El Senado debatirá el próximo jueves 6 de agosto la derogación de la Ley de Tierras para reemplazarla por el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el gobierno de Javier Milei. La normativa que impulsa el oficialismo facilitaría la extranjerización de territorios argentinos claves, hoy limitados.
¿En qué consiste la Ley de Tierras todavía vigente en Argentina?
La Ley 26.737, denominada oficialmente Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, entró en vigencia en diciembre del 2011 y establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, con el objetivo de preservar el control nacional sobre recursos estratégicos como el agua dulce, los suelos productivos y las zonas de frontera.
Entre sus disposiciones más relevantes, la ley establece un límite del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales en todo el territorio nacional por parte de extranjeros. El mismo porcentaje se aplica a nivel provincial, municipal o de cualquier entidad administrativa equivalente. También, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola o su equivalente en otras regiones del país.
Además, la normativa protege ciertos recursos estratégicos, por ejemplo, en el Artículo 10 prohíbe que las personas extranjeras sean titulares o poseedoras de tierras que contengan cuerpos de agua importantes y permanentes, así como la compra de tierras ubicadas en zonas de frontera.
En concreto, la ley considera "extranjeras" no solo a las personas físicas no argentinas, sino también a empresas con más del 51% de capital extranjero, sociedades controladas en más del 25% por capital foráneo y otras figuras en sociedad como los fideicomisos con participación extranjera significativa.
Qué busca cambiar Milei con su proyecto de ley
El proyecto de ley oficialista busca derogar la Ley de Tierras y habilitar varios límites que llevarían, de acuerdo a diferentes organizaciones, a la entrega de territorios estratégicos. Así, la reforma oficialista dispone:
- La derogación de la ley de 2011 y la eliminación del tope del 15% de extranjerización tanto a nivel provincial como por cada departamento.
- La eliminación del tope de 1000 hectáreas por propiedad.
- La habilitación de la compra de territorios estratégicos como lagos, acuíferos, cordillera minera y zonas de frontera argentina.
- La derogación del artículo 10 que protege cuerpos de agua permanentes.
- La modificación del decreto/ley de 1944 sobre tierras en frontera.
- Habilita que ciudadanos y sociedades privadas puedan comprar tierras, aunque limita a los Estados extranjeros o empresas estatales.
MÁS INFO
El proyecto de ley oficialista se encuentra dentro de un paquete más amplio que incluye otras reformas legislativas para flexibilizar las regulaciones ambientales y patrimoniales argentinas como la ley de glaciares, el régimen de inversiones (RIGI), la ley de lobby y la ley de sociedades anónimas. Así, se favorece a las inversiones extranjeras, facilitando la compra de recursos estratégicos y, de acuerdo a los críticos de la reforma, poniendo en peligro la soberanía argentina.
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