCT – Ley 20.744), sancionada por el Parlamento en septiembre de 1974 y que con esa regulación se mantiene hasta el presente.

Pero ya por entonces, las representaciones cupulares empresarias pugnaban por un sistema absolutamente flexible como el que regía para la industria de la construcción (por decreto-ley 17.258/68 de la dictadura de Onganía), empeorado por otra ley de facto en 1980 (N°22.250 de Videla) y que, inexplicablemente, sigue vigente hasta la actualidad.

Un régimen que dispone un “fondo” miserable (de “desempleo”, ahora llamado de “cese laboral”) que reemplaza a las indemnizaciones en casos de cesantías injustificadas, consagrando una inestabilidad absoluta en el empleo y violando una expresa garantía constitucional (de protección contra el despido arbitrario, conforme el art. 14 bis C.N.).

Régimen, cuya ampliación a todo el sector privado es un viejo anhelo empresarial que, una y otra vez desde hace más de 50 años, lo postula como paradigma de la “modernidad”.

Entre las muchas virtudes de la LCT elaborada por Centeno que, salvo en el tema antes referido y en algunos otros aspectos de menor entidad, terminó siendo el texto aprobado y convertido en ley, fue la de combinar una excelente técnica legislativa con una redacción y diagramación accesible para cualquiera. De allí, que fuera una compañera de ruta de las y los trabajadores, un material de consulta permanente y de formación acerca de sus derechos.

Por otra parte, logró brindarle unidad -material y de sentido- a la fragmentada normativa laboral preexistente, neutralizando la jurisprudencia más regresiva impuesta en los períodos dictatoriales -recurrentes desde 1930-, incorporando nuevas figuras tutelares o consolidando otras, regulando con claridad situaciones que se prestaban a abusos patronales (utilizando formas contractuales “no laborales”, valiéndose de la interposición de personas en las contrataciones, de tercerizaciones por subcontratación, de descentralización productiva entre empresas subordinadas o integradas a un mismo Grupo Económico).

Esa nueva ley no sólo se ocupó de las cuestiones de directa incidencia en las relaciones individuales de trabajo, sino que introdujo regulaciones en el plano colectivo tanto en cuanto a asegurar las reglas de la norma más favorable y la condición más beneficiosa respecto a los contratos de trabajo, como a garantizar la participación y la actuación sindical en la empresa en diferentes instancias.

La ceguera de quien ve, la sordera del que escucha

El golpe de Estado en marzo de 1976 venía precedido de un Programa de gobierno pergeñado por civiles ligados al gran Capital nacional y multinacional, que perseguía desindustrializar el país, financiarizar la Economía y volver a un esquema agro-exportador cuyas consecuencias inexorables eran el empobrecimiento de la población, el sometimiento de la Nación y la destrucción de la República.

Conscientes de que sólo a sangre y fuego podrían imponerlo, no escatimaron esfuerzos con ese propósito implementando un plan genocida que incluso abarcó, coordinadamente, a otros países vecinos gobernados por dictaduras (Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia).

Sabían también que era necesario desarticular al Movimiento Obrero, que no sólo fue víctima de persecución y muerte (se estima que cerca de la mitad de los 30.000 desaparecidos eran activistas, delegados y dirigentes gremiales); sino que sufrió la intervención de los sindicatos, la eliminación de la negociación colectiva y la prohibición de la huelga que llegó a ser calificada como delito.

La L.C.T. había sido desde su sanción una maldición para los mentores golpistas, por lo cual ocupaba un lugar central en el desguace de los derechos sociales. Fue así que, aún no transcurrido un mes (el 23 de abril de 1976), la ley de facto N°21.297 introdujo serias modificaciones (impactando en más de un tercio de su normativa) en claro detrimento de los derechos laborales (derogando 27 artículos y alterando el nivel protectorio de otros 95 artículos).

Esa ingeniería jurídica, como la que arrasó con otras leyes obreras en tiempos de la última dictadura, evidentemente no fue elaborada por cabos, capitanes o coroneles, sino por profesionales del Derecho -muchos aún vivos o que nos dejaron su descendencia con inclinaciones semejantes- cuyos nombres nunca se dieron públicamente a conocer, integrantes de Estudios jurídicos que ejercen la defensa de los genocidas y que tienen de clientes a las grandes corporaciones empresarias, más de una cómplice o beneficiaria de las políticas sustentadas en el terrorismo de Estado.

La fortaleza sindical que caracteriza a las organizaciones gremiales en Argentina, si bien no alcanzó para neutralizar la inicial devastación del Derecho del Trabajo, impidió que llegará al grado de desguace programado y tuvo un papel relevante en la lucha por la recuperación de la Democracia.

Sin embargo, ese comportamiento -aunque hegemónico- no fue homogéneo, como lo demuestran las declaraciones testimoniales que en el Juicio a las Juntas Militares prestaron los dirigentes sindicales, Jorge Triaca (del sindicato plástico) y Ramón Baldasini (de uno de los gremios del Correo), en las cuales ambos dijeron no recordar ni saber que hubiera habido trabajadores desaparecidos.

Como nos dice Gieco en su canción: El engaño y la complicidad / De los genocidas que están sueltos (…) Todo está clavado en la memoria / espina de la vida y de la historia.

La portación de apellido no implica identidad ideológica

En recientes declaraciones, Facundo Moyano se ha pronunciado a favor de modificar la legislación laboral, en línea con proyectos empresarios y en sintonía con los jóvenes dirigentes de la UIA con los que mantiene una relación fluida.

