La Unión de Aseguradoras de la Salud (UAS) expresó su “suma preocupación” por la eliminación del Capítulo XI del Presupuesto 2026, en particular del artículo 78, tras la media sanción otorgada en la Cámara de Diputados. El proyecto se espera reciba sanción definitiva este viernes en el Senado. Según advirtió el sector, la caída de ese tramo normativo deja en una situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones sanitarias en todo el país —entre clínicas, sanatorios y centros asistenciales— que emplean a más de un millón de trabajadores registrados y que podrían enfrentar embargos y riesgos de cierre a partir del 1 de enero de 2026.
El reclamo de la entidad que preside Hugo Magonza se produce en paralelo al inicio del debate del Presupuesto en el Senado, donde el oficialismo logró quórum junto a sus aliados, pero con un escenario político complejo: el proyecto llega amputado de uno de sus capítulos más sensibles luego de que la oposición rechazara de plano el Capítulo XI en Diputados. Ese revés parlamentario obligó al gobierno de Javier Milei a aceptar una media sanción sin ese conjunto de artículos, que incluía desde reformas energéticas hasta disposiciones sanitarias, educativas y de discapacidad.
Dentro de ese capítulo se encontraba la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta fines de 2026. Para la UAS, su exclusión implica la pérdida de herramientas clave de protección, en especial el régimen de inembargabilidad que resguarda a las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. “No se trata de una condonación de deudas, sino de un mecanismo transitorio para evitar que medidas judiciales o administrativas paralicen servicios esenciales”, señalaron desde la entidad.
El sector advierte que, sin esa cobertura normativa, podrían activarse embargos sobre cuentas y activos críticos, afectando de manera inmediata la prestación de servicios médicos y la estabilidad del sistema sanitario. En ese marco, reclamó el dictado urgente de una norma específica que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad y brinde previsibilidad a los prestadores.
El planteo de la UAS se suma a otros cuestionamientos que rodean al Presupuesto 2026, cuya discusión en el Senado también está atravesada por disputas reglamentarias sobre la modalidad de votación y por tensiones en torno al financiamiento educativo y universitario. Con el Capítulo XI fuera del dictamen que se debate en la Cámara alta, el margen para reincorporar esas disposiciones aparece limitado, lo que incrementa la presión de los sectores afectados.
“La salud no puede ser tratada como una actividad económica más”, subrayaron desde la UAS. Mientras el oficialismo busca avanzar con la sanción definitiva del Presupuesto, el sistema sanitario reclama una respuesta política urgente para evitar que el ajuste normativo derive en un deterioro concreto de la atención y en un nuevo foco de conflictividad social.
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