Claro como el agua

27 de diciembre, 2020 | 20.57

La abrumadora mercatilización de las relaciones humanas y de la vida misma pareciera no tener límites, a punto tal que, a veces por su valor simbólico, ciertos acontecimientos nos lo ponen a la vista con tal crudeza que es imposible ignorar ese fenómeno y el modo en que se proyecta contaminando nuestra existencia.

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Horizontes borrosos

Las experiencias recogidas en el año que está por terminar a raíz de un flagelo que nadie esperaba, que alteró lo que teníamos por normalidad y que no habrá de recuperarse cualquiera sea la salida que se encuentre, también puso a la vista problemas estructurales de las sociedades contemporáneas que no respondían a la peste sino a las pestilentes desigualdades que las caracterizan.

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Emulando la voracidad de los poderosos que acumulan riquezas sin reparo alguno por la contracara que no es sino la exacerbación de la miseria, el virus retorna una y otra vez con rebrotes y mutaciones que lo tornan más peligroso para la Humanidad.

La incertidumbre del porvenir se agiganta al mismo ritmo que se pierde la idealización de un comportamiento que privilegie la solidaridad, priorice el bien común y resigne beneficios individuales ante los padecimientos colectivos.

En la antigua normalidad ya se advertían gérmenes de la inviabilidad social de sistemas cuyo eje es un economicismo inhumano, con una cínica retórica que abunda en alusiones a la libertad sin conjugarla con la igualdad y la equidad.

Claro que el futuro no es fruto de un determinismo inexorable resultante de las peores expresiones humanas, en todo caso se vincula con cuestiones sistémicas que, como tales, derivan de decisiones políticas y acciones de los Pueblos que forjan sus propios destinos.   

La necesidad de contar con una vacuna eficaz, oportuna y accesible es un primer e ineludible paso para proteger la vida de la población, reconstruir la Economía y recuperar básicas prácticas sociales.

Objetivos que deberían plasmarse en actitudes mancomunadas dirigidas a sortear las dificultades existentes para alcanzarlos, evitando especulaciones mezquinas que se sumen a los escollos que implica la guerra comercial de los laboratorios obnubilados por las multimillonarias ganancias que avizoran.

Sin embargo, la actual oposición que fue gobierno hasta diciembre de 2019 y llevó adelante una política desastrosa en materia de salud, hace gala de una politiquería vergonzosa contando con una enorme cobertura mediática. Cualquier excusa es válida para la crítica, llegando incluso a disparatadas acciones como la denuncia judicial contra el Presidente de la Nación “por envenenamiento”, a raíz de los acuerdos para la compra de la vacuna “Sputnik V” a la que se pretende ideologizar con el apelativo de “vacuna rusa”.

Bienes y valores

No podría asombrar, entonces, que quienes fueron responsables de la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y de graves menoscabos a los derechos laborales, pontifiquen sobre el rumbo que debe seguirse para crear empleo y lo hagan apelando a recetas flexibilizadoras que fracasaron en cada ocasión en que se las implementó, dejando como saldo una precarización de tanta magnitud como la regresiva transferencia de ingresos de los asalariados en favor del sector empresario.

Es que es inútil reclamarles una lógica elemental en un campo en que aparecen nítidamente los conflictos propios del sistema liberal, repotenciados por su versión “neo”; es lo paradojal la regla, las incoherencias lo rutinario, la injusticia lo recurrente y la palabra devaluada un emergente que difumina la realidad.

El trabajo como “cosa” desprendido del único que puede realizarlo, la persona humana, en aras de la “libertad” de contratación formaba parte del imaginario predominante desde los albores de las revoluciones burguesas. Hace más de 100 años que ello se ha puesto en cuestión, como resulta lógico, afirmándose que “el trabajo no es una mercancía” y que la libertad de trabajo no implica en modo alguno mercantilizarlo.

Ya en 1919 formaba parte de la doctrina que inspiró la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su Declaración de 1944 (Declaración de Filadelfia, relativa “a sus fines y objetivos”), reafirmó sus principios fundamentales mencionando expresamente y en primer lugar esa concepción del trabajo.

A pesar de todo ello se sigue aludiendo al Mercado de Trabajo desde un amplio abanico ideológico, y erigiéndolo en un término “técnico/científico”, para referirse al ámbito donde se desarrollan las relaciones laborales. Qué sino “el trabajo” constituiría el objeto, producto o cosa de ese Mercado, quién sino la persona que trabaja terminaría siendo “la mercancía” cuanto menos en tanto “fuerza laboral” a disposición de los que se apropian del producido de esa actividad.

