Una orden especial prohibió a todo el personal del Ejército, tanto militares como civiles, “publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas a asuntos de la institución”. La medida apunta directo a censurar las quejas sobre dos temas que afectan particularmente a las Fuerzas Armadas: los bajos salarios y la atención de su obra social.
El Destape accedió a la orden especial firmada por el general de brigada Roberto Martín Baroni, que es el Secretario General del Ejército. La distribuyó el 24 de junio pasado entre el “público militar”. La medida revela el descontento que reina entre los uniformados, algo que se arrastraba desde la gestión del ministro de Defensa Luis Petri y continúa con el actual Carlos Presti, supuestamente uno de los suyos.
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El presidente Javier Milei les había prometido otra cosa. Varias veces repitió que “los mismos que se llenaban la boca hablando de soberanía se dedicaron a desprestigiar y diferenciar a nuestras fuerzas”, que “en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, que “contarán con un gobierno que los acompañará y hará todo lo que esté a su alcance para jerarquizar las tres fuerzas”.
Lo cierto es que finalmente en abril de este año el mismo Milei admitió: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas”. Pero no lo mejoró. Al revés. Tal como publicó Gabriel Sued en El Destape, pulverizó el gasto en Defensa y el éxodo de militares ya es récord. “El gasto militar en la Argentina atraviesa su piso histórico, el Gobierno desactivó un programa permanente de reequipamiento de las fuerzas y los uniformados cobran salarios de miseria, lo que hizo que más de 19.000 militares dejaran sus puestos en los últimos dos años”, detalló Sued.
Con ese panorama, ahora les prohíben quejarse.
“Conducta individual del personal del Ejército Argentino en Redes Sociales”, dice la orden especial que emana del Estado Mayor del Ejército, hoy encabezado por el teniente general Oscar Santiago Zarich.
El punto 5 de la orden especial detalla las “Conductas Prohibidas”. Algunas son obvias: no exponer “instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas, gráficos y otros elementos que puedan comprometer la seguridad física de los cuarteles o vulnerar medidas de seguridad de contra inteligencia”; tampoco “difundir información reservada, clasificada o de circulación restringida”; y menos “efectuar manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario”.
Pero luego hay 2 puntos que exceden lo militar. Prohíben:
- “Publicar contenidos o imágenes que reflejen conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, particularmente cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la Fuerza”.
- “Publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas a asuntos de la institución. Toda inquietud deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias establecidas”.
La orden indica una serie de “criterios previos a toda publicación” en forma de preguntas. “¿Podría este contenido difundirse fuera de contexto o viralizarse de manera no deseada?” es una; “¿Resultaría inconveniente si fuera reproducido por medios de comunicación masiva?” es otra.
Si se junta lo prohibido y los criterios de censura la orden es clara: no quieren que se sepa de los malos salarios de las Fuerzas Armadas.
Los datos de los salarios del personal militar son aún peores que los de los demás empleados públicos. Desde que asumió Milei están 63% abajo de la inflación.
Un informe de la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista (PJ), encabezada por el dos veces ex ministro del área Agustín Rossi, plantea que este deterioro de los salarios de los militares genera riesgos institucionales: “Por un lado, el impacto negativo en la profesionalización del personal militar y por el otro, las dificultades para retener al personal capacitado”.
“El deterioro salarial tiene impacto homogéneo sobre toda la estructura militar. ninguna jerarquía logró preservar su nivel de ingresos reales frente al aumento del costo de vida” destaca el informe del PJ del área que también integran Nilda Garré, Joaquín Labarta Liprandi, Guillermo Carmona y Sergio Eissa. Y agrega un dato aún más preocupante: que 12 de los 19 grados militares tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Un capitán del Ejército cobra cerca de un millón doscientos mil pesos; un teniente apenas arriba del millón; un subteniente y un sargento ya abajo del millón; un cabo roza los 900.000 pesos y los voluntarios arañan los 700.000 promedio.
El ejemplo de este deterioro lo resumió Nicolás Lantos: "En el Gobierno de Javier Milei gana más un chofer de Uber que un piloto de F16". El día que Milei presentó esos aviones criticó a los que "desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas". El gasto militar de Milei es el más bajo en términos históricos y los salarios no cubren la línea de pobreza.
La finalidad esgrimida en la orden que les prohíbe quejarse de esto es “orientar a todo el personal del Ejército Argentino sobre el uso responsable de las redes sociales en el ámbito persona, estableciendo los principios, límites y responsabilidades que rigen, como militar, su conducta en el entorno digital”.
La orden dice que “cualquier publicación que no se haya hecho con el debido cuidado puede afectar de distintas formas a la institución” y que “todo el personal deberá adecuar su conducta en redes sociales”. Incluye a redes como Instagram, Tik Tok, X y Facebook pero también las apps de mensajería como Whatsapp y Telegram. También dice que “cualquier publicación puede difundirse fuera de contexto, viralizarse o ser reproducida por medios de comunicación”, que el alcance de las redes es “potencialmente ilimitado”, que un comentario en redes sociales “equivale a un comentario expresado en persona o dentro del ámbito del cuartel” e incluso afirma que “colocar un like/me gusta equivale a conformidad o acuerdo con lo que se muestra o comunica”.
“La seguridad institucional prevalecerá por sobre el interés individual de publicar contenidos” dice uno de los puntos de la orden. Pero no distingue entre dar información clasificada o de contenido interno militar a quejarse de los bajos sueldos a los que el gobierno los somete.