La Justicia impide investigar una offshore y $2.500 millones de Aranda, uno de los dueños de Clarín

José Aranda quiso inscribir en el país una sociedad que tiene en Panamá. Cuando comenzaron a investigarlo logró un fallo a medida para evitar dar explicaciones.

23 de septiembre, 2021 | 05.00

José Aranda, uno de los dueños de Clarín, intentó registrar una empresa en Argentina donde invirtió casi 2.500 millones de pesos. No dijo de donde vino la plata. La Inspección General de Justicia (IGJ) identificó que se trataba en realidad de una sociedad universonal que Aranda tiene en Panamá, una guarida fiscal, y no solo le rechazó el pedido sino que encontró muchas irregularidades en sus balances e inició una serie de investigaciones ante indicios de lavado de dinero, fuga y evasión. Pero Aranda logró un fallo judicial a medida que impide que se lo investigue. El titular de la IGJ Ricardo Nissen pidió anular el fallo pero se lo negaron.

No se trata de un personaje menor. Aranda tiene el 14,55% de las acciones de GC Dominio, la firma controlante del grupo Clarín. No las tiene a su nombre sino a través de Aranlú SA. Esta offshore que investiga la IGJ se llama Luarán. No son muy creativos para los nombres, sí para los negocios.

Todo comenzó cuando Aranda quiso inscribir la sociedad Luarán SAU en Argentina como continuadora de Luaran SA, una offshore que tiene en Panamá desde el 14 de noviembre de 1984. Lo raro es que es el único accionista de ambas por lo cuál no se trata de una empresa que continúa a la otra sino de la misma empresa que Aranda tenía en Panamá y ahora quiere radicar en Argentina. El propio Aranda informó es dueño de todas las acciones de la sociedad que quiere registrar en Argentina por un valor de 2.479 millones de pesos. Cuando presentó sus balances no hizo ninguna referencia a negocios en Panamá e informó que el objeto social de la empresa era invertir en otras sociedades pero que el 73% de su patrimonio se fue en préstamos de los cuales no dio detalles.

¿Por qué Aranda quiso registrar en Argentina una sociedad offshore que tenía en Panamá hace 36 años y donde dice que invierte más de 2.479 millones de pesos? ¿Por qué dice que Luarán SAU es continuadora de Luaran SA cuando es la misma empresa? ¿Se trata de un intento de blanquear dinero no declarado en Panamá? ¿Por qué si la sociedad declaró como objeto dedicarse a inversiones en otras sociedades el 73% de su patrimonio estaba destinado a préstamos y sólo el 4% a inversiones? Al tratarse de una firma cuyo origen es una guarida fiscal la cuestión cobra mayor relevancia, ya que podría tratarse de una de las tantas maniobras de lavado de dinero, fuga o evasión.

Todas estas cuestiones llamaron la atención de la IGJ y su titular, Nissen, rechazó la inscripción de Luarán SAU y la sometió a una serie de controles tanto de ese organismo como del Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. O sea: investigar si en todo este entramada hay fuga, lavado de dinero o evasión. Todo consta en la resolución 497 de la IGJ.

Aranda se negó a dar información y el caso terminó en tribunales, donde los accionistas de Clarín suelen jugar de local. El caso trepó hasta la Cámara Comercial, puntualmente a la Sala C integrada por Julia Villanueva y Eduardo Machin. Aranda recusó sin causa a Machín y lo reemplazó Pablo Heredia, histórico juez de Clarín. Heredia fue parte de la condena contra Victor Hugo Morales a pedido de Héctor Magnetto por haber transmitido en 2000 el partido Boca-Real Madrid por la Copa Intercontinental y del fallo que convalidó la reestructuración fraudulenta de la deuda de Cablevisión objetada en su momento por Alejandra Gils Carbó.

Nota al pie: tanto Victor Hugo como Gils Carbó se transformaron en víctimas recurrentes de los ataques del Grupo Clarín. Nada es gratis. Ni tocarles los negocios ni cuidárselos.

La Sala C, integrada ahora por Villanueva y Heredia, emitió un fallo donde, por un lado, convalidó el rechazo de la inscripción de la sociedad de Aranda pero, por el otro, impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investiguen el origen de los fondos del accionista de Clarín. ¿El argumento? Que si ya se rechazó su inscripción no había nada que investigar y que Aranda no quería adecuarse a la legislación argentina sino un simple cambio de domicilio, algo que los propios documentos presentados por el accionista de Clarín desmienten.

"El Organismo (respecto a la IGJ) no tiene nada que fiscalizar en el país pues la sociedad no realiza ninguna actividad aquí, y esto no puede verse alterado por el hecho de que la nombrada haya solicitado su inscripción" escribieron los camaristas Villanueva y Heredia. Agregaron que "ninguna razón se presenta (...) para mantener la intervención dada por la Inspección General de Justicia a entidades tales como el BCRA, a la AFIP y a la UIF". Y le ordenaron a su vez a Nissen que les comunique al Banco Central, la UIF y la AFIP que no avancen en la investigación.

En concreto: le evitaron a Aranda una investigación sobre casi 2.500 millones de pesos cuyo origen nunca informó pero de los cuales sobran indicios que provienen de una guarida fiscal y donde pueden encontrarse fuga, lavado de dinero o evasión. O un mix de todo.

Otro dato interesante. El juez Heredia fue denunciado hace varios años por Nissen ante el Consejo de la Magistratura. A pesar de esto no se excusó de intervenir en este caso. Distinta fue la actitud de la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, que si se apartó por su relación de años con Nissen.

Para Nissen el fallo de la Sala C que beneficia a Aranda es nulo. Para Clarín el caso no es menor: en los últimos 2 meses se dedicaron a publicar notas contra Nissen.

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