Se conoció en estos días un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja sin efecto la condena que en el 2012 habían recibido los hermanos Emilio y Julio Méndez, por facilitar una quinta de su propiedad en Tandil para que la dictadura genocida la usase como centro clandestino de detención, tortura y muerte de quienes eran víctimas de secuestros. Ya en 1977 pudo saberse del terrorífico destino de ese inmueble, cuando logró escapar de su cautiverio Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista que fue recapturado cuatro días más tarde y asesinado.

Los condenados eran personajes importantes en Tandil, uno gerente del Banco de ese mismo nombre y el otro administrador de grandes campos, ambos con estrechos vínculos con los militares y los representantes del poder económico. Por su parte, el Dr. Moreno (de Olavarría) también era un reconocido profesional por su incansable tarea en defensa de la clase trabajadora y, en particular, por su tenaz labor en protección de la salud de los trabajadores de Loma Negra víctimas de enfermedades originadas en el trabajo en dicha empresa cementera, con respecto a la cual había conseguido numerosas condenas judiciales por ese motivo.  

En realidad, la sentencia y especialmente el voto de Rosenkrantz se dirige en un mismo sentido que la ignominiosa decisión del “2x1” y en consonancia con la búsqueda de acordar impunidad a los responsables civiles –en su mayoría empresarios- de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. La Corte suma un caso más en la ya inocultable descomposición de su misión constitucional de afianzar la Justicia, a la par echar luz sobre su pretensión de desactivar una política de Estado (de Memoria, Verdad y Justicia) ampliamente respaldada por la ciudadanía. 

No es ocioso, entonces, recordar aquí al primer abogado desaparecido en Argentina, bajo otra dictadura (1966-1973), el Dr. Néstor Martins de tan sólo 33 años, también laboralista y secuestrado junto a un cliente suyo (el trabajador Nildo Zenteno) al salir del Estudio a plena luz del día. Crimen del que se cumplieron 50 años, el 16 de diciembre pasado.

Pero la negación de los derechos humanos no se agota en violaciones tan deleznables como las antes referidas, ni tampoco el apartamiento del cometido específico de la magistratura -y en particular de los máximos tribunales- en el bochornoso proceder de los cortesanos federales.

Esta semana también pudo conocerse lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ), por decisión de cuatro de sus integrantes y con el sólo voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, en materia de acceso a la educación pública. Que ya ha levantado innumerables reproches como, también, el anuncio de un pedido de juicio político, por el flagrante incumplimiento del deber primordial de ese Tribunal como último interprete local y garante de la efectiva aplicación de la Constitución citadina.

Además de habilitar sin razón la intervención de esa instancia extraordinaria judicial, a la que se oponía la Asesoría General Tutelar, el TSJ con un razonamiento que causa verdadera perplejidad revoca las sentencias coincidentes dictadas en primera y segunda instancia que hacían lugar a la acción de Amparo. Esos fallos, reconocían el derecho que asistía a la madre de un niño de dos años a obtener del Gobierno de la CABA una vacante escolar o, en caso de resultar materialmente imposible, a que se hiciera cargo del costo de un establecimiento privado con ese objeto.

Los votos individuales de quienes conformaron la mayoría, extensos por demás y pretendiendo demostrar erudición con invocaciones a leyes y reglamentos locales, legislación federal, tratados internacionales y hasta doctrina de la Corte Suprema de EEUU en base a una normativa que no encuentra una igual en nuestro país, tiene la particularidad de desactivar un dispositivo garantista de la Constitución de la CABA y apartarse impúdicamente de su texto expreso que no admite dudas sobre los alcances que cabe atribuirle a la responsabilidad del Gobierno local.

En efecto, su artículo 24 establece: La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.”.

Lo que sorprende es que el TSJ sostenga que corresponde negar esa garantía para evitar un trato desigual con algún otro en la misma situación, como pura abstracción y sin individualización de persona alguna cuya petición hubiere sido denegada que, a lo sumo, hubiera podido llevar a un reproche de esa teórica denegatoria. Más inconcebible aún resulta, que se invoque entre los argumentos normativa tanto nacional e internacional sobre el derecho de acceder a la educación pública con menores rangos tutelares que la Constitución local, para no aplicar ésta siendo más beneficiosa.

