La senadora del peronismo Juliana Di Tullio celebró en su cuenta de X la caída de la modificación de la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego con un enigmático posteo que despertó dudas e inquietudes. "El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad. La ley de tierras y la ley de Manejo del fuego siguen vigentes", escribió Di Tullio.
Lo llamativo del texto fueron las mayúsculas que incluyó la representante de la provincia de Buenos Aires en tres palabras. Massa habría sido quien se comunicó con los gobernadores -dialoguistas con el gobierno del presidente Javier Milei- para que se posicionen en contra del capítulo tres y cuatro de la Ley de Propiedad Privada.
Entre los mandatarios provinciales que mantuvieron el diálogo con Massa estuvieron Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
El retroceso del Gobierno
El Gobierno de Javier Milei tuvo que retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos capítulos vinculados con la tierra y el ambiente para conseguir los votos necesarios en el Senado. Uno de ellos modificaba las restricciones a la propiedad extranjera y abría la posibilidad de una venta mucho más amplia de tierras rurales a capitales extranjeros. La legislación vigente, sancionada en 2011, establece un límite del 15% para la propiedad rural en manos extranjeras, además de restricciones por nacionalidad y superficie. El proyecto oficial buscaba eliminar esos límites, bajo el argumento de que obstaculizan las inversiones.
El otro capítulo que terminó siendo retirado estaba relacionado con la Ley de Manejo del Fuego. El texto buscaba flexibilizar las restricciones que impiden modificar el destino productivo de tierras afectadas por incendios. La normativa vigente establece períodos durante los cuales no pueden realizarse determinadas operaciones o cambios de uso del suelo después de un incendio, con plazos que llegan a 60 años para humedales y bosques nativos y a 30 años para otras áreas. La modificación generó críticas porque podía permitir que terrenos incendiados fueran posteriormente destinados a actividades productivas o inmobiliarias, eliminando una protección que busca evitar que el fuego sea utilizado como mecanismo para cambiar el destino de la tierra.
El retiro de ambos capítulos fue, en los hechos, una marcha atrás del Gobierno frente a la falta de votos y al fuerte rechazo político y social. La discusión sobre la extranjerización de la tierra había adquirido especial sensibilidad por la posibilidad de que grandes capitales extranjeros accedan sin límites a zonas estratégicas, mientras que la reforma sobre incendios fue cuestionada por el riesgo de facilitar negocios sobre tierras recientemente quemadas. Finalmente, el Senado aprobó el proyecto por 37 votos contra 33, pero sin esas dos partes centrales. El oficialismo logró así avanzar con el resto de la iniciativa, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a discutir estos cambios más adelante.