El portavoz presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra las centrales sindicales y, nuevamente, contra el derecho a la protesta en su conferencia de prensa matutina al afirmar que el Gobierno usará "todas las medidas de disuasión" para restringir la movilización. En la marcha convocada para este miércoles, la Central General de Trabajadores (CGT) junto con la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónomas, entre otras, irán hasta Tribunales para presentar un pedido de inconstitucionalidad contra el mega DNU del Ejecutivo.
El funcionario dijo que las movilizaciones fueron tema de "charla y debate" en la reunión de Gabinete de este martes y, al igual que el pasado 20 de diciembre, reiteró la difusión de la línea telefónica que recibe denuncias anónimas: "Sigue abierta la línea 134 para los que se sientan extorsionados para ir a movilizarse", dijo.
Según la lectura de Adorni, "en este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas, y ahí se verá quien está en defensa de sus propios intereses y quienes se quieren beneficiar con el status quo. Aunque dejó de lado que la movilización pacífica es un derecho constitucional, protegido incluso por tratados internacionales suscriptos por Argentina.
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"No hablamos sobre hechos inciertos. Cuando tengamos más información les iré informando que medidas se toman", dijo al ser consultado sobre las posibles acciones que podrían aplicarse. En ese sentido, aclaró que "todas las medidas de disuasión" que se han tomado el miércoles pasado para la marcha de la Unidad Piquetera "serán las mismas para la marchas de mañana y para cualquiera que pueda existir".
En este caso, Adorni, puso como ejemplo, que se controlará "la movilidad de los que participan de la marcha y la reglamentación de los colectivos" que se utilizan para movilizar a los manifestantes. El pasado 20 de diciembre, hubo un gran despliegue en distintos puntos de la Ciudad y en sus accesos, se vio a policías registrando colectivos -aunque eso está prohibido- y a la Policía Federal que intervino en el territorio porteño, aunque no es su jurisdicción. De hecho, por eso último, hay un pedido de informes en la Legislatura porteña.
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Durante la conferencia de prensa, Adorni también adelantó que esta semana se inicia el tratamiento legislativo del mega DNU contra el que se llamó a movilizar este miércoles. La iniciativa comunicada en cadena nacional por el presidente ultraderechista, Javier Milei, junto con su Gabinete -más el el creador del decreto, Federico Sturzenegger- contempla la modificación de más de 300 leyes, como ser la ley de alquileres, modificaciones en el Código Civil y Comercial vigente desde 2015; la desregulación de la economía, entre otras.
En la misma jornada, el funcionario nacional confirmó el despido de más de cinco mil personas del Estado a través de la no renovación de contratos de quienes hayan ingresado en este año. El resto entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días. "Todo contrato con Alta 2023, que termina en el 31 de diciembre de 2023 no será renovado”, afirmó.