La IGJ denunció a los jueces que impiden investigar a Aranda, accionista de Clarín

El titula de la IGJ presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura. Acusa a los jueces Heredia y Villanueva de actuar como abogados de Aranda.

25 de septiembre, 2021 | 00.05

Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), denunció a los jueces Julia Villanueva y Pablo Heredia ante el Consejo del a Magistratura. Se trata, como informó El Destape, de los integrantes de la Cámara Comercial que impidieron que se investigue una offshore y casi 2.500 millones de pesos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarin. Los mismos magistrados también bloquearon una iniciativa de la IGJ para promover la igualdad de género en la conducción de las empresas.

En un escrito al que accedió El Destape, Nissen directamente acusó a los jueces Villanueva y Heredia de “asumir el rol de abogados de Luaran SA (la offshore), y, por ello, del Sr. José Antonio Aranda – su único socio confeso-”.

Tal como publicó El Destape, los camaristas Villanueva y Heredia convalidaron la decisión de Nissen de no registrar la offshore Luaran en Argentina por tratarse de una sociedad que en realidad Aranda tiene hace 36 años en Panamá, una guarida fiscal. Pero impidieron que la IGJ, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP investiguen el origen y destino de fondos de Aranda para la sociedad que quiso registrar en el país, casi 2.500 millones de pesos, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o de evasión.

Cuando Nissen dice que actuaron como los abogados de Aranda y no como jueces lo explica así: “los jueces mercantiles actuantes en la causa Luaran -Heredia y Villanueva-, mientras que al Sr José Antonio Aranda le ‘señalan el más conveniente camino a seguir’, a la IGJ se lo cierran, para obstaculizarle ‘el cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de los poderes de policía que la ley le ha conferido en materia societaria’”.

Nissen denuncia además que la IGJ nunca fue notificada de que el juez Heredia iba a reemplazar a Eduardo Machin, recusado por Aranda, pero que sí le avisaron al propio Aranda. Por otro lado recuerda que ya denunció al juez Heredia y que éste debería haberse excusado de intervenir. Toma de ejemplo lo que hizo la fiscala ante la Cámara Gabriela Boquin, que se apartó de este expediente por su vínculo de amistad con él.

No es el único caso por el que denuncia a Villanueva y también a Machin. Nissen impulsa desde la IGJ que los órganos de administración y fiscalización de ciertas entidades comerciales y civiles tengan igualdad de género. En 2020 firmó varias resoluciones de la IGJ en ese sentido. En septiembre hubo siete sociedades anónimas dedicadas al transporte de pasajeros que pidieron la derogación de esas resoluciones. Nissen se negó y las empresas lo judicializaron. Intervino la Sala C de la Cámara Comercial, con los jueces Villanueva y Machin, que aceptaron un recurso de los empresarios y elevaron el trámite a la Corte Suprema, que aún no se expidió.

Aranda offshore

Aranda tiene el 14,55% de las acciones de GC Dominio, la firma controlante del grupo Clarín. No las tiene a su nombre sino a través de Aranlú SA. Esta offshore que investiga la IGJ se llama Luarán. No son muy creativos para los nombres, sí para los negocios.

El caso es el siguiente. Aranda quiso inscribir la sociedad Luarán SAU en Argentina como continuadora de Luaran SA, una offshore que tiene en Panamá desde el 14 de noviembre de 1984. Lo raro es que es el único accionista de ambas por lo cuál no se trata de una empresa que continúa a la otra sino de la misma empresa que Aranda tenía en Panamá y ahora quiere radicar en Argentina. El propio Aranda informó es dueño de todas las acciones de la sociedad que quiere registrar en Argentina por un valor de 2.479 millones de pesos. Cuando presentó sus balances no hizo ninguna referencia a negocios en Panamá e informó que el objeto social de la empresa era invertir en otras sociedades pero que el 73% de su patrimonio se fue en préstamos de los cuales no dio detalles.

¿Por qué Aranda quiso registrar en Argentina una sociedad offshore que tenía en Panamá hace 36 años y donde dice que invierte más de 2.479 millones de pesos? ¿Por qué dice que Luarán SAU es continuadora de Luaran SA cuando es la misma empresa? ¿Se trata de un intento de blanquear dinero no declarado en Panamá? ¿Por qué si la sociedad declaró como objeto dedicarse a inversiones en otras sociedades el 73% de su patrimonio estaba destinado a préstamos y sólo el 4% a inversiones? Al tratarse de una firma cuyo origen es una guarida fiscal la cuestión cobra mayor relevancia, ya que podría tratarse de una de las tantas maniobras de lavado de dinero, fuga o evasión.

Todas estas cuestiones llamaron la atención de la IGJ y su titular, Nissen, rechazó la inscripción de Luarán SAU y la sometió a una serie de controles tanto de ese organismo como del Banco Central, la UIF y la AFIP. O sea: investigar si en todo este entramada hay fuga, lavado de dinero o evasión. Todo consta en la resolución 497 de la IGJ.

Aranda se negó a dar información y el caso terminó en tribunales, donde los accionistas de Clarín suelen jugar de local. El caso trepó hasta la Cámara Comercial, puntualmente a la Sala C integrada por Villanueva y Eduardo Machin. Aranda recusó sin causa a Machín y lo reemplazó Heredia, histórico juez de Clarín. Heredia fue parte de la condena contra Victor Hugo Morales a pedido de Héctor Magnetto por haber transmitido en 2000 el partido Boca-Real Madrid por la Copa Intercontinental y del fallo que convalidó la reestructuración fraudulenta de la deuda de Cablevisión objetada en su momento por Alejandra Gils Carbó.

La Sala C, integrada ahora por Villanueva y Heredia, emitió un fallo donde, por un lado, convalidó el rechazo de la inscripción de la sociedad de Aranda pero, por el otro, impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investiguen el origen de los fondos del accionista de Clarín. ¿El argumento? Que si ya se rechazó su inscripción no había nada que investigar y que Aranda no quería adecuarse a la legislación argentina sino un simple cambio de domicilio, algo que los propios documentos presentados por el accionista de Clarín desmienten.

"El Organismo (respecto a la IGJ) no tiene nada que fiscalizar en el país pues la sociedad no realiza ninguna actividad aquí, y esto no puede verse alterado por el hecho de que la nombrada haya solicitado su inscripción" escribieron los camaristas Villanueva y Heredia. Agregaron que "ninguna razón se presenta (...) para mantener la intervención dada por la Inspección General de Justicia a entidades tales como el BCRA, a la AFIP y a la UIF". Y le ordenaron a su vez a Nissen que les comunique al Banco Central, la UIF y la AFIP que no avancen en la investigación.

En concreto: le evitaron a Aranda una investigación sobre casi 2.500 millones de pesos cuyo origen nunca informó pero de los cuales sobran indicios que provienen de una guarida fiscal y donde pueden encontrarse fuga, lavado de dinero o evasión. O un mix de todo.
 

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