No es la primera vez que, directa o indirectamente, hace referencia a este tema como también a cambiar el Modelo Sindical argentino, que ha sido uno de los grandes legados de Perón y esencial para el empoderamiento gremial en la defensa de los derechos sociales aún en las épocas, no sólo en dictaduras, en que la clase trabajadora fuera objeto de los mayores desmanes.

 Es cierto que hace tiempo que Facundo Moyano ha dejado de ser un dirigente sindical, para volcarse de lleno a la política, pero su apellido tiene peso en sus posicionamientos aunque ninguna relación guarde con las ideas sostenidas por su padre y su hermano Pablo, que sí continúan desarrollando su militancia en el campo gremial.

Hugo Moyano junto a Juan Manuel Palacios (UTA) lideraron el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), un agrupamiento de sindicatos que sin abandonar la CGT como lo decidieron otros y formaron una nueva Central (CTA), no por ello dejaron de luchar a la par contra las políticas neoliberales en los años 90’, que prohijaron reformas laborales flexibilizadoras con la aquiescencia de la conducción de la Confederación General del Trabajo encabezada por Rodolfo Daer y otros conocidos dirigentes de permanente reciclaje.

El silencio no indica salud, pero preocupa

Uno de los lemas más conocidos de la dictadura del 76’ fue el de que “achicar el Estado era agrandar la Nación”, otros que “el silencio es salud” y que “las urnas están bien guardadas”.

Todos ellos sintetizaban una concepción ideológica antidemocrática, en el que no hubiera voces plurales en especial que los contradijeran y con un Estado gendarme limitado a custodiar los negocios de los que detentaban el poder.

En su proyección al mundo del trabajo significaba una sola libertad, la “libertad de empresa”. Que exigía desconocer la libertad sindical, impedir cualquier tipo de democratización de las relaciones laborales y consagrar como absolutas las potestades de los empleadores cuya contracara era la máxima sujeción y disposición de la fuerza de trabajo.

Ese conjunto de ideas, prácticas y objetivos es inherente al Neoliberalismo, cuyas manifestaciones serán más o menos explícitas según la etapa que atraviese la Sociedad y el nivel de transformaciones que juzguen como peligrosas para los intereses que representa.

Las experiencias vividas en dictadura o en democracia, cuando ha predominado esa cosmovisión, nunca han sido favorables a las mayorías populares. Evidenciando la mayor crudeza en términos de pobreza, desocupación y precarización de las condiciones laborales.

Asistimos a un nuevo ciclo de embestidas a una razonable convivencia democrática, a una necesaria reconstrucción de básicas instituciones republicanas, a la sustentabilidad y ampliación de los derechos sociales. Embates en los que, una vez más, las representaciones de los grandes Grupos Económicos exhiben un rol fundamental.

Es en ese contexto que se recrean propuestas de reformas laborales, en las que desde hace tiempo vienen insistiendo y de un mismo signo precarizador, que ahora presentan con un nuevo nombre: “flexiseguridad”.

¿Qué pasa en el campo sindical?

Así como hay muchas voces que denuncian con claridad la íntima conexión que revelan esas propuestas con otras acciones reaccionarias y desestabilizadoras, señalando las perniciosas consecuencias que depararían para las personas que trabajan y desmienten la originalidad o modernidad que se les atribuye; se advierte un preocupante silencio de dirigentes y referentes sindicales, algunos de los cuales incluso se suman a las fuerzas políticas opositoras que, abiertamente, comulgan con ese tipo de iniciativas.

Dicen que a los tibios los vomita Dios, … pero antes indigestan

Desde el Gobierno nacional sostienen que la palabra “flexibilización” no forma parte de su léxico, que no tiene en su agenda impulsar una reforma laboral. Definiciones sin duda importantes, en medio de tantas operaciones que buscan permear en despachos oficiales soluciones de aquella naturaleza para la recuperación productiva y la creación de empleo.

Sin embargo, parece necesario no delegar sólo en el Gobierno la resistencia a esas políticas, teniendo en cuenta tanto las presiones crecientes que se revelan como las diferentes vertientes que conforman el Frente de Todos.

Las fórmulas flexibilizadoras apuntan inicialmente a cuestiones concernientes a las relaciones individuales de trabajo, pero su principal objetivo es el debilitamiento sindical que es un efecto inexorable de la inestabilidad en el empleo, la desocupación y la primacía de los acuerdos personales al interior de la empresa sin mediación gremial ni gravitación de los convenios colectivos.

La “mochila” que se postula como reaseguro del trabajador, preanuncia una alta rotación en el empleo y prolongados períodos sin ocupación efectiva o meramente intermitente, que en la práctica se asimila a la situación propia del trabajo eventual y a su respecto es ostensible la falta de arraigo e implante gremial.

Como desde siempre ha sido, más allá de la circunstancial afinidad o identificación con un Gobierno, la responsabilidad principal en la defensa de los derechos laborales corresponde a los sindicatos.

En ese sentido resulta imprescindible que el Movimiento Obrero logre dar un paso superador a la unidad en la acción, alcanzando la unificación en su organización centralizada y con un Proyecto político común que determine claramente los compromisos que definan las consiguientes lealtades.

Por eso el NUNCA MAS tiene que ser también respecto a la pretensión de insistir, con nuevas etiquetas, en reformas que persiguen deconstruir los Derechos Sociales e implican someter a ultranza a las personas que trabajan en aras a un desmedido e insolidario afán de ganancias. En síntesis, que constituyen un nuevo afano.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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