En nombre de la “desburocratización” y la “eficiencia”, el Gobierno nacional aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La norma, que lleva las firmas de Javier Milei y del teniente general Carlos Presti, asigna al cargo de presidente de la entidad el rango y jerarquía de Secretario de la Nación, y de Subsecretario a los demás integrantes del Directorio. Asimismo, se formaliza la asistencia de un Gerente General extraescalafonario que percibirá una remuneración equivalente al "noventa por ciento (90 %)" del sueldo de un Subsecretario.
Los considerandos del decreto fundamentan esta reorganización bajo supuestos parámetros de "desburocratización y eficacia". Sin embargo, la estructura aprobada en los anexos revela una frondosa pirámide que incorpora seis Gerencias de Nivel I (Asuntos Jurídicos, Tecnología, Administración, Compras, Afiliaciones, Auditoría de Gastos Médicos, y Salud), más de quince subgerencias de niveles II y III, y múltiples coordinaciones de nivel IV.
Tras la actualización salarial de los funcionarios públicos nacionales y la paritaria estatal homologada a mediados de 2026, los cargos de la alta jerarquía de la nueva obra social militar percibirán ingresos que ensanchan la brecha con la base de trabajadores. Mientras el personal operativo en las provincias cobra salarios de entre $800.000 y un millón de pesos, el Presidente de la OSFA percibirá en agosto de 2026 un sueldo bruto de $7.834.476,01 y un Gerente de Nivel I sumará alrededor de unos $3.598.356,46 brutos mensuales (computando el sueldo básico inicial SINEP Nivel A y el plus ejecutivo).
La nueva estructura organizativa no descentraliza recursos para resolver estas emergencias locales, sino que consolida la concentración de decisiones en Buenos Aires. Las delegaciones del interior no reportan a las áreas médicas, sino que están bajo la órbita de la Gerencia de Afiliaciones y Atención al Beneficiario, limitando su rol a tareas meramente administrativas y de control de presentismo.
A su vez, la flamante cúpula burocrática se asegura de esta manera sueldos de privilegio, pero la base operativa de la institución viene sufriendo el desmantelamiento: en enero de 2025 se ejecutaron 150 despidos masivos en delegaciones clave, y los profesionales de la salud continúan renunciando debido a salarios devaluados.
Deuda millonaria y afiliados sin cobertura
Esta consolidación de cargos políticos de alta remuneración contrasta con la profunda debacle financiera e institucional que arrastra la sanidad de las instituciones armadas. Al momento de la disolución del anterior Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en febrero de 2026, legisladores y exfuncionarios de la oposición recordaron que la obra social "en diciembre de 2023 era superavitaria" y estaba "saneada".
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En tanto, bajo la gestión nacional libertaria, la deuda escaló exponencialmente de 42.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 210.000 millones en junio de 2025. En la actualidad, los representantes gremiales estiman que la obra social arrastra una deuda estructural que supera los 220.000 millones de pesos, tras haber tomado incluso un préstamo de emergencia con el IAF por 40.000 millones de pesos en enero de 2025.
El impacto de este descalabro financiero en el interior del país quedó al descubierto semanas antes de la firma del nuevo decreto. El 29 de julio de 2026, una protesta expuso que unos 3.700 afiliados en Rosario llevaban tres semanas sin ningún tipo de cobertura médica. Debido a un atraso de dos cuotas que sumaban 1.200 millones de pesos con la prestadora ACLYSA, los sanatorios privados cortaron consultas de guardia, internaciones y tratamientos en curso.