El gobierno porteño avanza en una "supersecretaría" en el seno del Poder Judicial

Será la última vía administrativa y tendrá control de las compras y contrataciones que realice el Poder Judicial.

28 de abril, 2020 | 16.36

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto de ley para crear una "supersecretaría" en el seno del Poder Judicial porteño que le daría todo el control administrativo sobre la Justicia, con un plazo que va más allá de lo que dure la emergencia por la pandemia de coronavirus Covid-19. Según advirtió el bloque del Frente de Todos, esta iniciativa roza lo inconstitucional. 

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La propuesta forma parte del paquete de modificaciones en el marco de la Emergencia Económica y Financiera que impulsa el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y que se extenderá hasta diciembre de 2020, aunque hay cambios que perdurarán por tiempo indefinido, informó NA.

El proyecto de esta "supersecretaría" fue enviado a la Legislatura porteña el 23 de abril, como parte de la iniciativa de Emergencia presentada un día antes con la que el Ejecutivo dispone el control total de toda la Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

El PRO contaría con los votos necesarios para aprobar la ley que creará en el ámbito del Poder Judicial porteño la "Secretaría de Administración General y Presupuesto". Para dirigirla, suena el nombre de la abogada Genoveva Ferraro, que actualmente está a cargo de la Subsecretaría de Administración de Seguridad, según fuentes legislativas del oficialismo consultadas por la agencia NA.

Esta entidad será la última vía administrativa y tendrá control de las compras y contrataciones que realice el Poder Judicial, incluso hasta la liquidación de salarios, con un mandato de siete años y la posibilidad de ser reelecta indefinidamente.

Según advirtió el bloque del Frente de Todos al ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, esta iniciativa roza lo inconstitucional porque modifica leyes vigentes, como por ejemplo la propia ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma, sancionada en septiembre de 2006.

La decisión de crear esta dependencia también modifica la Ley 31 Orgánica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, por lo que en el Frente de Todos dicen que se estaría generando una intromisión de un poder del Estado sobre otro, según advirtieron en el bloque que conduce el albertista Claudio Ferreño.

Desde ese bloque le dijeron a NA que sospechan que la iniciativa deviene de un acuerdo político entre el Gobierno porteño, el empresario del juego y ex presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici, y con participación del ex agente de inteligencia, Sebastián Destéfano.

 De esta manera, todo el Poder Judicial porteño quedará en manos del oficialismo, dado que al Consejo de la Magistratura ya lo preside Alberto Maques, mientras que el vice es el presidente de los Jóvenes PRO, Francisco Quintana.

En el marco de esta nueva Secretaría –que reemplazará el actual cargo de administrador general, entre otros- se propone la modificación, ampliación y supresión de estructuras a su cargo, sin que estas fueran definidas con anterioridad, por lo que todo quedará bajo su dependencia directa.

Ferraro tendría control, así, sobre la Dirección General de Informática y Tecnología (DGIT); la Dirección General de Servicios Generales (DGSC); la Dirección General de Programación y Administración Contable (DGPAC); la Dirección General de Infraestructura y Obras (DGIO); y la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC).

El cargo le daría facultades a Ferraro para dictaminar sobre reformas y creación de estructuras en el Consejo de la Magistratura; dictaminar sobre ampliación y creación de estructuras del Ministerio Público; y liquidar todos los sueldos del Poder Judicial.

Además, la funcionaria será la única con competencia para autorizar cualquier contratación sin límites de montos ni procedimientos, por lo que tendrá el control total sobre la posibilidad de locación, adquisición, construcción y venta de inmuebles. También tendrá la facultad de participar en reuniones paritarias, por lo que tendrá injerencia en la política salarial de todo el Estado porteño.

Fuente: NA

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