Operación Puf: la causa armada por la AFI macrista, ahora la investigará Rafecas

Se sorteó al juez que estará al frente de una pesquisa clave, de la que fue apartado Ercolini por “temor de parcialidad”. Es un caso paradigmático de persecución judicial que se armó desde la exSIDE para derribar el D’Alessiogate y tiene a Stornelli como principal impulsor.

22 de junio, 2021 | 15.35

La causa Operación Puf, que se armó desde la AFI macrista para derribar el D’Alessiogate, será investigada por el juez federal Daniel Rafecas tras el apartamiento de Julián Ercolini por “temor de parcialidad”. Se trata de un caso paradigmático de persecuciones  judicial que se armó durante el macrismo con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y tiene al fiscal Carlos Stornelli como principal impulsor.

El expediente quedó en el juzgado federal Nº 3 tras el sorteo que realizó este martes la Cámara Federal porteña. Es el cuarto juez que tiene la causa (pero la primera vez que cambia de juzgado). El fiscal seguirá siendo el que venía interviniendo en el proceso: Franco Picardi.

Entre los planteos que debe resolver Rafecas se destacan el pedido de nulidad de las transcripciones de las escuchas tomadas en el penal de Ezeiza y la citación de Elisa Carrió como testigo. Las dos presentaciones las realizó el abogado Alejandro Rúa, quien representa legalmente a Roberto Baratta. Tanto Rúa como Baratta fueron espiados por la AFI macrista. Los dos planteos de Rúa son centrales para el devenir de la investigación.

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La causa fue impulsada por Claudio Bonadío. Al fallecer Bonadío, Marcelo Martínez de Giorgi se hizo cargo del juzgado federal Nº 11 durante el 2020 y cerró esta investigación. Pero el pasado 23 de marzo, la Cámara Federal porteña, con los votos de dos jueces designados por Macri, ordenó reabrirla. Ya no estaba Martínez de Giorgi en el juzgado 11 sino Julián Ercolini, quien quedó al mando de ese despacho durante 2021. Pero este fue recusado y terminó apartado por decisión de la Cámara Federal porteña este 17 de junio. Lo resolvió de forma unipersonal el camarista Roberto Boico.

Hoy se sorteó el expediente y recayó en el juzgado de Rafecas.

Escuchas ilegales, la base de la causa

Las transcripciones de las escuchas ilegales tomadas en el penal de Ezeiza son la base de la Operación Puf. Esas escuchas las tomó y difundió la AFI macrista tal como surge de otra causa judicial que investiga el espionaje cambiemita y tiene 38 procesados: la que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y luego pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, en Comodoro Py. Allí consta que las intervenciones telefónicas fueron ilegales.

El abogado Alejandro Rúa planteó la nulidad de las transcripciones de las escuchas ilegales. El letrado cuestionó “la utilización del producido de la escucha de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios en el modo en que se ha concretado” y pidió “discernir precisamente cuáles son aquellas constancias del trámite que se encuentran afectadas en su legalidad y no podrán entonces ser utilizadas en el curso del proceso”.

También pidió citar a Carrió como testigo. La cofundadora de Cambiemos fue la denunciante de esta causa a través de Paula Oliveto y Mariana Zuvic, quienes se presentaron en Comodoro Py en su nombre el  8 de febrero de 2019. Ambas dijeron que Carrió había “recibido a su nombre un sobre con la transcripción de escuchas telefónicas”. Nunca presentaron ese material.  Las escuchas ilegales llegaron a manos de “lilita” justo cuando se estaba allanando la casa del espía ilegal Marcelo D’Alessio. Entre otras cosas, Carrió dijo públicamente que conoce a la persona que le dio la documentación tomada de forma ilegal: “Yo recibo y no voy a dar la fuente”, afirmó en un programa televisivo. Pero el secreto de fuentes está protegido solo para periodistas. Como el origen de la información es la AFI macrista, su declaración es de interés para la pesquisa.

