Producto del ajuste libertario y las faltas de respuesta provinciales, un nuevo malestar social azota a Río Negro. Mientras los salarios no alcanzan y crece el malestar por los gastos públicos de la gestión de Alberto Weretilneck, el gobernador envió un proyecto para crear el Fondo Soberano de Río Negro el que tomará parte de los ingresos extraordinario provenientes del petróleo, el gas y la minería y que ya adelantó que no serán para afrontar gastos corrientes como salarios y gastos de obra pública.
El mandatario realizó el anuncio durante el I Foro de Juventudes Rionegrinas y planteó que los recursos provenientes de las regalías. Esto produjo un rechazo en diversos sectores que remarcan la necesidad de usar los fondos provinciales para responder a las demandas de los trabajadores.
Cabe destacar que la creación del Fondo Soberano aparece así en medio de una discusión más amplia sobre las prioridades del Gobierno provincial. Mientras Weretilneck plantea reservar recursos provenientes de las actividades extractivas para las próximas generaciones, sectores opositores cuestionaron decisiones de gasto y contrataciones realizadas durante su gestión.
Entre los episodios señalados aparece el desembolso de más de $35 millones para un vuelo privado que trasladó al gobernador a Catamarca para participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La contratación fue justificada por el Ejecutivo provincial por razones de agenda institucional y falta de vuelos comerciales, pero recibió críticas por parte de legisladores opositores debido al contraste con el discurso de austeridad.
También generaron cuestionamientos cuando la Legislatura de Río Negro quedó expuesta a una nueva controversia por designaciones políticas y vínculos familiares tras revelarse recibos salariales de 2026 que van desde los $2,2 millones hasta más de $5,2 millones netos para personal vinculado al oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN).
La polémica se intensificó al conocerse que el bloque oficialista frenó en comisión un proyecto antinepotismo del legislador Santiago Ibarrolaza que buscaba prohibir el nombramiento de parientes directos de funcionarios. Entre los casos documentados sobresalen Juan Miguel Vera Lastra ($3,3 millones), hijo de la secretaria de la Función Pública Tania Lastra y exasesor de Facundo López; María Agustina Cides ($4 millones) y Verónica Morante ($5,2 millones), vinculadas al entorno del legislador Juan Elbi Cides; Milagros Antonella Calvo ($2,2 millones), exasesora del bloque y reciente secretaria de Juventud nombrada por Alberto Weretilneck; y Agustín Andrés Ortiz ($2,4 millones), integrante del armado juvenil de JSRN.
Reclamos presentes
Cabe destacar que Río Negro registró una tasa de desempleo del 13% en el trimestre febrero-abril, la más alta del país, mientras que la informalidad laboral alcanzó al 32,2% de los ocupados. A este escenario se suma el conflicto en el sistema público de salud, donde se denunció una reducción de la planta de trabajadores desde 2020 y dificultades vinculadas con la pérdida del poder adquisitivo. También se produjeron renuncias de autoridades en hospitales de Bariloche, Fernández Oro y Cipolletti.
La discusión sobre el destino de los recursos provinciales también quedó atravesada por cuestionamientos a la administración del gasto. Investigaciones periodísticas difundidas en las últimas semanas señalaron presuntas contrataciones y salarios millonarios de personas vinculadas al oficialismo provincial dentro de la Legislatura, mientras sectores de la oposición reclamaron auditorías y mayor transparencia.
Qué busca el Fondo Soberano
La propuesta contempla que los ingresos provenientes del petróleo, el gas y la minería sean utilizados como una reserva de largo plazo. En términos conceptuales, el objetivo es evitar que una eventual bonanza de recursos naturales se traduzca simplemente en mayor gasto corriente.
El proyecto será presentado en septiembre y Weretilneck pretende que sea aprobado antes de fin de año. Hasta entonces, la Legislatura tendrá la oportunidad de discutir una herramienta que podría comprometer una parte importante de los futuros ingresos provinciales.
Finalmente, el gobernador al momento de presentar el proyecto deberá explicar cómo piensa compatibilizar ese proyecto de ahorro con una provincia donde los trabajadores reclaman mejores salarios, la salud pública enfrenta dificultades y continúan las críticas por el destino de fondos estatales.