El proceso de privatización y relicitación de los corredores viales nacionales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei pulverizó otros 150 puestos de trabajo. La administración de La Libertad Avanza (LLA) liquidó las indemnizaciones de todos los empleados de los peajes que trabajaban en las estaciones del corredor vial del Litoral.
La preocupación está vinculada además con los cambios previstos para el funcionamiento de las estaciones. Según se indicó, los nuevos esquemas de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR, lo que podría reducir la necesidad de personal en las cabinas y dejar sin reincorporación a parte de los trabajadores actualmente desvinculados.
En la provincia de Corrientes, la medida alcanzó a los operarios que realizaban sus tareas en las estaciones del puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo, Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Según la información que detalló el medio Corrientes Hoy, las indemnizaciones ya fueron liquidadas y los trabajadores permanecen a la espera de definiciones sobre su futuro laboral.
El proceso forma parte del avance del Gobierno nacional sobre la privatización de los corredores viales. La Etapa I comprende 741 kilómetros distribuidos entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, mientras continúan las etapas II-A y II-B, que abarcan miles de kilómetros adicionales en distintas rutas del país. Mientras se definen las nuevas concesiones, los empleados afectados permanecen a la espera de conocer qué ocurrirá con su sustento de vida.
Alineado con Milei, Valdés sufre la parálisis de la obra pública nacional y la caída del empleo
En medio de la privatización de las rutas y los despidos, la paralización de la obra pública nacional golpea a la construcción en Corrientes y al empleo local. Desde la Cámara de la Construcción provincial advirtieron que la falta de inversión del gobierno de Milei dejó un vacío que no logra compensarse desde el sector privado ni por la demanda del Gobierno provincial. La situación se produce mientras avanzan acuerdos y negociaciones con el gobernador Juan Pablo Valdés y el Gobierno libertario.
En ese contexto, las empresas constructoras correntinas enfrentan un escenario marcado por la caída de la obra pública, presupuestos provinciales acotados y un fuerte incremento de los costos de construcción.
El presidente de la Cámara, Gustavo Roselló, advirtió que "las provincias del NEA están muy preocupadas en invertir en obras de emergencia hidráulica y la verdad es que los presupuestos son escuetos". En diálogo con medios locales, también sostuvo que los recursos disponibles actualmente no alcanzan para recuperar los niveles de actividad necesarios para sostener el empleo.
La construcción había sufrido una fuerte pérdida de puestos de trabajo a comienzos de 2024 y, aunque registró un leve repunte hacia fines de 2025 por la finalización de obras que ya estaban en marcha, posteriormente volvió a retroceder.
En ese escenario, la Cámara de la Construcción reclama que se profundice la inversión en infraestructura social básica. "Necesitamos más viviendas, más hospitales y más escuelas, que son las que disparan mayormente la ocupación", planteó Roselló.