En un exceso del razonamiento por el absurdo, configurando una verdadera desinterpretación de la norma constitucional, se llega a afirmar que “garantizar no es solventar” en lo que respecta a la obligación impuesta al Gobierno local, a pesar de que la responsabilidad indelegable que se le asigna es la de asegurar y financiar. Y financiar no es otra cosa que: “aportar el dinero suficiente para el funcionamiento de una empresa” o “sufragar los gastos de una actividad, de una obra …” (según el Diccionario de la RAE).

Dentro del Mercado todo  

En el plano internacional y en sintonía con el disciplinamiento social necesario para imponer intereses económicos “superiores” a despecho de cualquier otro, incluso de derechos humanos fundamentales, se conocieron los indultos recientemente otorgados en EEUU y Brasil.

En el caso de Trump, con esa medida benefició a dos funcionarios de su Administración condenados por delitos de corrupción y a tres ex militares integrantes de una empresa privada de seguridad responsables del asesinato en Irak de población civil (14 personas) que se manifestaba pacíficamente.

Por su parte, Bolsonaro hizo lo propio en un país en el que durante el primer semestre de 2020 se registraron más de 3.000 muertes a manos de agentes policiales, indultando a miembros de las fuerzas de seguridad condenados por crímenes que incluye a los calificados como “de exceso doloso” (mediando intención) y aun para los cometidos fuera de su horario de servicio.

Pero el mundo ofrece siempre alternativas para no agotar nuestra capacidad de asombro, reveladoras de un hilo conductor que sostiene un culto al endiosamiento del Mercado y a su vocación omnicomprensiva.  

Los “commodities” forman parte de la especulación financiera de “mercados de futuro”, constituidos por bienes de tipo genérico que no tienen una diferenciación entre sí, normalmente ligados a materias primas o productos primarios (granos, petróleo, metales, entre otros).

En diciembre de este año el agua comenzó a cotizar en esa condición en la Bolsa de Nueva York, con lo cual se le asignará un precio internacional de referencia. Este singular comodity sin embargo, para quienes lo mantengan hasta su vencimiento, no será canjeado por la cantidad del bien (agua) que representa, se trata de un contrato a futuro que se perfecciona con el solo cumplimiento de las respectivas condiciones y del plazo fijado, sin entrega física del bien (como sí ocurriría con el petróleo o los granos, por ejemplo) en tanto se lo conserve.

Los gurúes financieros alegan en su favor que así se logrará un uso más racional de ese elemento escaso y esencial, pero lo que omiten es que algo similar se decía de los alimentos con relación a las materias primas y las consecuencias fueron una elevación descomunal de los precios en todo el mundo. Tampoco aluden a la esencia de esos mercados financieros que es la especulación y la manipulación con el único fin de acrecentar las ganancias, como a la volatilidad de los precios de referencia y las prácticas monopólicas de los Fondos de Inversión.

Por cierto, que brilla por su ausencia toda consideración de lo que significa el acceso y consumo de agua para la Humanidad, para lo cual hoy en día afrontan problemas más de dos mil millones de personas que viven en diferentes países y que, según las Naciones Unidas, para el 2025 serán dos tercios de la población mundial la que se vea en esa situación.

Sociedades distópicas

Hace mucho que los relatos de ficción imaginan un futuro oscuro, deshumanizado y gobernado por una inteligencia artificial, por definición “amoral” y no sujeta a derecho humano alguno, sólo pendiente de una suerte de eficientismo confiado a la tecnología y desligado de la vida personal o comunitaria como no sea en calidad de una pieza más de ese engranaje.

Lo alarmante es que mucho de todo eso ya hoy se constata y no por mandato de una inteligencia artificial, sino por la artificiosa forma en que nos lo presentan quienes dominan el mundo y los que, con elevado grado de cipayismo, cumplen fiel –e interesadamente- sus mandatos en países como el nuestro.

Las excepcionales circunstancias que atravesamos obligan a una revisión profunda de las condiciones en que se desenvuelven nuestras vidas en comunidad, de los bienes esenciales e inalienables que deben ser de dominio público, de los servicios básicos que deben ser efectiva y eficazmente garantizados, de lo innegociable de los derechos humanos como de la progresividad y no regresividad que les son inherentes.

No se trata meramente de oponer utopías a lo distópico, sino de centrar el foco en que no es imposible confrontar con el mesianismo de Mercado, que es factible alcanzar elevados niveles de satisfacción a las demandas y necesidades populares, que no consiste en un sueño sino que ha sido una realidad y perdura en la Memoria del Pueblo, por eso en Argentina se ha renovado la confianza en los gobernantes actuales y por eso sería imperdonable desaprovechar esta nueva oportunidad y traicionar esa confianza.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.