La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este martes para determinar si convoca a un paro nacional en las próximas semanas, de cara al tratamiento de la reforma laboral en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El encuentro, que reunirá al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, tendrá lugar a las 14 en el Hotel Héctor Quagliaro, y se plantea frente "al tratamiento de la reforma laboral previsto para el 11 de febrero en el Senado".
"Los gremios barajan la posibilidad de definir una medida de fuerza de alcance nacional y alientan al resto de los sindicatos a tomar el mismo camino", aclaró, en el mismo comunicado, el gremio que dirige Rodolfo Aguiar.
Además de ATE, también formarán parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras.
“La reforma laboral se tiene que caer completa y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado. En esta iniciativa se expresa una lucha de clases que tenemos que ganar”, alertó Aguiar en este contexto.
El dirigente estatal también apuntó contra los mandatarios provinciales de cara al tratamiento del proyecto: “Por más aval que exista de parte de algunos gobernadores, esta iniciativa no puede pasar. Está orientada a quitarnos todos nuestros derechos y además esconde una reforma fiscal que va a terminar de asfixiar a todas las provincias”.
El planteo de ATE contra la reforma laboral de Milei
ATE advirtió que, "a diferencia de lo que afirma el Gobierno nacional, esta reforma sí afecta al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar, como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros".
También influye en los estatales "con el cambio en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo se pretende perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios", agregó el sindicato.
Y señaló que "sumado a esto, el artículo 79 del proyecto modifica la Ley 18.345 que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo.
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