La Operación Puf  tiene como querellante al fiscal Carlos Stornelli. No es para menos. Esta causa es una de las últimas “cartas” del fiscal para intentar deslegitimar la investigación en la que está procesado por sus vínculos con la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio.

El apartamiento de Ercolini

El apartamiento de Ercolini lo resolvió el pasado 17 de junio el camarista Boico, quien hizo lugar a una presentación de Juan María Ramos Padilla (padre del juez federal de Dolores). En su planteo, Ramos Padilla (p) recordó que Ercolini –uno de los jueces del Lawfare- interviene en una causa espejo al caso D’Alessio que tiene a Stornelli como querellante y no como acusado. Fue tan fuerte el impulso que le dio Ercolini a ese expediente que llegó a pedir que el D’Alessiogate pasara de Dolores a su juzgado en Comodoro Py. Algo que finalmente no sucedió por decisión de las instancias superiores. Como la Operación Puf pretende investigar la génesis y devenir del D’Alessiogate, bajo el supuesto de que se gestó para hacer caer la causa Cuadernos, Ercolini no podía quedarse al frente de la pesquisa. Por eso, Boico hizo lugar a la recusación. 

Boico sostuvo que “se observa un hecho incontrastable y objetivo que otorga respaldo al planteo articulado”, que es que “Ercolini tomó postura al definir diversas cuestiones que tienen incidencia directa sobre la presente” causa. Es decir, la Operación Puf. “Entre ellas la decisión por la cual tuvo al denunciante (NdelR: Stornelli) como parte querellante respecto de una investigación que, en hipótesis y en vistas de su devenir, es la contracara de este expediente”, marcó.

La hipótesis de Operación Puf es que el caso D’Alessio tuvo por propósito neutralizar la causa Cuadernos. Y Ercolini tuvo una causa espejo a la que se inició en Dolores, por lo que para Boico “mal puede -Ercolini - intervenir en una investigación” como la de Puf “que supuestamente pesquisa eventuales hechos delictuales que estarían contenidos en otra en la que también participó como magistrado, ello bajo la conjetura de que una causa es la contracara de otra para neutralizarla”.

Juan María Ramos Padilla había apuntado contra Ercolini por sus intenciones de “entorpecer el avance de la causa FMP 88/2019”, es decir el caso D’Alessio, “con la única finalidad de favorecer a Carlos Stornelli” y otros acusados. Según indicaron desde el entorno de Ramos Padilla, no se descarta un nuevo planteo en pos de que Ercolini también se desprenda de la causa espejo a la del caso D’Alessio.

Operación Puf, una causa clave

La Operación Puf se gestó en un momento clave para el macrismo: el 6 de febrero de 2019, que puede tomarse como un punto de quiebre en el devenir del Lawfare en la Argentina. Aquel día, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, allanó el domicilio del espía D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero de aquel año, Carrió escribió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes.

Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio. Ese mismo día, 8 de febrero de 2019, Stornelli presentó una denuncia similar en Comodoro Py en base a una serie de anónimos que, casualmente, también le habían llegado.

Es decir, hubo una doble denuncia en pos de lograr que intervenga un juez que falle de acuerdo a los intereses de los denunciantes. Solo quedó en pie la denuncia de Carrió porque recayó en el juzgado de Bonadío -allí luego Stornelli fue aceptado como querellante-. La otra denuncia se terminó cerrando por inexistencia de delito.

Tal como se desprende de la causa sobre el espionaje ilegal macrista que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora, las transcripciones de las escuchas salieron de  la AFI. Por esas escuchas ilegales hay diversos procesados, entre ellos, directivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la exSIDE.

Por eso, se considera que la “Operación Puf” es un expediente paradigmático de persecución judicial en el que se articula el accionar de los servicios de inteligencia, los medios de comunicación hegemónicos –que difundieron las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para blanquearlas - y jueces y fiscales del Lawfare. Que ahora el caso quede en manos de la dupla Rafecas-Picardi es un cambio relevante para el devenir de la causa.

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